En el Congreso Nacional del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal que se celebró hace siete meses, se evidenció una fuerte fisura entre la visión de la Colombia negra rural de los Consejos Comunitarios y la visión de la Colombia negra urbana de las organizaciones citadinas. Por esas diferencias sobre el modelo desarrollo que se debe impulsar en los territorios de las Comunidades Negras, el panorama sigue sombrío por las abrumadoras retóricas y las pocas soluciones de fondo.
La clave para reducir la pobreza y la inequidad en la población negra está en que el Estado a partir de la reglamentación de los usos de la tierra, los recursos naturales, el medio ambiente y los asuntos mineros. Así como los referentes a la planeación y el fomento del desarrollo económico y social, se adopten unas políticas de desarrollo económico y social que permitan generar un cambio estructural en el desarrollo de los territorios negros.
No se necesitan más leyes, ni de igualdad de oportunidades, ni de cuotas, porque con la reglamentación de estos aspectos bastaría para hacer un revolcón en las políticas económicas y sociales del Estado referente a la población negra.
La ley es el instrumento más eficaz para hacer la revolución de las oportunidades que demanda el pueblo negro. La gran mayoría de los líderes afros no la han estudiado, ni han entendido su dimensión y sólo se han dedicado a vivir del cuento negro. De hecho, desconocen el poderoso instrumento político y económico que ella encierra.
Líderes que por sus intereses individuales se han quedado concentrados en las disputas por las dos curules de la Cámara de Representantes y peleando los espacios de concertaciones ante los organismos del Estado, en especial los relacionados con las consultas previas, pero sin presentar soluciones estructurales en beneficio de sus comunidades.
Por esos intereses individuales, los aspectos relacionados con las consultas previas sobre obras de infraestructura y las explotaciones de los recursos naturales los han convertido en los caballitos de batallas en las negociaciones con el Estado. Pero se han obviado otros aspectos claves y determinantes para impulsar una transformación estructural en el desarrollo de sus comunidades.
Porque con la reglamentación de los asuntos sobre la tierra y los recursos mineros se tendrá que debatir de nuevo el régimen de regalías debido a que las Comunidades Negras tienen un régimen especial que les otorga autonomía en los territorios colectivos, tienen un sistema de administración del mismo con sus Consejos Comunitarios, pero no reciben compensaciones por las riquezas que se extraen de sus dominios.
Actualmente, los recursos naturales del suelo son tan importantes y estratégicos como los del subsuelo y los mares, un tema que no se ha examinado con la suficiente profundidad pero que se tendrá que hacer porque las Comunidades Negras tienen dominio sobre una importante y estratégica franja del territorio nacional, donde existen inmensas riquezas mineras, forestales, las fuentes de aguas y recursos marinos.
Sí el Estado quiere hacer un cambio profundo en la distribución de la riqueza y combatir la desigualdad económica y social que existe en las Comunidades Negras, debe destinar a estas asociaciones un porcentaje de las regalías del oro, carbón, platino, cobre, petróleo y gas. También establecer que un tanto por ciento de las tasas de aprovechamientos forestales que reciben las Corporaciones Autónomas y un porcentaje de las retribuciones que reciben otras instituciones del Estado por utilización de las fuentes de agua y de los recursos marinos se asignen a las Comunidades Negras.
Estos recursos podrían ser invertidos directamente por las comunidades organizadas en obras de infraestructura, programas productivos, educación y saneamiento básico, sin la intervención de las burocracias municipales, pero con la vigilancia de los organismos de control del Estado.