Pacto sobre la extradición

El fugitivo exfiscal Néstor Humberto Martínez reclama, en una entrevista con Yamid Amat publicada en El Tiempo el domingo pasado, la autoría intelectual del gran pacto nacional anunciado al día siguiente por el presidente Iván Duque. Él ya ha hablado, dice, con todos los invitados a participar en “la más grande cumbre política que se haya realizado en el país en los últimos tiempos”. ¿Quiénes? Los de siempre. En este caso Uribe, Gaviria, Pastrana, Vargas Lleras, Santos, y el pobre Duque, que según Martínez presidirá la cumbre de la cual él mismo no será más que un humilde obrero sin aspiración personal ninguna, pero con vocación indeclinable de servicio a la patria. A ver si vuelve, o si lo declaran allá “testigo protegido”.

Esto, al día siguiente de su fuga a Miami con toda su familia, hasta la tercera generación. Se sobrepasa a sí mismo en desfachatez el exfiscal Martínez.

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Y así como la cumbre es con los de siempre, el propósito del pacto es también el de siempre: que aquí no pase nada. El mismo que ha llevado a los pactos en la cumbre de los últimos 200 años, gracias a los cuales todo lo tremendo que pasa aquí –estas matanzas que nuevamente empiezan, y que solo The New York Times parece descubrir– pasa sin que pase nada. El centro del asunto, la excusa para el pacto, esta vez es una insignificancia jurídica, un mero detalle de pie de página de la cooperación internacional, pero que todos los invitados a la cumbre presentan como el más grave problema que enfrenta Colombia: el de la extradición por narcotráfico.

Pero (y al margen de que, repito, todos están de acuerdo con la extradición) ¿de verdad cree alguien que ese es el nudo central de la tragedia colombiana? ¿Se ha preguntado alguien si de veras ha servido para algo en los 40 años de su aplicación y con millares de narcotraficantes extraditados a los Estados Unidos? Mientras más y más colombianos son extraditados a los Estados Unidos, más y más aumenta el narcotráfico. Más crecen los cultivos de coca, más prospera el negocio, más se extiende la adicción no solo en los Estados Unidos, principal consumidor del mundo, sino en la propia Colombia.

¿Y acaso no regresan a Colombia los extraditables extraditados al cabo de pocos años de cárcel negociados por dinero ante la justicia norteamericana para recuperar el control de sus mafias, de sus territorios de producción y de sus rutas de exportación de la droga? Salvo los más antiguos, los de la época en que preferían “una tumba en Colombia a una celda en los Estados Unidos”, y que en efecto fueron allá encarcelados de por vida –Lehder, los Ochoa, los Rodríguez Orejuela, o el panameño general Noriega que creyó ingenuamente que su condición de leal agente a sueldo de la CIA lo protegía de los entrampamientos de la DEA–, todos están volviendo: el Mellizo Múnera, el Socio, Guacamayo, Patiño Fómeque, Beto Rentería, Gordolindo, los Úsuga, H. H. Veloza, el Tuso Sierra. Búsquenlos en Google y los encontrarán. Otros más, los que tienen demasiados crímenes de sangre por responder en Colombia, se quedan tranquilamente en los Estados Unidos en calidad de “testigos protegidos”, y son tal vez los únicos inmigrantes latinos a los que se les permite llevar a sus familias a disfrutar del “sueño americano”.

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Milagrosamente, sin embargo, un puñado de políticos colombianos están empezando por fin a reaccionar contra la farsa. Una docena de verdes, liberales, de la Farc, de la UP, del Polo Democrático y hasta de La U y de Cambio Radical, encabezados por Gustavo Bolívar, de la Lista de los Decentes, han decidido trabajar en común para impulsar un cambio en la política frente al problema de las drogas, fracasada en Colombia y en el mundo desde hace 40 años. Pretenden cambiar el enfoque represivo impuesto por los Gobiernos de los Estados Unidos por una política centrada en la salud pública. Solo cabe desear que les dure el entusiasmo.