Pastrana y Uribe, el 70,13 por ciento del total de víctimas

Quiero que cada uno de los lectores haga su propio juicio. Que le dé vueltas a los datos y los mire por todos los lados. Que no trague entero. Quizás el RUV tenga algún margen de error porque algunas víctimas repitan su inserción en el sistema para denunciar varios hechos. Que acuda a otras fuentes. Que examine también los registros, las imágenes y los relatos del Centro de Memoria Histórica que dirige Gonzalo Sánchez. O que se remita a fundaciones privadas nacionales e internacionales. Es la hora del balance. La hora triste de la conciencia.

En la cadena de dolor que presenta el RUV se pueden hacer unos cortes de la infamia, de la mayor infamia. En el gobierno de Andrés Pastrana Arango se produjeron 2.453.628 víctimas y en los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez 3.374.270. Son 12 años que van del 7 agosto de 1998 al 7 de agosto de 2010. Suman 5.827.898 víctimas, es decir, el 70,13 por ciento del total (ver gráfico).

Ese periodo no está lejos. Todos los mayores de 30 años tienen algún recuerdo de lo ocurrido. Pero, además, existe abundante literatura sobre lo acontecido. Las guerrillas, los paramilitares y el Estado se trenzaron en una atroz confrontación en la que la población civil fue el blanco principal, tal como lo dice el Centro de Memoria Histórica: de cada cinco muertos cuatro eran civiles inermes.

En 1994, después del fracaso de las negociaciones de Tlaxcala y Caracas, las Farc se fueron a lo profundo de las montañas, se metieron a fondo en el narcotráfico y en el secuestro, duplicaron sus frentes, se lanzaron a una feroz disputa territorial y golpearon sin compasión al Ejército colombiano. Lo mismo hizo el ELN. La muerte y el desplazamiento forzado se incrementaron en forma exponencial en el sur y en el oriente del país.

En el norte, se lanzó la gran expansión paramilitar. Entre 1994 y 1998 los hermanos Castaño se concentraron en Urabá y Córdoba para construir el modelo de las autodefensas: una alianza entre destacamentos armados vinculados al narcotráfico, empresarios, políticos y sectores de la fuerza pública para disputar el territorio, las rentas y el poder local.

En mayo de 1998 ya tenían listo el modelo y convocaron la cumbre de paramilitares que dio origen a las Autodefensas Unidas de Colombia. Salieron del evento y se extendieron por todo el país. La mayor escalada de masacres, desplazamiento y terror se produjo en el año 2001, justo antes de las elecciones de 2002 y 2003 donde se apoderaron de una tercera parte del Congreso de la República y pusieron 281 alcaldes y 12 gobernadores.

El Estado se desmadró. El presidente Ernesto Samper, en medio de la pavorosa crisis que desató la infiltración de los dineros del narcotráfico en su campaña, perdió el control de las Fuerzas Militares, y el general Harold Bedoya Pizarro, a la cabeza del Ejército, optó por darles vía libre a los paramilitares en el norte; mientras que en el sur, con la mayor torpeza, trataba de contener las guerrillas, sufriendo 17 grandes derrotas que dejaron a las Farc con la enorme ilusión de la victoria en todo el país.

Andrés Pastrana intentó reversar la situación poniendo en marcha unas negociaciones de paz con la insurgencia, y buscó, a la vez, frenar la expansión paramilitar mediante la advertencia y la persecución a sus jefes que empezaron a tener vocería pública conocida. Las estrategias fracasaron. Las Fuerzas Armadas no le obedecieron en ninguno de los dos propósitos. Las guerrillas ilusionadas con la posibilidad del triunfo tampoco ayudaron a concretar el acuerdo de paz en el Caguán.

Con Uribe la situación fue a otro precio. Les dijo a las Fuerzas Armadas lo que querían oír: una gran ofensiva contra las Farc, sustentada en un considerable aumento del presupuesto y los efectivos, en la modernización y en las manos libres para controlar el territorio a como diera lugar; al mismo tiempo una negociación con las autodefensas. Así retomó el control de los militares. Respondió con la misma moneda a las guerrillas. Una disputa por el territorio punto a punto, un involucramiento de los civiles, una completa despreocupación por los daños colaterales y por las violaciones al derecho internacional humanitario.

Así se produjo el tremendo holocausto que ahora se puede ver en el Registro Único de Víctimas. Y llegamos al gobierno de Santos que, con el solo anuncio de las negociaciones, cambió la tendencia de la victimización. Pero la sorpresa mayor ha sido que los dos expresidentes, quienes tuvieron mucho que ver en la intensificación del conflicto y en la profundización del horror que trajo el fracaso de las anteriores negociaciones, sean ahora los portavoces de una férrea posición contra el acuerdo de paz.