Más coincidencias

Al hermano del Fiscal General lo persiguen las casualidades. Les había contado que Ángel Alfredo Iguarán Arana trabaja hoy como director de la Unidad de Presupuesto del Consejo Superior de la Judicatura. Allí lo nombró, en marzo de este año, el director ejecutivo de la Administración Judicial, Juan Carlos Yepes Alzate. Curiosamente, la prima de Yepes Alzate? -María Marcela Yepes Gómez- se había posesionado un mes antes como directora de Fiscalías de Pereira, por designación del fiscal Mario Iguarán. Podría parecer un intercambio familiar de favores en la alta burocracia judicial, pero Yepes y el hermano del Fiscal han aclarado que todo es pura coincidencia.

También debe ser coincidencial que, antes de ocupar este alto cargo, el hermano del Fiscal hubiera ganado, a la cabeza de un consorcio, un multimillonario contrato con la Alcaldía de Cúcuta. El mayor de los Iguarán, como representante legal del Consorcio San José, firmó un acuerdo por más de 10.000 millones de pesos con el alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo. El alcalde ha enfrentado y enfrenta varios procesos en la Fiscalía.

La oferta del consorcio -firmada por el hermano del Fiscal- fue la única que se presentó en la licitación para construir el puente de la Gazapa y obtuvo una calificación de 1.000 puntos, sobre 1.000 posibles.

Por coincidencia, los temas del Alcalde de Cúcuta en la Fiscalía han ido en cámara lenta, a pesar de que tres paramilitares señalan a Ramiro Suárez como su aliado y lo acusan de ser el determinador de varios asesinatos.

Sin embargo, las coincidencias no paran ahí.

La empresa Rol Limitada, que recientemente cambió su nombre por Energing Obras Civiles Limitada, empleó a Ángel Alfredo Iguarán, en agosto de 2005. Empezó a ser su gerente financiero, coincidecialmente, por los mismos días en que su hermano Mario Iguarán asumió la Fiscalía General de la Nación.

Rol, o Energing, pertenece a varios miembros de la familia Hernández Chavarro. El presidente de la junta directiva se llama Miguel Hernández Chavarro. Él tenía varios procesos penales en su contra, cuando contrató al hermano del fiscal Iguarán.

En efecto, Termotasajero, empresa de la que el señor Hernández Chavarro había sido presidente, lo denunció como presunto autor de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento privado y abuso de confianza.

Uno de esos procesos mostró que el señor Miguel Hernández Chavarro pagó con fondos de Termotasajero más de 200.000 dólares a una empresa panameña llamada Suntrex Holding Co. La investigación encontró que la sociedad panameña era una compañía de papel. La cuenta de cobro en la que se sustentó el pago está firmada por la cuñada del señor Hernández, María Carolina Otero. El cheque fue endosado para su cobro por Manuel Hernández, esposo de la señora Otero y hermano de Miguel.

La investigación probó esto. La fiscal de primera instancia acusó a Miguel Hernández y a su cuñada, María Carolina Otero, por los delitos de abuso de confianza calificado en concurso con falsedad en documento privado. Sin embargo, este año, un fiscal de segunda instancia precluyó la investigación al cambiar la tipificación del delito y determinar de esta forma que el caso ya había prescrito, a favor del patrón del hermano del Fiscal y de su cuñada.

La decisión de la Fiscalía fue adoptada en abril de este año, Alfredo Iguarán trabajó para la empresa de Miguel Hernández Chavarro hasta marzo.

Otra portentosa coincidencia que, como las anteriores, se quedará sin explicación.

El señor Fiscal General no se ha referido a estos temas. Ha preferido, en cambio, seducir titulares con una propuesta espectacular: cadena perpetua para los violadores. De pronto esta semana intenta alguna explicación o, por lo menos, promueve la pena de muerte para los secuestradores y la construcción de un canal interoceánico.