La bonanza que no fue…

El panorama económico nacional es desconcertante aun para los más avezados analistas. La ya muy documentada caída del precio del petróleo ahondó las profundas deficiencias de una economía aparentemente protegida para las crisis externas, pero con una fuerte dependencia de las exportaciones mineroenergéticas que básicamente se restringieron al carbón, pero principalmente al petróleo y gas.

La gran locomotora minera anunciada en el 2010 parece que no arrancó, y más bien se estancó sobre los mismos rieles de siempre, la extracción, la explotación y la exportación, sin que haya quedado nada más, y sin que se lograran las grandes reformas estructurales que necesitaba el país.

Tal vez en la reciente historia republicana de Colombia ningún gobierno había tenido en sus manos una caja similar a la que dejó el “boom” petrolero, desafortunadamente, el haber cifrado toda expectativa macroeconómica en un solo producto sin transformación o valor agregado nos dejó en el mismo ámbito económico de lo que en su momento fue la bonanza cafetera.

Por supuesto que los cálculos arrojados para el Plan Nacional de Desarrollo, el Sistema de Regalías, Transferencias y Participaciones soportaban un precio que se fuera reduciendo del barril de US$100, incluso con cálculos tan osados hasta los US$70, la meta de producción del millón de barriles diarios siempre fue el mantra con el que se espantó la eventual caída del precio, o la imposibilidad de que aquello que representa más del 50% de nuestras exportaciones colapsara.

No obstante lo anterior, la época de las vacas flacas llegó, el precio internacional cayó, las tensiones propias de la geopolítica petrolera cambiaron el ajedrez del precio, la demanda fue satisfecha por otrora productores que ahorraban sus reservas, y aquel transitorio bienestar se sembró en una bonanza no solo temporal, sino empeñada.

De nuestras manos escapó la oportunidad de invertir en las reformas estructurales que necesitaba el Estado, la construcción de bienes públicos, la provisión adecuada de servicios públicos, la revolución en materia de infraestructura, trasformación productiva y el inicio de un plan a largo plazo que afincara las bases para solventar la crisis pensional, de salud y la educación, solo por mencionar una obvias prioridades en el ejercicio de la gerencia pública.

El vaso medio lleno se vendió con la discusión de un barril en determinado precio y de una producción constante, y no se vio por ningún lado la catástrofe que significaría para un Estado en vía de desarrollo con grandes deficiencias y carencias el problema del vaso medio vacío.

Compararnos con Venezuela o con Brasil no debe ser consuelo alguno, que sus finanzas públicas también reposaran sobre el petróleo y hubieran administrado mal su “riqueza”, (que no fue temporal) demuestra un panorama distorsionado, estamos bien decían, estamos blindados, somos cabeza de serie, ¿comparados con quién? y ¿comparados con qué?

Hoy la evidente crisis de Ecopetrol por los desmedidos gastos, el pago constante de dividendos, la ausencia de nuevos pozos productivos y los sobrecostos de Reficar, en un país que no le apostó a innovación, tecnología, transformación productiva u otras herramientas, está pagando las consecuencias de haber cifrado todas sus expectativas en un programa económico digno del Siglo XIX, y que sembró en el petróleo (como producto) su panorama fiscal, su política económica, y su ya de por si abultado gasto público.

Cuando el vaso se queda medio vacío hacemos remembranzas de crisis anteriores, el UPAC, el sistema financiero, la crisis de 1999; no obstante lo anterior, el reto no puede ser un ejercicio respecto de cual crisis fue peor, o si estamos mejor ahora que antes, lo imperdonable sería no estarlo, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué hicimos con la oportunidad de invertir los recursos de manera eficiente?, de haber hecho las reformas pertinentes, y haber aguantado el ensanchamiento del Estado y sus programas sociales basados en esos transitorios dividendos, frente a sentar las bases de las macro reformas de mediano y largo plazo, seguramente no rentables políticamente, pero necesarias estructuralmente.

Se presenta en el panorama una nueva oportunidad para revertir los errores del pasado y aprender lecciones. Así, los llamados “dividendos de la paz” constituyen una herramienta inmejorable para lograr las reformas estructurales que necesita el país en materia tributaria, fiscal y administrativa. El cambio debe ser global y no coyuntural, sí el conflicto armado y la inseguridad han diezmado nuestra capacidad en el pasado, llegó el momento de pasar a la acción en un país en donde se pueda llevar mayor inversión a las regiones, se pueda trazar la infraestructura adecuada para enfrentar el Siglo XXI, y dejemos de ver un vaso medio vacío por uno medio lleno, uno al que quizá le hace falta el ingrediente del posconflicto, en donde un manejo responsable de las finanzas públicas y un mapeo adecuado de las prioridades sociales y económicas pueden abrir las puertas de una Colombia prospera y en paz.

*Rector Universidad Autónoma del Caribe