Contratación en Bogotá: el cambio de sombrero, según la "obra"

El informe presentado por el ex candidato presidencial Gustavo Petro, el concejal Carlos Vicente de Roux y el senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo, ya comenzó a arrojar efectos jurídicos.

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación, el viernes pasado, por la presunta participación del senador Iván Moreno en el denominado cartel de la contratación.

Y este lunes, la Fiscalía llamó a interrogatorio al alcalde Samuel Moreno y a otras 17 personas, entre funcionarios y contratistas de la administración distrital; mientras que la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de indagación preliminar al senador Moreno.

“De acuerdo con las intervenciones en la citada rueda de prensa (en la que Petro presentó el informe), algunas de las modalidades observadas son el posible incumplimiento de los procesos de selección objetiva previstos para la escogencia de contratistas y la presunta interferencia indebida en los trámites contractuales del Senador Iván Moreno Rojas, por su condición de hermano del Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas”, dice el comunicado en el que la Procuraduría anunció la investigación.

Petro ha defendido el informe, a pesar de que los hermanos Moreno lo han descalificado diciendo que es una “campaña de desprestigio”. Este fin de semana el ex candidato presidencial dijo que el informe “recoge indicios que son medios probatorios desde el punto de vista judicial”.

Como parte de esos indicios están testimonios de personas que han servido de testigos de las supuestas anomalías en la contratación del Distrito, como el de Alejandro Botero, quien fue subcontratista del empresario Julio Gómez.

En un informe previo, presentado por la Contraloría Distrital, dice que “entre los hallazgos más relevantes y que ha llamado la atención a los investigadores por las concentraciones de poder en contratación de algunos sectores se encuentran: Héctor Julio Gómez González”.

Botero, por su parte, se ha convertido en el ventilador del carrusel de la contratación ante la Justicia.

La identificación de estos personajes de esta historia es importante para entender el rompecabezas que intentó armar Petro con su equipo de investigadores con el objetivo de localizar los posibles focos de corrupción.

Parte del trabajo de los investigadores consistió en identificar qué empresas contratistas cambiaron su objeto (razón social) para hacerse a contratos con el Distrito, y a quiénes pertenecen. Da la casualidad que algunas de esas empresas tienen contratos en el sector de infraestructura, pero también en el sector social. Es decir, para los investigadores, estas empresas “cambian de sombrero” de acuerdo a los intereses.

Así, una empresa que compite en el sector de alimentos como Mauros Food aparece en un contrato por obras de valorización en el sector de infraestructura. Y una empresa dedicada a la ingeniería licita en el sector salud y obtiene parte de un contrato por servicios de transporte de ambulancia. Veamos:

Mauros Food es una “organización del sector de alimentos”, según reza en su objeto. Con la Secretaría de Educación tiene dos contratos en la modalidad de “vigencias futuras” (contratos que se ejecutan con promesa de cumplimiento con el paso del tiempo) por concepto de refrigerios para los centros educativos. Los contratos ascienden a 10.216 millones de pesos.

Pero a la vez, su nombre aparece en dos obras de valorización de la Secretaría de Movilidad: “Calle 134” y “Calle 153”; consorcios en los que tiene una participación del 20 por ciento en cada uno. El primer contrato asciende a 10.148 millones de pesos y en segundo caso a 16.030 millones de pesos.

El nombre de esta empresa aparece al lado de Coopmunicipal (cuya participación es del 50 por ciento) y Coespro Ltda (cuya participación es del 30 por ciento). La pregunta que se hace la Comisión de Investigación del Polo es ¿por qué una empresa como Mauros Food participa en consorcios de valorización? “¡Cómo así, sirve almuerzos y hace obras de ingeniería!”, se preguntó uno de los investigadores de la comisión.

Otro detalle que no dejó pasar por alto la comisión es que Botero, el testigo estrella, indicó que quien realmente maneja esos contratos de valorización es la empresa Costco, cuya representante legal es María Julieta Gómez, familiar de Julio Gómez.

En las actas de constitución de esa empresa aparecen tres sobrinos políticos de Julio Gómez, es decir sobrinos directos de su esposa, Janeth Arévalo. Estos son: Sonia Mariela Arévalo, Diana Paola Arévalo y William Arévalo.

