La abogada de dos de los paramilitares que acusan a la capturada Piedad Zuccardi resultó ser copropietaria de un título minero con una empresa cercana a la senadora. De acuerdo con documentos oficiales, la concesión minera en Turbaco (Bolívar) tiene como socios por un lado a una compañía detrás de la que están familiares de Piedad Zuccardi de García; y por el otro a la apoderada de sus señaladores.
La mitad de la concesión es de una sociedad llamada Promotora El Campín a la cual están y han estado vinculados numerosos familiares de la senadora Zuccardi, incluyendo a su hijo Juan José García Zuccardi, su esposo Juan José García Romero, condenado por peculado, y su suegra Mady Romero de García.
El 30 por ciento es de una persona llamada Marlene López Vélez y en el 20 por ciento restante está lo más llamativo. Según el Registro Minero Nacional la dueña de esos derechos es “la doctora Betty Castro Espinosa” (ver
Concesión).
La doctora Betty Castro ha actuado como abogada de Úber Banquez, alias 'Juancho Dique' y de Manuel Antonio Castellanos, alias 'el Chino'; cuyos testimonios fueron determinantes para que la Corte Suprema de Justicia haya ordenado la captura de la senadora (ver
El Universal).
Estos cabecillas paramilitares han hecho graves acusaciones contra Piedad Zuccardi. Aseguran que para la campaña de Senado del año 2002 y de Gobernación del año 2003, ella se benefició de los votos conseguidos a punta de fusil y que el pacto se consolidó en dos reuniones entre paramilitares y políticos con la participación de la senadora en al menos una de ellas. Según 'el Chino', una de esas reuniones ocurrió en una tienda de propiedad de alias 'Juancho Dique' y la otra en un sitio conocido como Casa Loma en Arjona, Bolívar.
La senadora Zuccardi y su patrocinado para la Gobernación, Alfonso López Cossio, obtuvieron grandes votaciones en la zona de influencia de 'Juancho Dique'. Esos indicios sumados a las declaraciones de Salvatore Mancuso, ocasionaron la vinculación de Zuccardi al proceso por parapolítica y su reciente detención.
Lo curioso es que en 2012, dos años después de los testimonios que la incriminaban, los familiares de Zuccardi –agrupados en Promotora El Campín– terminaron asociados con la abogada de quienes la acusan.
El registro minero muestra que la cesión de derechos que benefició a la abogada Betty Castro Espinosa, ocurrió el 22 de marzo de 2012. Los primeros testimonios del Chino contra Zuccardi datan de mediados del año 2010 (ver
Anotación).
Pero ahí no terminan las sorpresas. Cuando la jurista Betty Castro Espinosa decidió incursionar en el negocio minero de la mano de una empresa de las familias Zuccardi y García Romero, estaba detenida.
El 17 de febrero de 2012, la Fiscalía General de la Nación informó de dos operaciones contra integrantes de las llamadas bandas criminales. (Como ustedes saben esa es la nueva razón social de los paramilitares).
El comunicado de la Fiscalía anuncia que se efectuó una operación del CTI en Cartagena contra integrantes de la llamada banda de Los Paisas. Después de un año de investigaciones se produjo la captura de seis personas que, según el comunicado, hacen parte de una organización ilegal “estructurada para cometer homicidios y otras conductas punibles”.
La lista de los capturados la encabeza Betty Castro Espinosa. Una fuente de la Fiscalía General de la Nación confirmó que la capturada es la misma abogada y que aún hoy está detenida en régimen domiciliario y a órdenes de la Unidad Nacional contra las bandas emergentes, Bacrim (ver
Comunicado Fiscalía).
La socia de la familia de Zuccardi, la abogada de los paramilitares que la señalaban y la presunta integrante de una banda criminal, terminaron siendo la misma persona.
No sería extraño que 'Juancho Dique' y 'el Chino' se retracten pronto de las acusaciones contra Piedad Zuccardi.