Piedad Córdoba y Álvaro Uribe: dos extremos

Piedad Córdoba Ruiz y Álvaro Uribe Vélez son dos ‘animales políticos’. Pese a no tener cargos públicos, sus pasos son seguidos milimétricamente. Cada vez que hacen un pronunciamiento en algún encuentro público, tanto en el país como en el extranjero, o vía electrónica, de inmediato los medios de información hacen noticia de ello. Ambos usan la polémica para mantenerse visibles. El problema es que mientras a ella la quieren llevar a juicio por lo que dice; a él todo se lo celebran y nadie dentro de la estructura del Estado se atreve a denunciarlo.

Son conocidos de vieja data, desde cuando ella fue diputada en la Asamblea de Antioquia y él Gobernador de ese departamento. Su relación política siempre ha sido controversial y, en lo que recuerdo, nunca se han “hecho pasito”. Basta rememorar los debates sobre las famosas asociaciones de vigilancia y seguridad privada, llamadas Convivir, para tener un panorama de lo que fueron esas disputas verbales. Mucho de lo que dijo ella en esa época fue negado con una insistencia inusitada por él. Finalmente, los exparamilitares le han dado la razón a la exsenadora en los tribunales de Justicia y Paz.

Se podría decir que ella y él representan, de alguna manera, la polarización de este país; no obstante, es una apreciación con visos asimétricos, pues la manera como es vista, tratada y representada Córdoba Ruiz, no tiene nada de simétrico con la forma como Uribe Vélez es igualmente visto, tratado y representado.

Ambos apelan al lenguaje fuerte, claro, por momentos hostil, contra todo aquello con lo que no están de acuerdo. A ella le gusta vociferar contra los gobiernos (no sólo el de turno), las Fuerzas Armadas, y a favor de secuestrados (policías, soldados y civiles), desplazados, desaparecidos e indígenas. A él, es curioso, también le gusta atacar verbalmente al Gobierno (en especial contra el de turno), pero se distancian en el tratamiento a la Fuerza Pública y a los movimientos sociales.

Ella y él levantan polvaredas ideológicas, claro, pero cada uno desde su extremo. Y lo que en Córdoba Ruiz es un delito, en Uribe Vélez es una frase célebre y profunda que sus áulicos se esfuerzan en reproducir y aplaudir. En un juego de contrastaciones de las reacciones se concluye fácilmente que mientras la exsenadora injuria, calumnia e instiga al delito, el expresidente lo que hace son aportes al debate, así promueva entre las filas de las Fuerzas Armadas, de manera sutil, una especie de sublevación institucional que, por momentos, ha rayado con la promoción de un golpe de Estado, sin que eso sea considerado delito.

Córdoba Ruiz está hoy en el ojo del huracán por sus arengas contra la presencia de bases militares en resguardos indígenas lanzadas en una reunión de nativos en el Cauca. Se la ha calificado de “traidora de la Patria” y voces del Estado han reclamado su judicialización y castigo. Son ingenuos e ignorantes de la historia de los movimientos indígenas aquellos que piensan que la Guardia Indígena Nasa actuó o actuaría motivada por las palabras de la exsenadora. Su organización, convencimiento y estructura ancestral es bastante independiente como para creer que siguen influencias externas. Lo hecho por los indígenas contra militares y guerrilleros no se concibió de la noche a la mañana.

A diferencia de la exsenadora, quien en sus intervenciones apela a la exhortación a la acción contra aquellas instituciones del Estado que vulneran los derechos humanos, y hasta donde sé lo hace en pleno ejercicio de su derecho a la libertad de expresión; el expresidente, asumiendo el falso papel de juez de la República, sindica a sus contradictores ideológicos de pertenecer a grupos guerrilleros o, mínimamente, de favorecerlos.

Hay pues una distancia grande entre uno y otro, pero dada la falta de equilibrio, el fanatismo en algunos casos y la extrema derechización de sectores de este país, hacen que a ella se le endilguen presuntas responsabilidades judiciales y a él se le vanaglorie, aplauda y justifique.

No conozco, hasta el momento, pronunciamiento público alguno de ministros, procuradores y fiscales sobre las sindicaciones que ha hecho en los últimos años el expresidente Uribe Vélez contra aquellos que se alejan de su postura ideológica. Ningún funcionario de alto nivel ha salido al paso a esos señalamientos y ha amenazado con denunciarlo por esa flagrante violación a la honra de periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Tampoco a sus intentos de desestabilizar la moral de la Fuerza Pública. Uribe Vélez tiene licencia para todo y sus actuaciones están blindadas ante los servidores públicos de alto nivel. ¿Por qué le temen?

También son frecuentes las injurias y calumnias que lanza Uribe Vélez contra aquellos que hoy están al frente del Gobierno Nacional, sobre todo en materia de seguridad. Frente a ello, ¿por qué el Ministro de Defensa no sale públicamente a pedir una investigación contra el exmandatario? ¿También le tiene miedo?

Recuerdo que hace unos años, Córdoba Ruiz invitó a la Fuerza pública a la insurrección. Fue el 28 de julio de 2008, durante una intervención en el teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia: “Hay que invitar a la policía y al ejército a que también se insurrecten contra un régimen que ha hecho tan mal las cosas. Ellos tienen que concientizarse políticamente que del lado que deben estar es del humanismo, de la solidaridad, de la generosidad, del socialismo radical”, dijo en esa ocasión. Así es ella, provocadora, atrevida, polémica. En sus palabras hay un contenido social.

Pero contrasta esa perspectiva política con las posturas que ha fijado Uribe Vélez en materia de seguridad. Poco se le cuestionó desde los organismos de investigación penal y disciplinaria cuando, por ejemplo, ordenó de manera drástica capturar a los jefes de la llamada ‘Oficina de Envigado’, en términos que más parecían una orden de ejecución extrajudicial.

"¡Acábelos y por cuenta mía, mi general!", le dijo el entonces Presidente de la República a un grupo de oficiales de la Policía y el Ejército reunidos en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, situado en el municipio de Itagüí, casualmente el mismo día que Piedad Córdoba intervenía en la Universidad de Antioquia.

Hay pues un tratamiento que, a mi juicio, configura una asimetría en la manera cómo se reciben y procesan las palabras de la exsenadora Córdoba Ruiz y aquellas que trina, persistentemente, al expresidente Uribe Vélez. Para ella cárcel, para él tímidas justificaciones políticas. Tal contraste no hace más que ratificar la derechización de este país, que en poco o nada contribuye a proponer salidas políticas negociadas a una guerra que ya tiene cansados a muchos colombianos, incluidos a los pacientes indígenas.

(*) Periodista e investigador.