El voto a la brava

Me sumo a todas esas voces calificadas que han salido a oponerse a la posibilidad de que en Colombia se quiera imponer, así sea de manera transitoria, el voto obligatorio.

Por una cuestión de principios, la idea no me atrae. Siempre he considerado que el voto debe ser libre y que el derecho a la abstención es una forma de protestar que hace parte de las democracias. Pero además me preocupa que la imposición del voto obligatorio invierta la carga de la prueba y se cambie la lógica de las cosas. De pasar esta propuesta se terminaría cuestionando al ciudadano que no vota, –incluso castigándolo– en lugar de solucionar las razones por las cuales la mayoría de los colombianos no van a las urnas.    

Y razones para no votar en Colombia hay muchas. La primera de ellas es que la política dejó hace rato de ocuparse de las ideas y abandonó su mandato de privilegiar los intereses de sus representados y su bienestar. Hoy en Colombia, con muy contadas excepciones, la política se ejerce como una empresa personal, con un pie en la ilegalidad y otro en la legalidad. La mayoría de los políticos que en Bogotá posan de grandes estadistas, en su región se han aliado con los paramilitares de la época o en su defecto con los herederos que hoy tienen en las bacrim. “La política no se puede hacer de otra forma”, me confesó a modo de acto de contrición un senador cuando le pregunté cómo hacía para nadar entre esas dos aguas.

En las regiones donde estas empresas criminales se han tomado la política, como sucede hoy en Córdoba, en Sucre, en la Guajira, para solo poner algunos de los casos más evidentes de corrupción, la política ha dejado a sus habitantes sin carreteras, sin regalías, sin agua y sin los mínimos servicios a los que tienen derecho. Pero además, estas empresas electorales también se han convertido en actores de este conflicto. Familias como los García, los Guerra Tulena, los Yair Acuña, forman parte del expolio que han sufrido miles de campesinos.  

Aprobar el voto obligatorio con este maridaje entre política y actores ilegales armados, –en el país esta realidad abarca desde la combinación de formas de lucha de la guerrilla hasta la que mantienen el neo-paramilitarismo con estos clanes políticos–, no va a fortalecer la democracia ni a acabar con la corrupción como lo afirma la senadora liberal Viviane Morales, impulsora de este adefesio. Muy por el contrario, va a legalizar lo más repudiable que hay en la política colombiana. Y lo más grave: nos dejará a los ciudadanos sin la posibilidad de utilizar la abstención como una protesta ante esta realidad tan apabullante.    

Otra razón para no estar de acuerdo con el voto obligatorio la señaló en su columna de El Espectador, Francisco Leal, cuando recordó que con un sistema de partidos tan inoperante como el que tenemos, el voto obligatorio resultaría una imposición aún más injusta sobre el elector. Los partidos Liberal, Conservador y La U, se han convertido en colchas de retazos, que a nadie conquistan como no sea a través de la compra de votos. El Polo implosionó y el Centro Democrático es un rebaño de Uribe. ¿De qué partidos estamos hablando?

El voto obligatorio nos forzaría a votar por unos partidos que cada vez nos representan menos. Eso puede maquillar el problema de la abstención histórica de este país, –que es del 60 por ciento– pero eso no va a hacer desaparecer la apatía frente a esta clase política que ha demostrado su incapacidad por seducir al electorado a través de las ideas y de los principios.

La última razón es que la idea es tan improvisada como la reforma de equilibrio de poderes. Al igual que la propuesta que habla de volver a las listas cremallera, esta, la de imponer el voto obligatorio no está sustentada en ningún estudio, ni en ninguna investigación. No hay un estudio que nos diga qué es peor: si volver al bolígrafo como lo quieren en la reforma o mantener este sistema mixto que permite lista cerrada y voto preferente de hoy. Lo mismo pasa con el voto obligatorio. Alguien lo sacó del sombrero, como si se tratara de un espectáculo de magia y nos lo propuso. Sin ninguna explicación. O mejor, con una, pero impresentable: si el voto obligatorio se aprueba los grandes beneficiados no serían las instituciones democráticas como dicen sus impulsores, sino los bolsillos de los políticos porque recibirán una suma astronómica por concepto de reposición de votos. El hallazgo lo hizo en su columna de El Espectador José Fernando Isaza. Según él, “hoy por cada voto al Congreso se reciben 4.276 pesos, y en la primera vuelta presidencial 4.714 pesos. La obligatoriedad del voto le generaría al candidato una ‘ganancia ocasional’ de gran significado”.

Concuerdo con el doctor Isaza: si este adefesio de reforma va a pasar, lo mínimo que deberían hacer los congresistas es renunciar a esta inmerecida dádiva.

El gobierno ha intentado vender el voto obligatorio como si fuera una ventana que se abre para crear ciudadanía. Ya no lo llaman ni siquiera voto obligatorio sino voto pedagógico. Si la pedagogía es a través del voto a la brava prefiero quedarme en la ignorancia.