Los “falsos positivos” son una práctica vieja en el Ejército

Al cierre de 2008, Colombia y los medios estadounidenses estaban obsesionados con el escándalo de los “falsos positivos” – la muerte ilegal de civiles por el Ejército colombiano que luego fueron presentados como muertos en combate de la guerrilla para inflar los números de bajas causadas al enemigo (body count). Un informe militar sobre el asunto que aún no ha sido conocido en su totalidad llevó a la salida de 30 oficiales del Ejército y la renuncia del general Mario Montoya, el comandante en jefe del Ejército, quien durante muchos años había promovido la idea de usar el “body count” para medir el progreso en la lucha contra las guerrillas.

Pero la forma como fue conducida la investigación –en absoluto secreto y con consecuencias legales para los responsables aún inciertas—despierta varios interrogantes. ¿Es esta nueva purga de personal militar, sin que haya habido una investigación imparcial dirigida por civiles, realmente suficiente para cambiar la cultura en el Ejército colombiano? ¿Divulgará el Ejército colombiano alguna vez los resultados del informe?

Con estas preguntas en el aire, una nueva colección de documentos diplomáticos, militares y de inteligencia desclasificados que fueron publicados por la organización National Security Archive de Washington D.C., describen cómo el “síndrome del body count” ha sido uno de los principios que han guiado el comportamiento militar colombiano por años. Esta mentalidad ha llevado a violaciones a los derechos humanos –como los falsos positivos—y ha incentivado la colaboración con los grupos paramilitares. Como tales, los documentos despiertan algunas preguntas importantes sobre las responsabilidades legales e históricas que el Ejército debería asumir abiertamente frente a lo que parece ser un incentivo institucional de larga data para cometer asesinato.

El registro más antiguo sobre este fenómeno específico que aparece en la colección de los Archives es de 1990. Ese documento, un cable aprobado por el embajador de Estados Unidos Thomas McNamara, reportó un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia. En un caso, McNamara cuestiona la versión de los militares de que habían muerto a nueve guerrilleros en El Ramal, Santander en junio 7 de ese año.

“La investigación de Instrucción Criminal y la Procuraduría sugieren con fuerza … que los nueve fueron ejecutados por el Ejército y después vestidos en traje de fatiga. Un juez militar que llegó a la escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala en los uniformes que coincidieran con las heridas en los cuerpos de las víctimas…”

Al mismo tiempo, la Embajada empezó a ver la conexión entre las fuerzas de seguridad colombianas y los florecientes grupos paramilitares del país. Muchos de los recientes abusos del Ejército sucedieron “en el curso de operaciones conjuntas de grupos para-militares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas” según el cable desclasificado (19900727.pdf).

Un cable de cuatro años después, del entonces embajador Myles Frechette subrayaba la misma tendencia. Encontró que la mentalidad del “body count” o conteo de bajas del enemigo persistía entre los oficiales del Ejército colombiano que buscaban ascender. El funcionario Adjunto de Defensa de la Embajada (cuya sigla en inglés es DAO) reportó que “oficiales de campo que no pueden demostrar una trayectorias de agresiva actividad anti-guerrillera (que es cuando ocurren la mayoría de las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares) quedan en desventaja a la hora de los ascensos”.
 
Más aún, la declaración del ministro de Defensa Fernando Botero de que había “una creciente conciencia de que cometer violaciones a los derechos humanos podía bloquear el camino del asenso de un oficial”, era según el DAO, “pensar con las ganas”. (19941021.pdf).

Un reporte de inteligencia de la CIA, también de 1994, fue más allá. Encontró que las fuerzas de seguridad colombianas continuaban “empleando tácticas de escuadrones de la muerte en su campaña contrainsurgente”. El documento, una revisión de la política de César Gaviria contra la guerrilla, destacó que los militares colombianos tenían una “historia de asesinar a civiles de izquierda en áreas de presencia guerrillera, cooperando con grupos paramilitares asociados al narcotráfico en ataques contra sospechosos de ser simpatizantes de la guerrilla y matando combatientes capturados”.
 
Tradicionalmente, el Ejército no había “tomado prisioneros de la guerrilla”, según el informe, y los militares han “tratado la nueva política de derechos humanos de Gaviria como un requisito formal”.(19940126.pfd).

