¡Hay que jugar!

Nada democrático que las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos puedan concertar una agenda de negociación pero que no se dé la posibilidad de dialogar sobre la paz con la oposición en cabeza del senador Álvaro Uribe y el ex candidato Óscar Iván Zuluaga. 

Zuluaga al reconocer el triunfo reeleccionista dejó abierta esa puerta: “Siete millones de colombianos cuya voz tendrá que ser escuchada por el nuevo gobierno. Aquí hay una opinión ciudadana que reclama un espacio en la política de construcción de la paz negociada”. Lanzó un puente que Santos pateó en su discurso al referirse otra vez a los “enemigos de la paz”, expresión con la que se descalifica y estigmatiza desde el gobierno y las FARC a quienes ejercemos el derecho a la crítica frente al proceso de La Habana o respecto a la reforma constitucional Marco Jurídico para la Paz. 

Santos aparentemente corrigió. La semana anterior indicó que quería “invitar a todos los estamentos políticos del país, incluyendo a Óscar Iván Zuluaga, a que hagamos causa común en la búsqueda de esa paz”. 

Ambas declaraciones deben abrir un espacio de reflexión tranquila y serena tanto en los partidos de la Unidad Nacional como en el seno del uribismo. En ambos hay recalcitrantes que prefieren mantener las consignas que sentarse a ver en serio cuáles son las condiciones para que la paz congregue a todos los colombianos. Ese debe ser el reto, si en realidad se quiere superar la violencia.

Zuluaga y Santos tienen razón en plantear un punto de encuentro. Casi siete millones de colombianos le dijeron NO a la paz en las condiciones propuestas por Santos y las FARC. Solo cerca del 25% de los potenciales electores la respaldaron. Las cifras evidencian que el proceso de paz está lejos de generar el consenso que se requiere. En el gobierno lo saben y en el Secretariado también. 

Empero, en la Casa de Nariño y en sus aliados hay quienes piensan que esa es una situación ideal en el afán de concentrar el control de la burocracia y el aparato estatal. Creen que una vez se firme el “Acuerdo de Terminación del Conflicto” se desatará un tsunami que muela literalmente a quienes se opongan, utilizando el referendo a la manera del plebiscito del 1 de diciembre de 1957. 

Así lo consiguieran, podría ser un espejismo y una victoria puramente transitoria. ¡Insisto! Las minorías en democracia son siempre vocación de mayorías y el poder no es vitalicio. Quienes hoy sean atropellados en unos años pueden ser gobierno y no hay seguro jurídico alguno que les permita a los miembros de las FARC estar completamente blindados por los crímenes cometidos. No importa que se hayan convertido en una fuerza política decisiva ni que hagan parte de un “gobierno de coalición democrática”, camarada Márquez, los votos y el poder no lavan la sangre de las víctimas, ni pagan la impunidad ante crímenes atroces. El único seguro es un “Acuerdo Político” del que haga parte el Centro Democrático. 

Y en mi concepto, el uribismo no debe a negarse a discutir con el gobierno sobre la paz y en un momento dado a llegar a un acuerdo. Tiene 40 congresistas y la enorme responsabilidad de representar a quienes comparten una visión diferente a la de Mesa de Unidad Nacional. Esa representación implica debatir, controvertir, proponer y hablar con Santos de paz, no para validarla, tampoco para frustrarla por capricho, sino para facilitar un escenario en el cual se pongan en blanco y negro las críticas y las respuestas del Gobierno, con el fin de que la “paz negociada” a la que se refirió durante la campaña Zuluaga sea la más conveniente para el país. El gobierno además deberá entender que tiene que ser sincero si quiere un Acuerdo con la oposición. 

No hay que renunciar a los principios. Ni se trata de plegarse a los acuerdos del gobierno y las FARC, tampoco obviar las observaciones y objeciones que sean hecho, legitimar a las guerrillas o elevar la violencia a medio de acción política válido en la democracia, menos avalar la impunidad, la continuidad del terrorismo o que a responsables de crímenes atroces se les conceda el derecho a gobernar a Colombia. Pero habiendo aceptado el Centro Democrático el concepto de “paz negociada” lo que procede es dar un paso adelante y proponer al Presidente Santos un Pacto para la Paz. Si hay decisión se puede influir y al fin y al cabo “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. 

Me da pena con los extremistas de derecha y los loros despistados que solo repiten estribillos, pero el uribismo debe tener claro que si quiere ser alternativa de poder regional y nacional no se puede quedar en consignas, ni atravesado como una vaca muerta en la coyuntura. Ahora con congresistas y la vocería de millones de colombianos estamos en un escenario diferente en el que hay que jugar o resignarse a que Santos y Timochenko redacten las reglas formarles e informales de la política para el próximo cuarto de siglo.