Ancestralidad campesina

En el ordenamiento territorial colombiano los pueblos indígenas reciben un reconocimiento a la autonomía territorial que en pocos meses además los convertirá en autoridades ambientales formales en sus resguardos. De manera equivalente, las comunidades afrodescendientes gobiernan sus territorios de Ley 70 y aplican reglamentos de uso de recursos naturales de manera articulada con las corporaciones autónomas y alcaldías. Los primeros, en su obvia condición de poseedores y legítimos dueños milenarios de la tierra en Colombia, pero también con la convicción de que sus formas de organización y sistemas de conocimiento les otorgan ese derecho incluso en condiciones de desplazamiento forzado: hay resguardos embera en el Caquetá, por ejemplo. El mismo principio de ancestralidad y capacidad de organización y manejo ecosistémico subyace a los palenqueros y comunidades negras que por cerca de cuatro siglos se adaptaron a las condiciones selváticas de la Costa Pacífica y ocasionalmente, también en otras regiones del país.

La condición de ancestralidad sin embargo no alcanzó a cobijar a las múltiples culturas mestizas que se conformaron en sincronía con los procesos de poblamiento indígena, africano e hispánico de nuestro territorio: la propiedad privada funciona para quienes desde la conquista y luego en la República garantizaron sus derechos de exclusión a terceros, cosa que no ocurrió con dos grandes grupos poblacionales que desde entonces navegan o deambulan por humedales y selvas colombianas. Pescadores y colonos sin tierra, quienes conforman la Colombia extrema del Gini y de todos los indicadores de bienestar no aparecen como poseedores de conocimiento ancestral ni de capacidades adaptativas que legitimen sus derechos territoriales o de uso de biodiversidad: son los culpables de la deforestación, la sobreexplotación, la devastación. Al caído, caerle.

En la construcción de la paz duradera hay la oportunidad de integrar a estos pobladores al país del desarrollo sostenible, bajo la premisa de que no solamente son ciudadanos plenos y en equidad de derechos ante la Constitución, sino de que hoy esas cualidades están siendo vulneradas incluso por algunas perspectivas de la conservación construidas en abstracto e incapaces de reconocer las cualidades históricas de los sistemas ecológicos y sociales en muchas regiones. No podemos permitir que una buena intención como la delimitación de los páramos o el manejo de las áreas protegidas sea un factor de desplazamiento y empobrecimiento adicional de quienes, a pesar de llevar varias generaciones construyendo culturas alternativas en las selvas del Meta o el Guaviare, en el Magdalena Medio, o en muchas regiones montañosas del país, queden relegadas como legítimos interlocutores del manejo ecológico de sus territorios. No hay ninguna garantía de que sus modos de vida actuales sean sostenibles en la misma medida que no la hay en los cafeteros, ganaderos o arroceros del país, y vemos a comunidades negras e indígenas practicar la minería y el aprovechamiento forestal bajo el fuero de la ancestralidad sin tomarnos la molestia en documentar las prácticas e innovaciones de pescadores y colonos, construidas con sangre, sudor y lágrimas cuando el discurso no es una opción.

Los sistemas de derechos basados en la ancestralidad son muy importantes, pero también aquellos basados en la evidencia de las cualidades culturales de los pueblos que en su peregrinar por un país de ojos urbanos, no ve más diferencia en la gestión de la biodiversidad que la cerca que divide preservación de producción. Los campesinos organizados y comprometidos con la sostenibilidad no pueden ser considerados un problema en la conservación. Hay campo para experimentar en la construcción de la equidad social y el desarrollo rural integral, como lo demostró el reconocimiento de las Reservas Extractivas en Brasil como categoría del sistema nacional de áreas protegidas. Incluso, el Instituto de Biodiversidad de ese país hoy en día lleva el nombre de Chico Mendes…