Una fórmula genial para la impunidad

En el juicio a los hechos escabrosos, delictivos y vergonzosos de la campaña presidencial de 2014, los protagonistas y la Justicia han descubierto una fórmula genial para que el juego termine empatado, los principales responsables salgan libres de culpa y queden en la cárcel los personajes secundarios, los lavaperros.

La fórmula es así: en un primer momento, en las filas de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, revienta el escándalo. Descubren que alguien ha cometido un grave delito. Este negocia con la Justicia, se declara culpable, demuestra que todo se hizo bajo la conducción del candidato y de su hijo David y recibe una condena mediada por los beneficios de la confesión.

En un segundo momento, la campaña de Santos es acusada desde las filas del uribismo de un delito parecido o más grave. El principal implicado está, desde luego, ligado oficialmente al presidente y de comprobarse la trama se desatará una preocupante crisis institucional.

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En un tercer momento llega la solución: la Fiscalía desestima las pruebas que implican a Zuluaga y lo exonera, a renglón seguido exonera también a la persona cercana a Santos que había sido acusada. La calma regresa. Los medios de comunicación mencionan el caso esporádicamente, quizás algún columnista insista en el tema por un tiempo hasta ser tachado de repetitivo y cansón.

El primer caso ya se cerró y está en camino hacia el olvido. Andrés Sepúlveda, contratado por la campaña de Zuluaga para operar las redes sociales, es pillado por Álvaro Echandía, director de la Agencia Nacional de Inteligencia, y por Julián Quintana, director del CTI de la Fiscalía, con la ayuda de Rafael Revert y Daniel Bajaña, compañeros de oficio de Sepúlveda en labores de espionaje y compra de información reservada, con el propósito de dañar el proceso de paz y favorecer al candidato en sus aspiraciones presidenciales.

Sepúlveda acepta los cargos, recibe una condena de diez años, implica de manera directa a cinco miembros de la fuerza pública de bajo rango que también son condenados y entrega pruebas fehacientes de que todo fue concertado con el candidato y con su hijo.

El proceso judicial empieza a dar vueltas y vueltas hasta que salta un ratón: Quintana, quien instruyó el caso y llevó a la cárcel a Sepúlveda, dice –haciéndole el mandado al uribismo– que todo fue inducido por Echandía, que en la utilización de Revert y Bajaña hay cosas ilegales, que se trató de una infiltración en la campaña de Zuluaga. Ahí termina todo. Zuluaga y Echandía son exonerados por la Fiscalía. Los medios acogen discretamente la noticia. Nadie se atreve a controvertir los fallos. Todo vuelve a la normalidad. No importa el sabor a farsa, el olor a engaño.

El segundo caso apenas empieza y ya muestra todos los signos del anterior. El brasileño Duda Mendonça, asesor de Óscar Iván Zuluaga en la campaña presidencial de 2014, declara a la revista Veja que una parte de sus honorarios, cerca de 3 millones de dólares, fueron pagados por la compañía Odebrecht después de un acuerdo con Zuluaga y su hijo.

Estalla el escándalo en Colombia, en las propias filas del partido uribista se desata la polémica, la gravedad del hecho es inocultable, la carrera política de Óscar Iván Zuluaga está de nuevo en peligro, su candidatura a las elecciones de 2018 parece zozobrar.

Pero a los pocos días el exsenador Otto Bula, del entorno uribista, capturado por recibir sobornos de Odebrecht, declara que la campaña de Santos también recibió un millón de dólares de la compañía. El fiscal general de la Nación recibe la acusación, la anuncia en comunicado solemne y solicita al Consejo Electoral que investigue las filas de Santos. Roberto Prieto, gerente de la campaña, queda en la mira.

Hay una alta probabilidad de que el desenlace sea igual o parecido al del hacker Sepúlveda. El señor Duda Mendonça afrontara sus líos en Brasil y probablemente recibirá alguna sanción. El señor Otto Bula quizás afronte lo mismo en Colombia y, con algunos beneficios derivados de su confesión, pernocte un tiempo entre rejas.

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El tiempo irá corriendo, la campaña electoral por la Presidencia de 2018 entrará en su furor. El fiscal general, impelido por esta realidad y con el afán de no perjudicar a fuerzas tan importantes para el país, encontrará la manera de cerrar el caso y exonerar a Zuluaga y a su hijo David nuevamente, también a Prieto y no tocar a Santos. Es una fórmula equitativa, tranquila, que deja a todo el mundo contento. Alguno de los implicados así sea inocente, o su falta sea menor, no protestará, no insistirá en que se esclarezca de verdad lo suyo y se vaya a fondo en la investigación de su rival, para qué volver a agitar las aguas, para qué remover el avispero, quizás se vuelve a enredar la cosa, mejor dejar así.

Las que se joden son la democracia, la transparencia, la decencia política. El que se jode es el país que ve crecer la corrupción y campear la impunidad. En medio, claro está, de un debate enorme sobre la necesidad de la ética política, de un llamado ferviente a respetar lo público, en un momento donde todos los políticos se rasgan las vestiduras y hablan de anticorrupción, de salvar la democracia, donde los mismos protagonistas de los escándalos anuncian más leyes contra el cáncer de la corrupción.