Los Informantes y el “chivo expiatorio”: eso no es periodismo

A las facultades de Comunicación Social de todo el país debería llegar copia del programa ‘Los Informantes’ del canal Caracol (capítulo 46) emitido el pasado domingo 12 de octubre, para que los alumnos conozcan de primera mano la clase de periodismo que debería estar prohibido practicar. En el primero de los tres segmentos de dicho programa, conducido por la directora María Elvira Arango y titulado ¿Chivo expiatorio?, ella comienza diciendo: “Héctor Paul Flórez no tiene nada que perder porque ya perdió 18 años de su vida… y su libertad”.
 
El sujeto al que Arango se refiere en tan compasivo tono es el único condenado que hubo por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado (ocurrido el 2 de noviembre de 1995), al que la justicia le pudo probar plena culpa como el gatillero que habiendo sido contratado –sin saber quiénes lo contrataron- disparó sobre la humanidad del dirigente conservador. Fue sentenciado a 40 años de prisión, 18 de los cuales ya cumplió y ahora se encuentra en libertad condicional hasta que complete las tres cuartas partes de la pena.
 
La periodista está en su derecho de creer que el hombre es inocente y por tanto víctima de una injusticia, pero comete una grave falta a la ética periodística cuando se casa con esa versión de los hechos y no presenta el punto de vista de los allí acusados, en particular cuando dice que según alias Rasguño, “la mafia mató a Álvaro Gómez a pedido del gobierno de turno”, y que “el proceso se reactivó con las explosivas declaraciones del extraditado narcotraficante, quien implicó al entonces presidente de la República Ernesto Samper y a su ministro del Interior, Horacio Serpa”. Esto último además no es cierto, pues no hay ninguna parte de la declaración en que los incrimine directamente, solo se refiere a lo que dice que oyó, y de personas que están muertas: Efraín Hernández, alias ´don Efra’; Orlando Henao, alias ‘El hombre del overol’; y el coronel de la Policía Danilo González.
 
¿Hubo alguna parte del programa donde cumpliendo con el deber profesional de mostrar las dos caras de la moneda, se presentara el punto de vista de Samper o de Serpa –o de sus abogados- o sea de la contraparte? No. Lo que se notó por el contrario fue un manifiesto interés en presentar a su entrevistado como un angelito (al lado de su esposa y la hija de 16 años que nació mientras estuvo en prisión), y de su pasado lo único que mencionó fue que “era un delincuente común”.
 
No sabemos si Arango investigó al respecto, pero si lo hizo omitió contar que a sus 21 años (hoy tiene 37) Héctor Paul Flórez Martínez no era un simple “delincuente común” sino un asesino confeso, pues aunque en la indagatoria negó su participación en el crimen de Gómez Hurtado, sí reconoció haber participado en organizaciones dedicadas al sicariato y “haber cometido el delito de homicidio en la persona de Ovidio Fernández en Carmen de Bolívar el 7 de enero de 1994 mediante el pago de un millón de pesos”, según reza en el expediente, donde además se lee que “el funcionario que lo escuchaba en la diligencia se vio en la obligación de consignar como constancia la sarcástica sonrisa que mostró al relatar las circunstancias en que produjo esa muerte”.

Héctor Paul Flórez y su "sonrisa sarcástica".
 
También omite contar que luego de su captura y en diligencias de reconocimiento en fila de seis personas fue reconocido por numerosos testigos presenciales como uno de los tres que dispararon (uno con tiros al aire, otro contra el asistente José del Cristo Huertas y Flórez contra Gómez Hurtado). Entre los principales testigos se contaron a “Javier Jhonsons Fonseca Buitrago, Giovanni Porfirio Daza Mora, Édgar Ignacio Rueda Jáuregui y José Guillermo Vélez Montenegro”. Este último “apenas lo reconoció someramente pero cuando el acriminado asumió la actitud de disparar, el reconocedor rompió en llanto y excitación cuando observó el tatuaje con las iniciales RC que en la mano izquierda tiene Héctor Paul Flórez”.
 
A lo anterior se suma la delación –en busca de la jugosa recompensa, es cierto- de su amigo Carlos Alberto Lugo (ver confesión), quien fue invitado a participar pero se negó y luego declaró que Flórez le dijo haber disparado el día anterior cuatro veces contra su víctima, y “el hecho tuvo comprobación por el protocolo de necropsia visible a folio 104 del C.O. 1, en el que se dice que fueron 4 los tiros recibidos por el doctor Gómez Hurtado, con 4 orificios de entrada, ninguno de ellos en la cabeza”. Cuatro tiros, no seis, como dijo María Elvira Arango.
 
Hasta el propio padre de Héctor Paul Flórez “declaró el 20 de noviembre de noviembre de 1995 (fol. 252 sts. del C.O. 4) que su hijo no fue a comer ni a almorzar ni lo vio durante los días 1 y 2 del mes de noviembre de 1995; pero posteriormente, cuando sabe de las imputaciones que pesan contra su hijo, se retracta de lo antes manifestado”. Un caso idéntico de incriminación y posterior retractación se dio en la señora Myriam Monterrosa, empleada de servicio de la familia Flórez, quien declaró que Héctor Paul no estuvo en su casa de habitación de Sincelejo durante los días 1, 2 y 3 de noviembre, porque “el día 3 encontré en la estufa la comida que le había dejado el día anterior”.
 
