Otra vez sobre la restitución de tierras

Mi columna del 24 de marzo fue un llamado de atención al presidente Santos sobre los graves errores que se están cometiendo en la restitución de tierras. El presidente respondió, en un acto de campaña con las víctimas, en Cali, el 3 de abril, que “había cuellos de botella o funcionarios que no estaban haciendo lo que deberían hacer”. A renglón seguido

anunció cambios importantes en la implementación de la Ley 1448. Era un mensaje claro. Tuve la esperanza de que muy pronto habría un relanzamiento de la política de restitución de tierras, pero las cosas siguen igual y ahora veo la necesidad de insistir en el tema a riesgo de que los lectores se aburran de mi cantaleta.

Me justifico. Creo que la restitución de tierras es la prueba ácida del gobierno en materia de reformas y paz. Un fracaso en la restitución mata todas las esperanzas en la reforma agraria que se anuncia en los acuerdos de La Habana. Si Santos no es capaz de devolverles la tierra a los campesinos que fueron obligados a abandonar sus parcelas por medio de la fuerza y la violencia mucho menos será capaz de entregar nuevas tierras que deberá expropiar con indemnización a propietarios legales.

El gobierno nacional dijo en un Conpes al momento de aprobar la ley que los reclamantes ascenderían a 360.000 y las hectáreas despojadas o abandonadas se acercarían 6.500.000. Dijo, además, que esperaba que en los primeros cuatro años se registraran 160.345 reclamantes y se profirieran 79. 255 sentencias. Ahora la Contraloría, con base en la Encuesta Nacional de Víctimas de 2013, señala que el número de grupos familiares obligados a abandonar sus tierras asciende a 537.502 y las hectáreas son 7.668.423. El problema crece.

Y miren cómo están las cosas después de tres años de implementación de la ley. Según el Departamento Nacional de Planeación, a septiembre 1 de 2014, se han registrado apenas 67.726 reclamantes y la Unidad de Restitución de Tierras ha presentado ante los jueces 5.365 demandas y estos han proferido 691 sentencias. Las hectáreas restituidas a esa fecha eran un poco más de 30.000. Estas cifras gritan. Estas cifras son una lápida sobre la Ley de Restitución de Tierras.

Tanto si se toma la proyección de reclamantes y de hectáreas del gobierno, como si se acude a las cifras de la Contraloría, se puede ver, sin lugar a dudas, un bajo nivel de solicitudes de restitución, una baja estructuración de demandas por parte de la Unidad de Restitución y un reducido número de sentencias de las jueces. ¡Y ojo! Esta es solo la primera parte de la restitución porque la segunda es aún más compleja, la segunda consiste, nada más y nada menos, en entregarle el predio al campesino y organizar con él un proyecto productivo. De eso hay apenas unos cuantos ejemplos y no son alentadores.

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, ha tomado muchas de las críticas como un asunto personal. No ha querido ver los cuellos de botella de la restitución y las inocultables fallas de los funcionarios que reconoce el presidente Santos. Pero la situación es cada día más crítica y el malestar entre algunas organizaciones de víctimas está creciendo y también la preocupación entre quienes dedicamos parte de nuestro tiempo a estudiar la implementación de la ley.

Digo una vez más. Es necesario un verdadero revolcón en el proceso de restitución. Andrés González de Planeación Nacional señaló en una presentación del balance de la ley que “el bajo registro de reclamantes se debe a poca o mala difusión y a miedo de las víctimas a nuevas agresiones”. La pedagogía y la generación de confianza en las víctimas es el primer tema a revisar.

Otras medidas urgentes. Para definir dónde se debe restituir no se puede acudir al concepto previo de las Fuerzas Militares, la obligación es restituir el predio y proteger al campesino o compensarlo si no puede o no quiere volver al lugar. Es necesario privilegiar las restituciones colectivas sobre las individuales, tal como lo hizo el Tribunal Superior de Antioquia la semana pasada en una sentencia que les restituyó 50.000 hectáreas a comunidades indígenas; con ese cambio se multiplicarían los casos y las hectáreas restituidas.

Cuando no hay opositores a una reclamación se debe restituir por vía administrativa, obviando los trámites judiciales. Es urgente cumplir la meta de 134 jueces y 60 magistrados, ahora solo hay 34 jueces y 15 magistrados. Y para completar se debe revolcar la nómina y poner al frente de este proceso a funcionarios que tengan a la vez alta representación política e indiscutibles calidades técnicas.