Hace apenas unos diez años, otro informe de inteligencia, ya publicado por el National Security Archive, y basado en una conversación con un coronel del Ejército colombiano sugirió que el rápido crecimiento del paramilitarismo durante esa era estaba relacionado al “síndrome del conteo de bajas” en el Ejército colombiano.

“Esta mentalidad tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos por soldados bien intencionados que tratan de cumplir su cuota para impresionar a sus superiores. También podría conducir a que los militares, pasivamente, permitan que los paramilitares sirvan de asistentes del Ejército colombiano y así le ayuden a subir su cuota de bajas de la guerrilla”.

El coronel no identificado también estaba “íntimamente relacionado” con el caso del general Rito Alejo del Río Rojas, “sobre quién tenía pocas cosas buenas qué decir”. La cooperación de militares con paramilitares “venía dándose por algunos años”, dijo el oficial, “pero se puso mucho peor bajo el mando de Del Río”.
 
Otros dos comandantes, los generales Jorge Enrique Mora y Harold Bedoya estaban entre los “que miraban para otro lado” con respecto a la colusión entre militares y paramilitares, dijo el coronel, refiriéndose a “la época en que Mora era brigadier general comandando la gran Cuarta Brigada en Medellín… en 1994-95”. (19971224.pdf).

La comandancia de la Cuarta Brigada, un cargo que servía para lanzar a oficiales que querían subir la cadena de mando, ha sido acusada por mucho tiempo de colusión con grupos paramilitares locales.
 
El diario Los Angeles Times reportó en 2007 sobre un informe de la CIA desclasificado que vinculaba al general Montoya con operaciones conjuntas entre militares y paramilitares en Medellín cuando fue comandante de la brigada en 2002. Quien lo reemplazó en 2008 como comandante en jefe del Ejército, Oscar González, también comandó la Cuarta Brigada, y otras unidades en la conflictiva área de Medellín.

En ningún otro caso como en una operación de falsos positivos de febrero de 2000 fueron tan evidentes los vínculos de la Cuarta Brigada con los paramilitares. En esta, paramilitares de las ACCU y el Ejército colombiano, casi en simultánea, reclamaron para sí el logro de haber matado a dos guerrilleros desmovilizados cerca a Medellín. Un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos sobre el asunto, firmado por el embajador Curtis Kamman informó sorprendido:

“Las Accu (que los testigos dijeron que habían secuestrado a los dos) declaró que sus fuerzas los ejecutaron, mientras que la Cuarta Brigada del Ejército (que liberó los cuerpos al día siguiente) presentó a los muertos como guerrilleros del ELN muertos en combate con el Ejército. Después de estas declaraciones contradictorias, se despertaron en los locales el miedo y la confusión, y hombres armados robaron los cadáveres de la morgue…”

Kamman llamó a estas muertes como “un caso claro de complicidad Ejército-paramilitares” que “aumentaría aún más el de por sí alto nivel de interés de la organizaciones no gubernamentales en el tema de los vínculos de la Cuarta Brigada con los paramilitares”. El embajador dijo además que era “difícil sacar otra conclusión fuera de que los paramilitares y el Ejército simplemente no habían podido cuadrar bien sus versiones con anticipación”.(20000208.pdf).

Entonces mientras que los oficiales del Ejército colombiano revuelan para “cuadrar bien sus versiones” en respuesta al reciente escándalo, vale la pena destacar que el “conteo de bajas” (body count) y los “falsos positivos” tienen una historia institucional en la fuerzas armadas colombianas que se remonta a varios años atrás. Y, si bien son bienvenidas las recientes medidas para limpiar de las filas militares de oficiales asociados a estas prácticas, claramente no son suficientes. ¿Cuáles son los hechos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por cuánto tiempo ha venido sucediendo? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Dónde están enterrados los cadáveres?

Los documentos desclasificados de Estados Unidos pueden dar pistas, pero es poco probable que podamos responder estos interrogantes salvo que el Ejército colombiano haga público y difunda su informe completo sobre el escándalo de los “falsos positivos”. Hasta entonces, al parecer, seguirán prevaleciendo el secreto y la impunidad sobre la transparencia y la justicia en Colombia.