Separación de la Iglesia y el Estado

Una de las más grandes conquistas de la modernidad ha sido “separar”: De un lado, los asuntos del Estado de la órbita de las jerarquías religiosas; de otra parte, los poderes de formulación de las leyes de aquellos que deben aplicarlas. Así como, “despersonalizar” el poder, para atribuirlo a instituciones diseñadas en abstracto.

En Colombia, después de patronatos, guerras civiles, expulsión de los jesuitas, Estado confesional, y el concordato, se logró el Estado laico con la Constitución de 1991, se estableció la libertad de profesar o no cualquier credo, y por lo tanto la neutralidad de las autoridades en materia religiosa. Más tarde, la Ley 133 de 1994, convirtió al Estado en promotor de religiones, mediante exenciones tributarias, hoy, hay más de 850 religiones reconocidas oficialmente, en desmedro de la histórica religión católica.

A nivel mundial, la iglesia católica ha sido objeto de escándalos financieros y sexuales, que obligaron al anterior Papa Benedicto XVI a abdicar y refugiarse en la residencia veraniega de Castel Gandolfo. Ha venido perdiendo terreno en América Latina, no solo por otras iglesias cristianas y credos orientales, sino porque la vocación sacerdotal se ha reducido y los fieles ya no son practicantes, aquejados por el consumismo y el hedonismo.

La visita del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, constituye sin duda un hecho de mayúscula importancia, pues se trata de un jerarca excepcional y carismático, con facilidad para comunicar con las masas, mediante sentencias claras y aleccionadoras, que trajo nuevos aires a esa iglesia y una visión optimista para una sociedad polarizada.

Sin embargo, se equivocó el Papa Francisco, no obstante advertir que no intervendría en política, tomó partido a favor de una paz estable y duradera, habló de perdón y reconciliación en franco apoyo al acuerdo del gobierno con las FARC e ignoró la oposición del Centro Democrático. Poco o nada dijo acerca de la justicia, de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, como tampoco de los altos costos institucionales y económicos que implicó el acuerdo.

También se equivocó el gobierno Santos, que buscó capitalizar el apoyo de la iglesia católica a los acuerdos con las FARC, de suerte que desconoció la neutralidad del Estado ante las religiones y patrocinó la visita del jerarca. Los mismos que criticaron al Procurador Ordoñez por sus posiciones católicas, en esta ocasión celebraron la posición de Papa Francisco en relación con el acuerdo de paz, en franca inconsistencia. Del mismo modo, se equivocó Álvaro Uribe, quien infructuosamente buscó al Papa para lograr equilibrar las cargas. Todos olvidaron la separación entre la Iglesia y el Estado, más valió la lucha política y la intención de influir sobre las masas en la antesala electoral, manteniendo la polarización.

Las FARC, no se quedaron atrás, en carta dirigida a Francisco pidieron perdón por sus delitos y por el atropello a los víctimas. Las mismas FARC socialistas y ateas, que el 2 de mayo de 2002, masacraron aproximadamente a 80 personas (48 menores) que se refugiaban en la iglesia de Bellavista en Bojayá.

Los medios de comunicación no supieron dar proporción a la visita papal, la solemnidad de las ceremonias y la persona misma del jerarca estuvieron  más marcadas por el hecho noticioso y la magnitud del espectáculo, invadiendo los espacios de prensa, los canales de televisión y las emisoras radiales hasta los límites de la saturación. En pocas semanas, cuando se desvanezcan los efectos mediáticos, veremos qué queda del evento.

Al final, se trató de un inmenso suceso comunicacional que aprovecharon: una iglesia mermada, un gobierno con bajos índices de favorabilidad, una guerrilla con poca aceptación, y una oposición que en esta ocasión resultó por todos marginada.

Más ha podido la política personalista pre-moderna, que se sirvió de la iglesia para sus propósitos, que pactó modificaciones a la Constitución y a las leyes, en lugar de aplicar las existentes, y que propicio un descomunal evento de masas para obtener popularidad en su último año de gobierno.