Inseguridad ¿percepción o realidad?

Muy en boga está el tema de la seguridad ciudadana en nuestro país. El hecho de que las tasas de criminalidad asociadas al conflicto hayan decrecido ostensiblemente con ocasión del acuerdo de paz, hace voltear las miradas hacia el tema ciudadano y de convivencia.

El pasado 31 de enero entró en vigor el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que busca actualizar normas y conductas a las realidades y el contexto del siglo XXI, pero sobre todo, convertirse en una herramienta de sana y adecuada convivencia en el delicado equilibrio que se da entre derechos y obligaciones y la vida en sociedad, especialmente en ciudades que han mutado de unidades residenciales individuales a copropiedades y regímenes de horizontalidad.

Por mencionar un ejemplo, en Barranquilla la percepción de inseguridad en lo corrido del 2017 va en aumento. Episodios criminales que han involucrado comerciantes, políticos y ciudadanos del común como víctimas, han vuelto a traer al argot popular el tema del “atraco callejero.

Si bien la cantidad de denuncias recibidas por robo en lo corrido de este año comparado con el arranque del 2016 disminuyó, en el período comprendido entre el primero y el 26 de enero se presentaron 277 casos de atracos según la Policía Metropolitana de Barranquilla, lo que significa 13,7 % menos que el año pasado. 

De otra parte, la Alcaldía de Barranquilla registró en ese período 356 casos de robos, lo que representa 22 % menos al compararlo con el mismo lapso del año anterior, cuando se reportaron 456 hurtos. 

No obstante lo anterior, las cifras contrastan con la percepción de inseguridad que viven las ciudades capitales por la ola de atracos, las intervenciones en zonas problemáticas y los consabidos retos de temas como bloqueos, fleteos y fallas en la seguridad de los sistemas de transporte masivo que ponen en jaque a las autoridades.

La reincidencia en ciertas conductas, la falta de pie de fuerza policial, la destinación de policías a servicios y tareas que deberían ser revaluadas, confluyen en esta problemática de ausencia de autoridad policial, y la mala hora que están viviendo los ciudadanos por cuenta del accionar criminal.

En la última encuesta de percepción de seguridad ciudadana para Bogotá, elaborada por la Cámara de Comercio, más del 41 % de las llamadas que recibía el numero único de emergencias (NUSE) tenían como origen problemas de seguridad y convivencia, a su turno, según la medición de “Ciudades como Vamos”, el promedio entre diez ciudades capitales era del 37 % de percepción de inseguridad entre sus habitantes, siendo Manizales la más alta, con 57 %, y Bogotá D. C. la más baja, con 14 %.

Las cifras contrastan con las realidades, las percepciones y las medidas adoptadas, pues una cosa es la medición de opinión, otra la estadística de denuncias, y otra la construcción social alrededor de situaciones que, aunque negativas como el hurto, se convierten en parte del folclor, como ha sucedido con la parodia de la canción “la guacherna” que hace alegoría a temas de inseguridad en Barranquilla.

Los problemas de seguridad y convivencia no pueden ser atacados desde la perspectiva meramente policiva ni represiva, así mismo, las medidas eficientistas como la prohibición de motos con parrilleros, la llamada a desplegar policía militar en las calles, o el decretar toques de queda por localidades o barrios, apenas son medidas coyunturales que no atacan los problemas desde una política pública articulada.

La capital de la república está estrenando Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y ello no ha eximido a la ciudad de la ola de atracos (incluso contra el mismo bus en el mismo día) en los vehículos del SITP. Es cierto que la falta de denuncia y colaboración con las autoridades hace difícil la judicialización efectiva, pero mientras que los ciudadanos no tomen control de sus ciudades a través de una sana y adecuada convivencia, y sigan buscando las respuestas en normas como el Código Penal o el Código de Policía, poco y nada se puede hacer, pues las realidades desbordan a las instituciones.

La línea más adecuada es la de seguir trabajando en inteligencia, contrainteligencia, prevención y la construcción de lazos fuertes entre la comunidad, la policía y las demás autoridades, pues solo a través de la recuperación de la confianza y el trabajo articulado se podrá hablar de ciudades habitables, con buena calidad de vida, y con elevados índices de percepción en seguridad.
La seguridad ciudadana es el gran paradigma de todas las administraciones, este tema gana o pierde elecciones, y es el reclamo de más del 40% de los ciudadanos, así las cosas, se necesita revisar prontamente la Política Publica de Seguridad y Convivencia, y así buscar generar las herramientas institucionales y policiales adecuadas para que el Nuevo Código de Policía pueda hacer frente de manera más expedita a conductas como colarse en Transmilenio, hurtar y comercializar teléfonos móviles, portar armas blancas y neumáticas, entre otras muchas situaciones que agravan la percepción de inseguridad.

*Rector Universidad Autónoma del Caribe.