Es cierto que fueron más de 50 las personas que luego de su captura concurrieron –o fueron llevadas- a declarar que el día del magnicidio habían visto al acusado en el entierro de la señora Purificación Ortiz (abuela de Flaminis de Jesús Tovar, otro de los implicados), pero la condena a 40 años también tuvo como fundamento que “esas declaraciones han presentado serias contradicciones (…) y consignan hechos mentirosos, y los dichos de los testigos entre sí y mirados en conjunto las vuelven dubitativas” (sic).
 
Podría pensarse que la más protuberante falla de ‘Los Informantes’ es que acude a una única fuente, pero sería más acertado decir que es esa única fuente la que acude al programa para que transmita su único punto de vista sobre el asesinato de Álvaro Gómez, y en esa medida podría hablarse más de un publirreportaje judicial que de un programa periodístico. ¿Y cuál es esa única fuente? La familia Gómez Hurtado, de la que Arango dice: “Es tan sorprendente el caso que la familia del excandidato cree que Flórez es un chivo expiatorio, tanto que Enrique Gómez (Martínez), sobrino y abogado de la familia, hoy es su apoderado y lucha ahora desde el mismo bando”. De donde se podría colegir: ah bueno, si la familia de la víctima cree que el tipo es inocente, debe ser porque tiene razones de peso para pensarlo.
 
O ‘de pesos’ –y aquí espero estar equivocado- porque eso de estar defendiendo al que la justicia le probó su participación material en el magnicidio parece tener relación con algo que dice María Elvira Arango: “El caso está a un año de prescribir, y con Héctor Paul condenado el crimen no puede ser declarado de lesa humanidad”. Haciendo claridad de antemano en que hasta Serpa y Samper son partidarios de que así sea declarado, la intensa campaña mediática que los Gómez Hurtado vienen desplegando parece apuntar a que sólo si declaran el crimen como de lesa humanidad, se revivirían los términos judiciales para que pudieran demandar responsabilidad patrimonial del Estado y así tener acceso a una multimillonaria indemnización. Y si el proceso llegara a prescribir, se quedarían viendo un chispero.
 
Otro aspecto que constituye una estrambótica incongruencia jurídica, es que al convertirse Enrique Gómez Martínez en apoderado de Héctor Paul Flórez entra en conflicto de intereses con su propia familia, pues no puede representar al reo en el trámite de un recurso de revisión que busca anular la sentencia, siendo que se trata de un proceso en el que la familia intervino desde el comienzo de la investigación, participó como parte civil y estuvo de acuerdo con la condena.
 
En lo que respecta a la autoría intelectual del asesinato siempre se han ventilado dos hipótesis, y todo indica que una de las dos es la acertada. La primera apunta a la participación de militares de alto rango, y por ello fue acusado el coronel Bernardo Ruiz Silva, quien tuvo medida de aseguramiento y se dio a la fuga, pero luego de haber sido capturado fue absuelto el 20 de mayo de 2003 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, después de que una abundante cantidad de testigos se retractara y otros fueran asesinados.
 
La segunda hipótesis es la que desarrolla Enrique Gómez Hurtado en el libro ¿Por qué lo mataron?, donde señala a Samper y Serpa de haber sido los instigadores del crimen, basado en la declaración que alias ‘Rasguño’ rindió desde una cárcel de Estados Unidos en 2010, la cual fue analizada en detalle por la revista Semana para concluir que el hombre “¡está loco!”. Además, el autor del libro se cuida de mencionar que con la condena a 30 años que le profirió una Corte de Nueva York el 2 de diciembre de 2013, esta sentenció que “todas las declaraciones que había entregado el narcotraficante en procesos como el del magnicidio de Álvaro Gómez (…) carecían de veracidad y hacían parte de una estrategia para tratar de buscar beneficios jurídicos que le ayudaran a rebajar su condena”.
 
Pero me estoy saliendo del tema. Lo que he querido demostrar es que (quizá por su amistad con Mauricio Gómez, a cuyo servicio y del de su padre trabajó en el noticiero 24 Horas) María Elvira Arango desatendió las normas más elementales de la ética periodística y terminó elaborando lo que visto desde la ortodoxia legal podría ser catalogado incluso como una apología del delito.
 
DE REMATE: Enrique Gómez Hurtado está en mora de explicar para qué se reunió con el coronel Bernardo Ruiz Silva por los días en que este huía de la justicia. En entrevista con el periodista Herbin Hoyos a raíz del lanzamiento de su libro, cuando este le preguntó por esa cita furtiva, así respondió: “Sí, lo vi. Me visitó clandestinamente cuando estaba perseguido. Me fue a ver a mi casa y estuvimos hablando un  par de horas”. Aquí entre nos, ¿cómo es eso de recibir en su casa al hombre que era acusado de haber dirigido el complot para asesinar a su propio hermano? Y tratándose de un prófugo de la justicia ¿no era su deber haberlo puesto en conocimiento de la autoridad, y al omitirlo no habría incurrido en el delito de encubrimiento? ¿Y cómo es eso de que Ruiz Silva estaba siendo “perseguido”, en lugar de “requerido” por un juez?
 
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