Sobre la uribecracia y otras tragedias nacionales

La respuesta a la pregunta de por qué Colombia sigue sumida en un atraso que parece eterno, la tuvimos el pasado domingo 9 de marzo: de los 48 candidatos al Senado relacionados con la parapolítica en distintas regiones del país, 33 salieron electo. Algo similar pasó con la Cámara de Representante: de los 83 señalados de ser miembros de clanes criminales, 36 alcanzaron una silla en el recinto bajo. La parapolítica sigue su ritmo acelerado y no parece haber ningún mecanismo visible para detenerla. Las denuncias realizadas por organizaciones de derechos humanos y oenegés encargadas de velar por la transparencia electoral parecen no tener eco entre las autoridades del país, facultadas para investigar estos hechos que atentan sin duda contra la ya cuestionada democracia colombiana.

La publicitada renovación del Congreso no parece tan alentadora como algunos medios han informado, pues si es cierto que veremos nuevas caras, también lo es el hecho de que los grupos que representan siguen siendo los mismos. En Bolívar, Sucre y gran parte de Córdoba el poder de Enilce López Romero está intacto como hace quince años cuando le enviaba el mensajero a sus enemigos. Sus tentáculos no solo rodean a gobernadores y alcaldes de innumerables municipios de la costa, sino también a candidatos al Congreso y otros cargos de elección popular. Pero lo grave de este hecho, del cual se tiene noticias en casi todos las ciudades y departamentos de la costa norte, es el mutismo de las autoridades ante las denuncias que algunos periodistas y medios honestos realizan a diario.

Nadia Blel Scaff, hija del exsenador y parapolítico Vicente Blel, condenado a prisión e inhabilitado para ejercer cargos de elección popular, acaba de alcanzar la curul 19 del Partido Conservador, constituido hoy por hoy en una fosa en la que respalda toda la podredumbre política del país. En su momento, Vicente Blel no solo fue investigado y puesto a órdenes de las autoridades, sino que se dejó en evidencia los lazos que lo unían a la temible empresaria del chance, que poco antes había llevado a la Gobernación de Bolívar al Libardo Simanca Torres, quien fuera condenado a 6 años de cárcel por sus nexos con el grupo paramilitar de Bolívar que dirigía Juancho Dique, responsable material de la muerte, entre otras, del alcalde del municipio del Roble, Sucre, ocurrida en el 2005 durante el gobierno del presidente Uribe.

Pero, aunque algunos nieguen sus vínculos con las mafias y se hagan elegir en los cargos públicos utilizando cualquier estrategia por fuera de la normatividad que regula la participación en política, las evidencias están ahí para desmentirlos. El caso del gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, recientemente divulgado por el portal La Silla Vacía, nos deja ver que ese cáncer está presente en lo más profundo de las administraciones, tanto departamentales como distritales. Según el portal, los lazos del gobernador con la empresaria vienen desde 2011, cuando recibió apoyo del hijo de López y la hermana de esta, Emilia Rosa López, durante su candidatura a la gobernación, apoyo que pagó, ya posesionado en el cargo, nombrando en entidades claves de la administración del departamento a personas cercanas a La Gata.

Asimismo quedó en evidencia sus lazos estrechos con el ‘empresario’ Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, amigo cercano de Juancho Dique y cuyo brazo armado asesinó en diciembre de 2003 a varias prostitutas frente a la emblemática Torre del Reloj de Cartagena, hecho por el que fue investigado, condenado y llevado a prisión. No obstante de las denuncias realizadas por algunos medios y el sinnúmero de fotografías y audios publicados, Gossaín sigue negando sus vínculos con la célebre dama del chance, declarando hasta el cansancio que todo hace parte de un complot que busca desacreditarlo.

Lo mismo podríamos decir de la recientemente elegida representante a Cámara María del Socorro Bustamante, quien fuera en dos oportunidades candidata a la alcaldía de la ciudad y en ambas saliera derrotada. Bustamante, como Gossaín, fue denunciada en su momento por sus vínculos con la poderosa empresaria, relación que negó pero le fue imposible hacer desaparecer las fotografías donde podía vérsele en compañía de Alfonso López, ‘El Gatico’, en varias manifestaciones proselitista en Cartagena y municipios aledaños. Por eso resulta increíble que detrás del escaño de Bustamante no esté el largo brazo de López Romero.

En Córdoba, como si fuera poco, la parapolítica le dio una silla en el senado a la candidata liberal Arleth Casado de López, esposa de Juan Manuel López Cabrales, condenado a ocho años de prisión por sus vínculos con los paramilitares del departamento. En Sucre, Yahir Acuña Cardales, el nuevo cacique electoral de la región y ahijado político del cuestionado gobernador Arana, obtuvo un triunfo arrollador al lograr una curul en la Cámara de Representante con 112 mil sufragios. Días antes del proceso electoral, Acuña Cardales le había confesado a un periodista del diario El Heraldo de Barranquilla que su triunfo sería ‘histórico’. En efecto, así fue. Pero hoy los rumores sobre la compra-venta de votos están en la mesa.

Por estas razones debería preocupar al país que el Centro Democrático haya logrado más de dos millones de votos. Debería preocupar porque lo que queda claro es que más de dos millones de colombianos se sienten identificado con los falsos positivos y están de acuerdo con la terminación de la guerra a sangre y fuego, con las ‘chuzadas’ a los opositores políticos, con la exterminación de los líderes que luchan por la recuperación de sus tierras y, por supuesto, con el statu quo de un Estado camandulero y confesional. Debería preocupar porque la historia ha demostrado que los imbéciles son amnésicos, son mayoría y, por lo tanto, eligen presidentes.