Un niño y dos padres

En medio de la pobreza se las arreglaba para ser feliz. Cuenta Francisco que sus problemas arrancaron cuando ya había cumplido 13 años. Su mamá, acosada por las necesidades, fue a pedir ayuda a una institución de la Iglesia en San José del Guaviare. El director de la Pastoral Social en el pueblo era un amable sacerdote llamado Jaime Alonso Vásquez Bustamante. 

Según Francisco, el padre Jaime y su hermano, el también cura Carlos Fernando Vásquez Bustamante, han abusado de él por 16 años.

Todo empezó cuando el padre Jaime convenció a la mamá de Francisco para que el niño fuera a ayudarle en la oficina en las tardes, después de las clases. Pronto se integró a un grupo de acólitos que trabajaba para el religioso en la iglesia del Divino Niño. 

Una de esas tardes, de acuerdo con la narración de Francisco, el padre Jaime le pidió que le ayudara a mover unas cajas de una habitación. Antes le ofreció un jugo que lo hizo sentir mareado. En la habitación no había cajas. El padre Jaime le dijo a Francisco que quería confesarlo. No hace falta entrar en detalles. Según Francisco, ese día el padre lo violó por primera vez.

El niño llegó llorando a su casa. Sangrando. No sabía si él era la víctima o el culpable. Si ese adulto, amable hasta hace unas horas, cumplía la voluntad de Dios o se aprovechaba de su inocencia. Incapaz de contar la verdad y ocultando la sangre, le dijo a su mamá que se había peleado con otros niños y que el padre Jaime lo había regañado. 

Ese fue apenas el comienzo. Francisco asegura que el padre Jaime lo entregó como regalo sexual a su hermano Carlos Fernando con motivo de su ordenación sacerdotal. Desde ese momento, según Francisco, los padres se lo han turnado.

A los 14 años, Francisco huyó del pueblo pensando que dejaría atrás su pesadilla. Se enamoró de una muchacha y tuvieron un hijo cuando él no había cumplido aún 16. Sin embargo tuvo que volver al pueblo y se encontró de nuevo al padre Jaime, cada vez más poderoso, y a su hermano el padre Carlos Fernando.

Francisco afirma que le dijeron que si no volvía con ellos iban a matar a su hijo, a su compañera, a su mamá y a toda su familia. Terminó reducido a la condición de ‘esclavo sexual’ como él la califica. 

El padre Jaime escaló velozmente peldaños en la jerarquía de la Pastoral Social y pronto sintió la tentación de la política. Pidió un permiso episcopal y presentó su nombre al Congreso. 

Hoy el padre Jaime Alonso Vásquez Bustamante es también representante a la Cámara por Guaviare, a nombre del Partido de la U, y miembro de la poderosa Comisión Cuarta de la Cámara a cargo del presupuesto nacional.

Uno de los primeros anuncios del padre Jaime, cuando asumió su curul de congresista, fue que tramitaría una ley para castigar con 25 años de cárcel a los curas pederastas. Tres años después no ha presentado el proyecto.

Según Francisco, el último encuentro suyo con el padre Jaime fue hace apenas dos semanas en Bogotá. De allí salió a la Fiscalía General de la Nación y entregó a los investigadores el preservativo que supuestamente el padre Jaime usó ese día, para que puedan hacer un cotejo de ADN. También videos y audios que, según él, prueban sus afirmaciones.

Llamé al padre y representante a la Cámara, Jaime Alonso Vásquez Bustamante, para pedirle su versión sobre estos hechos. Le alcancé a preguntar desde cuando conocía a Francisco, el tono amable de los saludos fue variando cuando me respondió “desde estudiante, soy su padrino de confirmación”. 

Cuando le mencioné que Francisco lo había denunciado penalmente, replicó “de eso sí no se qué decir”. Tristemente, la llamada se cortó justo cuando le pregunté si había tenido relaciones con Francisco. El congresista nunca más contestó su teléfono celular. 

Tampoco he podido comunicarme con su hermano el padre Carlos Fernando Vásquez Bustamante, actual vicario parroquial de Cristo Rey en Calamar, Guaviare, y miembro de la Comisión de Vida, Justicia y Paz.

Los dos sacerdotes tienen derecho a su presunción de inocencia. Francisco Javier Bohórquez Franco, el denunciante, tiene también el inalienable derecho a que la Justicia investigue imparcialmente su caso, sin importar la influencia social y política de sus presuntos agresores.