Los nuevos escuderos de la justicia

No puedo creer que los mismos que defendieron la ley de alternatividad penal y hundieron sin compasión el proyecto de ley sobre las víctimas, sean quienes ahora adelantan una cruzada nacional contra la impunidad y se autonombran defensores de los vejados por este largo conflicto armado. Eso no es serio. Eso habla muy mal de la estatura intelectual y ética de estos líderes políticos. Esperaba otros argumentos contra las negociaciones de paz. Esperaba un debate transparente.

Voy a citar solo dos intervenciones al inicio de las negociaciones con los paramilitares para que el lector se haga una idea del aire que se respiraba en ese tiempo. Dijo el entonces presidente Uribe el 28 de mayo de 2003 en la asamblea de Confecámaras: “El gobierno nacional estudiará la posibilidad de otorgar el beneficio de libertad condicional sin impunidad para los miembros de los grupos violentos implicados en delitos atroces, siempre y cuando se desmovilicen o realicen acuerdos de paz”. 

Pero la pauta más clara la había dado su ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos, en una entrevista a El Tiempo en enero 12 de 2003. Vean las preguntas y las respuestas para que no tengan ninguna duda de la diferencia con el discurso de hoy. “¿Cómo garantizar que el proceso con las autodefensas no lleve a la impunidad de grandes crímenes?” Interpelaba el entrevistador. “Nadie se lo va a garantizar” contestaba Londoño. “¿Entonces habrá impunidad?”. 

“Todo proceso de indulto y amnistía supone eso” insistía el ministro. “¿Hasta qué punto está dispuesto a olvidar el gobierno?”. “El gobierno está dispuesto a superar el pasado. Hay unas limitaciones de orden jurídico que se estudiarán y tendremos que superar con mucha imaginación” remataba Londoño. 

Con este espíritu el gobierno presentó el proyecto de ley de alternatividad penal al Congreso, que luego se transformó en la Ley de Justicia y Paz. Tenían la firme convicción de conceder indulto y amnistía a grupos que de ninguna manera se podían considerar alzados en armas contra el Estado. Convencieron a los paramilitares de que con el inmenso poder que ostentaba Uribe lograría la aprobación de esta idea y los salvarían de la cárcel y la extradición. 

Esa y no otra era la visión que tenían. No lograron pasarla porque algunos parlamentarios de gran influencia en la opinión pública y la Corte Constitucional se atravesaron y el texto inicial se modificó sustancialmente. Fue la gran queja que le oí a Luis Carlos Restrepo. Ni los parlamentarios ni la corte tuvieron la grandeza de aprobar una legislación generosa para las autodefensas y se tiraron el proceso de paz, me dijo en La Habana, en los tiempos en que intentaba la negociación con el ELN. 

La otra causa sí la ganaron. Con el argumento de que no podían reconocer la existencia de víctimas del Estado y tampoco podían comprometer un gran presupuesto, se opusieron a la aprobación de una Ley de Víctimas integral y profunda y hundieron en el último debate el proyecto presentado por parlamentarios liberales. Seguí con angustia la discusión y supe por Armando Benedetti que el presidente Uribe había dado la orden de hundirla y no había nada que hacer. Las víctimas tuvieron que esperar a la llegada de Santos para obtener esa ley.

Ahora Uribe, Fernando Londoño, Francisco Santos, Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez, Juan Carlos Vélez, Carlos Holmes Trujillo y José Félix Lafaurie recorren el país diciendo por todos los medios que la única negociación aceptable es aquella que lleve a todos los jefes guerrilleros a la cárcel. Cero impunidad, dicen. Invocan a las víctimas como fundamento de su idea. ¡No hay derecho!