En días pasados en La Habana, Cuba, se instaló la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, compuesta por 12 estudiosos del conflicto armado colombiano que, según los acuerdos a los que ha llegado el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, se dedicarán durante cuatro meses a trabajar en la elaboración de un informe que abordará tres puntos concretos: los orígenes y las múltiples causas del conflicto, principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto y los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población.
Según lo acordado, “el Informe de la Comisión deberá ser insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad. En esa medida, será un insumo básico para una futura comisión de la verdad y contribuirá a la reconciliación”.
Son muchas las dudas que me asaltan por estos días, de ahí que este texto tenga más preguntas que respuestas. La primera cuestión es: ¿de qué servirá el análisis de 12 expertos en temas de conflicto si la guerrilla de las FARC y el gobierno no aceptan los daños perpetrados durante sus 50 años de confrontación armada como principio de responsabilidad para avanzar en las negociaciones y alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto? Dos dudas adicionales: ¿a quiénes representan los académicos nombrados? ¿Cuál fue el mecanismo de selección?
Lo novedoso de este ejercicio será la conciliación de ideas que hagan entre sí, dado que en el grupo de académicos seleccionado convergen diversas visiones y tendencias ideológicas. Y ahí me surgen otras preguntas: ¿ese probable consenso reflejará lo que en realidad ocurrió en el país? ¿Quedarán consignadas las percepciones de miles de colombianos que sufrieron con rigor los estragos de la guerra?
Por momentos pienso que ese mecanismo de análisis no pasará de ser un informe más, que se sumará a los cientos de informes que ya existen al respecto de los temas acordados. ¿Acaso el conflicto colombiano no ha sido ya diagnosticado por diversos centros de investigación, tanto nacionales y extranjeros? ¿Esos estudios no sirven como insumos para entender la complejidad del conflicto? ¿No bastaban, más bien, uno o dos relatores que resumieran lo hecho hasta ahora?
No quiero pecar de simplista, pero los tres ejes temáticos seleccionados más parecen un proyecto de trabajo de grado de alguien que se quiera graduar de algún programa afín a las ciencias sociales que de un ejercicio que intente aportar a una negociación de paz. Si uno de mis estudiantes se me acercara con esos temas para plantearme una investigación en ese sentido, empezaría por preguntarle: ¿Y es que no se conocen “los orígenes y las múltiples causas del conflicto”? ¿Aún no se han establecido “los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto”? Y lo que más me llama la atención: ¿Necesitamos 12 académicos para que nos referencien “los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población”?
Estoy intentando no pensar mal sobre el proceso de paz mientras escribo este texto, pero no puedo desprenderme de algunas impresiones que me genera este novedoso procedimiento. Una de ellas tiene que ver con las características del documento que deben producir tras cuatro meses de trabajo: “se trata de un informe analítico que se construye sobre la base de la información y las investigaciones disponibles y sobre el conocimiento y trayectoria de los expertos”. ¿Lo que se presente entonces es convalidar las tesis que por años han esbozado los 12 expertos para contrastarlas con las FARC y el gobierno nacional? Y si esas visiones teóricas no coinciden con la realidad, ¿qué puede pasar?
Hay unas preguntas más que surgen del destino del documento. Se estableció que “el informe final de la Comisión […] será entregado formalmente a la Mesa y será publicado y difundido ampliamente”. ¿De qué servirá esa difusión? ¿Qué esperan el gobierno y las FARC de aquel ciudadano que lea el documento? ¿Habrá una lectura masiva del informe en un país que se destaca por sus pobres niveles de lectura? ¿Harán pedagogía con él en escuelas, colegios y universidades, sindicatos y centros comunitarios?
Son muchas preguntas, lo sé, pero es que todavía no logro entender esta parte de la negociación y me cuesta racionalización el asunto. Tras mucho pensarlo, me va quedando claro que quienes deberían explicarnos por qué se prolongó por 50 años la confrontación armada son justamente quienes estuvieron inmersos en ella, es decir, Estado y guerrilla. Ambos son responsables de acciones contra la población civil violatorias de los derechos humanos y deberían explicar por qué hicieron lo que hicieron, y asumir las consecuencias. ¿Por qué invitar a unos terceros que, sin negar su conocimiento, no hicieron parte de la guerra, sino que la tuvieron como objeto de estudio y con ello adquirieron su prestigio?
Me parece que el proceso de negociación en La Habana está trasegando por caminos que poco o nada le importan a los ciudadanos del común, que, en últimas, es el que ha afrontado todo tipo de consecuencias, militares, sociales, económicas y políticas. ¿Saben ellos quiénes son los 12 expertos? ¿Los han leído? ¿Han tenido los ingresos suficientes para adquirir sus libros? La percepción que se va teniendo en las calles es que estas conversaciones se están extendiendo en el tiempo sin lograr el resultado concreto que se espera: la firma de un acuerdo que le ponga fin a la confrontación armada con las FARC.
En cuatro meses 12 académicos muy ilustres le expondrán al país y al mundo sus tesis concertadas de la guerra, pero lo que pregunto finalmente es: ¿cuándo tiempo más tendrá que pasar para conocer la versión real, y no mediada, de quienes se debatieron en el campo de batalla y de aquellos que padecieron sus consecuencias? Allí está la verdad. Por eso insisto que los académicos son innecesarios.
*Periodista y docente universitario.