Lo que está por estallar

El 7 de junio de 2013 Noticias Uno sacó una noticia en la que se revelaba un escándalo de corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia, el cual habría sido denunciado ante el propio fiscal Montealegre el 16 de mayo de ese mismo año por dos magistrados de la sala penal de la Corte Suprema: María del Rosario González y Javier Zapata.

Los denunciantes le pedían a la Fiscalía que investigara unas declaraciones hechas por Javier Suárez Corzo, hermano del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien venía de ser condenado a 27 años de prisión por el asesinato del abogado Alfredo Enrique Flórez ocurrido en 2003. El exfuncionario apeló ese  fallo ante la Corte Suprema y su proceso lo tenían tres magistrados de la sala penal: María del Rosario González,  encargada de redactar la decisión, Javier Zapata y Leonidas Bustos.

Días después, Semana.com hizo el relato de los hechos que sustentaron la demanda y basta leerlos para advertir ciertas similitudes con el escándalo de Fidupetrol: “La historia es así”, cuenta Semana.com: “La hija del magistrado Bustos, odontóloga de profesión, estudia un posgrado en la Universidad Sergio Arboleda y en este ciclo académico también está Javier Suárez Corzo. Al momento de la presentación de los estudiantes, Suárez Corzo se le acercó a la hija del magistrado. Le dijo que necesitaba hablar con su padre. Ella lo escuchó de manera normal hasta que soltó una frase tremenda: ‘Necesito hablar con él porque le mandé 800 millones de pesos para que colaborara con un caso nuestro, una decisión’. El (supuesto) dinero debía repartirse con los magistrados María del Rosario González y Javier Zapata”.

Dice Semana.com que la hija de Bustos se indignó ante semejante acusación y lo emplazó a que dijera eso mismo ante los tres togados y que en medio de la conversación Suárez Corzo afirmó que el dinero se lo habían entregado a una persona de la Corte Suprema. La reunión nunca se llevó a cabo porque Javier Suárez Corzo no asistió.

Acto seguido los tres magistrados decidieron firmar la denuncia ante la Fiscalía, pero solo María del Rosario González y Javier Zapata fueron a llevársela personalmente al fiscal Montealegre.

Para ser claros, la única magistrada que se preocupó por actuar con total transparencia fue María del Rosario González. No le bastó con ir a presentar la denuncia ante el fiscal sino que días después volvió a acudir a la Fiscalía para presentar un escrito en el que planteó tres posibles causas del presunto soborno: corrupción real de algunos funcionarios de la Corte Suprema, retaliación de las bandas criminales contra la corte e intención de obligarla a marginarse de la revisión de la sentencia. Decidió tomar medidas que no han adoptado hasta ahora ninguno de los magistrados de la Corte Constitucional, luego de que estalló el Preteltgate: autorizó levantar la reserva financiera y bancaria de sus cuentas a fin de que se investigara su patrimonio y se declaró además víctima dentro del proceso.

Aunque en diciembre de ese mismo año, la corte con ponencia de la magistrada González ratificó la condena de Suárez Corzo, la denuncia en la Fiscalía no prosperó y más allá de unas pruebas preliminares, el caso hasta hoy anda inactivo, empolvándose. En noviembre de ese mismo año Javier Suárez Corzo murió a causa de un cáncer y el proceso perdió una pieza fundamental para probar si hubo un soborno a magistrados.

Hoy el magistrado Leonidas Bustos es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y sus estrechas relaciones con el fiscal son públicamente conocidas desde que se convirtió en el jefe de debate de su elección en la Corte Suprema. En cambio, la magistrada valiente, que denunció el posible soborno sin dilación, acaba de renunciar la semana pasada a su puesto en la Corte Suprema de Justicia, junto con el magistrado Jesús Vall de Ruten. En su lacónica carta, se percibe una gran desilusión por lo que está sucediendo en la Justicia. Sin embargo, su renuncia en lugar de haber sido valorada fue cuestionada por algunos medios que la tildaron de oportunista, en razón de que solo le quedan unos meses en el cargo. Nada más injusto: la magistrada González siempre ha actuado de manera íntegra y como pocos es un ejemplo de lo que significa la majestad en la Justicia. No es una simple coincidencia que su renuncia se produzca en los precisos momentos en que la Corte Constitucional enfrenta un escándalo muy parecido al que le tocó lidiar.  En el Preteltgate, la plata que se pedía era presuntamente para el magistrado González y en este, para repartirla supuestamente con ella.

Mis fuentes me cuentan que ya le tienen incluso listo su reemplazo y que el ungido sería Mario Montes, un fiscal delegado que se desempeña como el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía. Valiente meritocracia.

Aunque se pretenda tapar, algo muy grave está por estallar en la Suprema.

CODA: El exmagistrado Carlos Gaviria nos abandonó cuando más lo necesitábamos.