La Ley 892 de 2004 referente a mecanismos de votación estableció que Colombia debía migrar a votación electrónica en un plazo de cinco años. En el 2011 se expidió la Ley Estatutaria 1475 referente a organización de partidos políticos y temas electorales. En esta ley se estableció una "comisión asesora para la incorporación, implantación, diseño de tecnologías de la información y las comunicaciones para el proceso electoral".
Esta comisión está conformada por el registrador, quien la dirige, representantes de los ministerios de Hacienda y TIC, Planeación Nacional, representantes de los partidos políticos, observadores independientes y miembros del Consejo Nacional Electoral. La secretaría técnica la ejerce Alfonso Portela, delegado de la Registraduría para elecciones.
La Comisión ha venido reuniéndose mensualmente desde el año pasado, estudiando las experiencias de otros países, y está tratando de llevar a cabo una prueba piloto. El año pasado la Comisión invitó a las compañías interesadas a una exhibición que se llevó a cabo en las instalaciones de la Registraduría, donde cerca de 16 proveedores de todos los países presentaron sus soluciones.
El stand más visitado fue el de una empresa venezolana llamada Smartmatic. La compañía fue fundada en el 2000 a partir de ceros y por lo que se conoce, ninguno de los inversionistas tenía experiencia en el tema. Sus gestores eran unos jóvenes ingenieros, Antonio Múgica y Alfredo Anzola, entre otros. El capital inicial fue una inyección de 200.000 dólares aportados por el Fonden, un fondo de inversiones del gobierno venezolano que invierte en capital de riesgo. Esto le dio al gobierno venezolano una participación de 28% en el negocio, y a pesar de incisivas averiguaciones de diferentes investigadores y periodistas venezolanos como Alek Boyd, no hay indicios de que ello haya cambiado. Smartmatic tiene entre sus accionistas al gobierno venezolano.
Las primeras elecciones que realizaron, sin tener experiencia alguna, fueron para el referendo del 2004 en Venezuela que ratificó el mandato de Hugo Chávez. La compañía recibió un pago de 91 millones de dólares.
El caso es que invitados por la ONG "Por la Conciencia", de Eric Ekval, la más prestigiosa publicación académica a nivel mundial en materia de estadística, la
"International Statistical Review", hizo un concienzudo análisis de los resultados del referendo del 2004 y determinó, sin lugar a dudas, que hubo fraude. ¿Conclusión? los sistemas de Smartmatic son manipulables.
En el 2006 Smartmatic compró Sequoia Voting Systems en Estados Unidos, que anteriormente pertenecía a De La Rue, y con esta tecnología llevó a cabo elecciones locales en Chicago, en el condado de Cook. Las cosas no salieron bien. No solo porque había sospechas de fraude, sino porque las máquinas eran de pésima calidad: hubo extensas demoras en la tabulación de los datos, problemas en la transmisión de los resultados desde los lugares de votación hasta el servidor central, pantallas bloqueadas y máquinas lectoras ópticas atascadas.
El escándalo fue de grandes dimensiones, El 31 de octubre del 2006, la Cámara de Representantes pidió una investigación al Committte on Foreign Investment on the United States (CFIUS) (Comité sobre inversiones extranjeras en Estados Unidos) para averiguar si el gobierno venezolano tenía participación en Smartmatic. Se trataba de determinar si estaba en riesgo la seguridad nacional. La reacción de Smartmatic fue desaparecer del panorama creando una cadena infinita de compañías en el Caribe, Holanda, Mexico, Filipinas y Panama, para esconder los verdaderos dueños. Hoy en día es imposible saber cual es el domicilio real de Smartmatic, quienes son sus dueños y dónde pagan sus impuestos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos les abrió otra investigación por haber supuestamente violado el FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) que es la norma que prohibe a las compañías americanas otorgar sobornos. A Smartmatic se le investigó por haber dado un soborno de un millon y medio de dolares al gobierno venezolano inicialmente, y de 4 millones posteriormente. .
Smartmatic después apareció en Filipinas en 2009, donde en una controvertida licitación se ganó un contrato para las elecciones de 2010 por mas de 150 millones de dólares. El proceso de licitación y ejecución del contrato fue un escándalos. Infinidad de indicios y errores en el proceso de contratación por un lado, y en el desarrollo mismo de las elecciones por otro lado, generaron debates en el Congreso, donde llegaron hasta quitarle los pasaportes a los representantes de Smartmatic para que no pudieran salir del país. El último cliente de Smartmatic es Bélgica, que utilizó las máquinas de votar en elecciones el año pasado.
Smartmatic no ha cesado en sus intentos por entrar a Colombia. Desde 2006 sus representantes son visitante comunes en la Registraduría. Pero Smartmatic está tan confiado en que será la solución elegida, que ya sacó aviso en contraportada de Semana en noviembre, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, diciendo que Obama había votado en una máquina Smartmatic, lo cual es falso.
La gran crítica que se le ha hecho al sistema electoral venezolano es que la misma máquina de votar tiene un módulo que capta la huella del votante, de manera que es posible saber el voto del ciudadano y se acaba el voto secreto. Es así como en Venezuela se puede obligar a los votantes beneficiarios de las misiones a ejercer su voto por Chávez en el pasado y ahora por Maduro.
La Registraduría colombiana ha invertido ingentes recursos para desarrollar un sistema de identificación biométrica independiente del sistema de votación, que ha venido funcionando con gran éxito en las elecciones atípicas. Es lo lógico que la Registraduría identifique el votante, y que luego este pueda ejercer su libre derecho en un sistema separado de la máquina captahuella, manteniendo el secreto del voto.
Por ello resulta sospecho que entre las condiciones que ha determinado la Comisión del Voto Electrónico que deben cumplir los sistemas que concursen en la próxima prueba es que "El sistema debe incluir el modulo biométrico para permitir la identificación del votante, con procedimientos de contingencia para los casos donde se presente inconvenientes en la captura de huellas." tal como consta en
el acta 07 de 2012.
De las firmas que se han presentado al proceso la única que incluye este módulo de identificación es Smartmatic. Hay otras condiciones como la obligación de emitir el voto en papel de todas maneras, aunque se esté votando en forma electrónica, que son acordes también con el sistema de Smartmatic.
Hay que abrir los ojos entonces para que cuando llegue el momento de elegir un sistema de voto electrónico, no se elija a un proveedor perteneciente al gobierno venezolano y con un dudoso récord.
*Esta periodista ha tratado infructuosamente hablar con el Registrador Carlos Ariel Sánchez y con el Delegado Alfonso Portela. Las barreras son infranqueables.