Presidente Santos ¡Salve la restitución de tierras!

El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria conformado por varias universidades y encabezado por el profesor Francisco Gutiérrez, de la Universidad Nacional, había dicho que “la restitución tal como está diseñada no puede cumplir en diez años la meta trazada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Al paso que vamos podría demorarse miles de años o, introduciendo supuestos extraordinariamente optimistas, cientos. Es el momento de considerar, seria y rápidamente, un rediseño de la política de sustitución”.

Ahora la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación presentan, en cifras, un panorama desolador. Dicen que en dos años y medio, a marzo 15 de 2014, se han proferido 372 sentencias de restitución y se han devuelto a sus propietarios 20.694 hectáreas. Las solicitudes esperadas, según datos oficiales, eran 360.000 y las hectáreas por restituir se calcularon en 6.000.000. Para que el lector se haga a una idea del desastre.

Algo más grave: 8.400 hectáreas, es decir el 40 por ciento, le fueron restituidas a la familia Perilla de Puerto Gaitán, Meta; y los Perilla son propietarios de otras tierras y estaban impedidos, por tanto, para reclamar propiedad sobre baldíos de la Nación.

¿Por qué vamos derecho al fracaso en una política clave para la reconciliación del país? La Unidad de Restitución de Tierras, bajo la dirección de Ricardo Sabogal, ha escogido, de manera deliberada, el camino más largo, el más lento, el más dispendioso, para impulsar la restitución de tierras.

La Ley 1448 y otras disposiciones legales le daban al gobierno la posibilidad de priorizar las restituciones colectivas sobre las individuales; de hacer las restituciones por vía administrativa cuando no se encontraran en el camino opositores a tal o cual reclamación; de impulsar las sentencias de restitución en zonas con riesgos en seguridad y ofrecerle a la víctima una compensación o la ubicación en otro territorio y entre tanto el Estado seguía persiguiendo el bien despojado; de apoyarse en las organizaciones de la sociedad civil y en las víctimas para difundir la ley y formar a miles y miles de líderes sociales en la defensa de la restitución. Hizo todo lo contrario.

Se han restituido 789 predios, es decir un poco más de dos por cada sentencia. La gran mayoría son restituciones individuales. Cuando, sin escarbar demasiado, se puede ver que en las zonas de abandono y despojo es fácil aglomerar predios colindantes o referidos a un solo despojador para multiplicar las restituciones con cada sentencia dictada. Todas las restituciones están pasando por los jueces que son pocos e inexpertos, cuando el gobierno podría seleccionar infinidad de predios sin oposición y proceder a restituciones rápidas y expeditas por vía administrativa. En vez de apoyarse en al artículo 97 de la ley para dar vía libre a las restituciones en todas las zonas riesgosas del país acudiendo al sistema de compensaciones, prefirieron inventarse la llamada ‘microfocalización’, que significa ir al Ministerio de Defensa a preguntar en dónde se puede hacer restitución, convirtiendo a los militares en los árbitros del proceso. Les dieron la espalda a organizaciones de víctimas que se ofrecieron para ayudar en la difusión y en la implementación de la ley tal como lo denuncia Carmen Palencia, de la Asociación Tierra y Vida. Pasan por alto la cifra brutal de 69 reclamantes de tierra asesinados desde 2008.

Pero cuando las instituciones académicas dicen estas cosas Ricardo Sabogal contesta, con un cinismo que espanta, que lo están haciendo muy bien, que la restitución en Colombia es un ejemplo para el mundo, que es normal la lentitud, que no saben nada de la familia Perilla.

No me cabe en la cabeza que Santos, quien aseguró que la sola aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, justificaría su paso por la Presidencia, deje morir en manos de personas negligentes o mal intencionadas la tarea mayor de la reconciliación.

Tendría que reestructurar la Unidad de Restitución de Tierras y también la Unidad de Víctimas, de la cual me ocuparé en otra columna. Tendría que inventarse, quizás, un Ministerio de la Reconciliación y agrupar allí todas esas instancias que tienen que ver con las víctimas, la memoria, los reinsertados, la transición y el posconflicto. No se necesitaría más burocracia. Se precisaría solo voluntad y poder político suficientes para mover a los gobernadores, a los alcaldes y a la sociedad civil en pos de este objetivo.