Liberación de la madre tierra: un “mandato” mal entendido

Un grupo indígena está planteando un proceso de afirmación de sus derechos a costa de violar la ley; invadiendo la propiedad privada, bloqueando vías, generando pérdidas económicas, irrespetando a la fuerza pública… Y más lamentable, ocasionando irrecuperables pérdidas humanas.

Para este grupo indígena “la liberación de la madre tierra” se traduce en usurpar tierras privadas y hacer posesión de ellas para luego reclamarlas. Lo que no se ha dicho, es que la liberación de la madre tierra para la gran mayoría de los grupos indígenas, se entiende como: cambiar prácticas agrícolas por unas más sostenibles y amigables con la naturaleza, es sembrar comida y no cultivos ilícitos, es proteger los recursos naturales sin renunciar al desarrollo…Eso es liberación, es proteger la tierra para las generaciones futuras.

Contrario a la opinión de muchos, esta situación no debe resolverse con violencia por parte del Estado, pero tampoco puede permitirse el hostigamiento a una zona en donde se hallan asentadas empresas legítimas, generadoras de empleo justo, de estabilidad social y de tributación responsable y mucho menos que dichas acciones queden en la impunidad.  Hechos como el ocurrido el 5 de enero, en el que un delincuente amenazó la vida de un soldado, no pueden quedar indemnes. 

En un reciente Consejo de Seguridad liderado por el Ministro de Defensa, con la participación de los altos mandos de la fuerza pública y los Gobernadores del Valle y del Cauca, se insistió en la necesidad de que se actué con todo el peso de la ley y se judicialice a los culpables, pues de lo contrario seguirán generando violencia y miedo, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la región y potencializado un conflicto social con lucha armada. Es necesario blindar a nuestras fuerzas armadas, brindándoles mayor seguridad jurídica. La falta de un fuero claro para la fuerza pública y la jurisdicción especial indígena fortalece un extremo y debilita al otro. Sea esta la oportunidad para felicitar a la Fiscalía por la pronta individualización y judicialización de estos bandidos, que por falta de un marco legal son enviados únicamente con medida restrictiva de casa por cárcel. Esto quiere decir, que son enviados a sus resguardos.

No se pueden seguir aplicando medidas de paso, como los “acuerdos de carretera” donde se comprometen tierras ajenas. La tierra per sé, no contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades, lo que la mejora es la educación, servicios de salud, infraestructura, carreteras, núcleos productivos, comercialización asegurada.

Entregarles más tierras a las comunidades indígenas, cuando ellas poseen 100 mil hectáreas en el Norte del Cauca, sólo aprovechan el 10% y gran parte de ellas, están sembradas en cultivos ilícitos…es verdaderamente un despropósito. Este grupo indígena, lo que quiere es apropiarse de tierras de propiedad privada, con títulos incuestionables, en donde no ha habido despojos ni usurpación de propiedades a etnias o a grupos sociales.

El sector privado está comprometido a trabajar de la mano del Gobierno Nacional y respalda de manera irrestricta la presencia de la fuerza pública. Este sector está trabajando en la zona con las comunidades indígenas que le apuestan a otros modelos de desarrollo, de manera que en conjunto con todas las fuerzas sociales, se alcance la equidad social y se respeten los derechos y deberes de todos sus habitantes. Un desarrollo integral es lo que se necesita en este territorio del Norte del Cauca, atado a una Oferta Estatal que hoy día está ausente.

Vale la pena recordar que la afectación a la propiedad privada en el Norte del Cauca se inició en diciembre de 2014 con 200 hectáreas. Hoy son 18 predios, 3227 hectáreas las afectadas.

Urge dar una solución a este problema, existen mecanismos e instrumentos que el Estado Colombiano debe aplicar de inmediato, de manera que esta región se convierta en un laboratorio de paz o en la tormenta perfecta que socave más la paz social y la institucionalidad existente.