¿Es Uribe un peligro para la sociedad?

En días pasados, el procurador Alejandro Ordóñez puso el grito en las nubes cuando dijo que “como vamos, Uribe irá a la cárcel y ‘Timochenko’ al Congreso”. La piedra de su escándalo radica en que él cree con fe ciega que el expresidente se merece el cielo y el máximo comandante de las Farc el infierno, pero, tal como van las cosas, uno y otro terminarían en viceversa ubicación. Y eso, por lo visto, a Ordóñez le parece inaudito.

 

Ahora bien, ¿qué pasaría si en la práctica resultara que tanto Uribe como ‘Timochenko’ tuvieran su respectiva cuota de responsabilidad penal y, por tanto, cada uno por su lado mereciera ir a la cárcel? Mejor dicho, ¿qué tal si para ambos estuviera reservado el infierno?

 

En este contexto no se puede pasar por alto el más importante documento acusatorio que hasta ahora se ha presentado contra Álvaro Uribe Vélez por sus vínculos con el paramilitarismo, como es la providencia emitida el pasado 6 de septiembre por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en cabeza del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo. 

 

Dicha providencia detalla en orden cronológico cómo en el curso de diez años Uribe estuvo rodeado de tal cantidad de funcionarios y subalternos involucrados hasta el cuello con los grupos armados de extrema derecha, que era imposible que ignorara lo que estaba sucediendo a su alrededor. En otras palabras, que “no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, como reza la cita providencia.

 

Tan seria y contundente es la acusación, que al día siguiente Uribe anunció para el lunes 9 una respuesta a la pregunta “¿por qué soy paramilitar?”, mediante hábil campaña de expectativa que enfocó sobre él todos los reflectores y culminó con la presentación de un documento (TwitLonger) donde se defendió de los nuevos señalamientos en siete puntos, a saber:

Con su defensa Uribe pretendió demostrar, básicamente, que sí es posible nadar en una piscina y no mojarse. 

 

Casi coincidente con lo anterior, al día siguiente la Corte Suprema de Justicia dictó orden de detención contra el expresidente del Senado, Luis Alfredo Ramos, y unos días después contra Óscar Arboleda, por los mismos hechos que involucran además a Óscar Suárez Mira: pvínculos con paramilitares. 

Es llamativo el caso de Ramos porque parecía predestinado a ser el candidato a la presidencia por el Centro Democrático y porque la sentencia de la Corte fue contundente al advertir –como justificación de su captura- que “es un peligro para la sociedad”.

 

Y es aquí cuando un viento helado sube por el espinazo de solo pensar que todas, o varias, o al menos una sola de las numerosas acusaciones que se le hacen a Álvaro Uribe fuera cierta, pues ello se traduciría en que durante ocho años la Presidencia de Colombia estuvo en manos de “un peligro para la sociedad”. 

Uribe en su documento para Twitter se defiende de quienes lo acusan de haber causado el accidente en el que perdió la vida su examigo Pedro Juan Moreno (vinculado por decenas de testimonios al paramilitarismo), pero no menciona a Francisco Villalba, el testigo estrella en su contra por la masacre del Aro, condenado a 33 años y dejado en libertad condicional para que unos días después –el 23 de abril del 2009- fuera asesinado en su casa, frente a su esposa y su hija de cuatro años. Y Uribe al respecto se pregunta: “No entiendo qué prueba tienen”. Porque claro, para su alivio, la prueba ya está muerta.

 

También está muerto John Fredy González Isaza, paramilitar desmovilizado del bloque Metro, quien contó que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia de Uribe, operaba una Convivir que cometía masacres en los tiempos en que él era gobernador de Antioquia. González fue asesinado en la cárcel en el 2011.

 

Si de peligros se trata, imposible omitir el que representó para el exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, haber asistido al consejo comunal donde le dijo al presidente que “a mí me van a matar”, señalando al entonces gobernador de Sucre, Salvador Arana. En efecto, Arana lo mandó matar (como lo demostró la justicia) mientras que Uribe protegió al asesino, enviándolo de cónsul a Chile. 

Y salta también a la memoria el nombre del académico y humanista Alfredo Correa de Andreis, asesinado el 17 de septiembre del 2004 por orden del entonces director del DAS, Jorge Noguera, en un crimen por el cual fue castigado a 25 años de cárcel, y de quien Uribe dijo en el citado TwitLonger: “Qué dolor que purgue esa injusta condena”.

 

Qué dolor, por cierto, el que representó para las madres de los casi 3.000 jóvenes asesinados en forma sistemática por (o desde) diferentes brigadas del Ejército para presentarlos como bajas causadas a la guerrilla, a lo que se le dio el eufemístico nombre de ‘falsos positivos’ para invisibilizar su carácter de delitos de lesa humanidad, y a cuyas víctimas Uribe se refirió diciendo que “fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café”, mientras que a los victimarios los sigue considerando “perseguidos por la Fiscalía” y “héroes de la Patria”.

 

En la sentencia del Tribunal Superior de Medellín que con tanto detalle acusa a Álvaro Uribe, al comienzo de cada párrafo se hace énfasis en que él estuvo “detrás de” los sucesos allí relacionados con el afianzamiento del paramilitarismo en todas las esferas de la vida nacional. Es cierto que ya no está en condiciones de hacerse elegir de nuevo presidente de Colombia, pero conviene de todos modos preguntarse si al estar “detrás de” su proyecto de extrema derecha para impedir la reconciliación de los colombianos, no pudiera seguir representando un serio peligro para la sociedad.

 

En Twitter: @Jorgomezpinilla