El dato no es irrelevante pues Gómez a través de otras empresas, según constató la propia Contraloría, aparece como uno de los más importantes contratistas del Distrito. También es uno de los nombres mencionados por el ex representante Germán Olano en la conversación en la que supuestamente se mencionan los integrantes del cartel de la contratación, y además, de acuerdo con la Comisión, de tener contratos de infraestructura está vinculado con fundaciones que tienen contratos con el Distrito cuyo objeto reza: “atención especializada a poblaciones vulnerables”.

El caso de las ambulancias

En la administración Moreno se abrió un proceso de licitación para adjudicar la operación, durante casi tres años, del servicio de transporte ambulatorio.

El valor del contrato ascendió a 67 mil millones de pesos.

Las dos empresas que participaron en el plan piloto, “ambas con amplia experiencia y cobertura”, según el informe, fueron descalificadas; una de ellas “porque había ofertado muy barato”.

La licitación se la ganó, al final, la Unión Temporal Transporte Ambulatorio, integrada por tres sociedades: Transporte Ambulatorio Médico Ltda. (con participación del 30 por ciento), Suárez y Silva Ltda. Ingenieros Contratistas (con participación del 50 por ciento), y J. A. Asociados S. A. (20 por ciento).

Sin embargo, según José Antonio Bonnet, representante legal de ese consorcio aclaró a Semana.com que la licitación asignó el contrato con los parámetros de la denominada 'media geométrica', que consiste en promediar la oferta más alta y la más barata.  

Las curiosidades empiezan a aparecer al revisar las actas legales de constitución de la empresa. En ellas se puede constatar que hasta el 15 de abril la empresa Suárez y Silva tenía como objeto obras de construcción, interventoría, consultoría planeación y obras en cualquier campo de la ingeniería (civil, eléctrica, mecánica), entre otras relacionadas.

Sin embargo, en esa fecha la empresa amplió la oferta de servicios de su razón social y agregó “nuevas actividades”. Entre estas se cuentan: Diseño, desarrollo, e implementación de programas en promoción y prevención de la salud, asesorías, elaboración y ejecución de planes de atención básica, salud…” y un largo etcétera relacionado con la salud.

Esta empresa, en septiembre de 2009, en compañía de las antes mencionadas, se ganó la licitación de las ambulancias y su participación en el contrato es de la mitad del monto.

La empresa J. A Asociados del mismo consorcio también es una empresa dedicada a la construcción, según constató la comisión. Dentro de sus representantes aparecen los nombres de Juan Carlos Aldana y Jairo Ramón Aldana, ambos de Sahagún (Córdoba). En este municipio, como ya se ha ventilado en varios medios de comunicación el senador Moreno sacó 3.880 votos, lo cual también despierta suspicacias en la comisión.

Bonnet explicó las razones por las cuales en este tipo de contratos en algunas oportunidades es necesario sumar fuerzas, recursos y experiencia de diferentes empresas para conformar alianzas y llenar los requisitos que exigen los pliegos de licitación. "Es imposible que hubiera habido una asignación indebida en ese contrato, por los requisitos exigidos", dijo Bonnet, quien además aseguró que Unión Temporal Transporte Ambulatorio ha cumplido a cabalidad con el contrato.
 
La Unión Temporal cuenta en este momento con 55 ambulancias y 15 motocicletas, para asistencia médica de los bogotanos, especialmente de los sectores que no están cobijados por el sistema de salud.
 
En respuesta a la versión de la Comisión, el Secretario de Salud del Distrito, Héctor Zambrano, dijo que el consorcio se ajustó a los principios de selección objetiva y calificó de "irrelevante" el hecho de que los socios de J.A Asociados fueran de Sahagún, pues en su criterio "no se pueden satanizar por eso".
 
Lea la respuesta completa de Zambranoaquí. 
 

Otro caso de la SDIS

En la Secretaría de Integración Social, la comisión encontró varios contratos que llamaron su atención debido al portafolio de ofertas de las empresas contratistas y su relación con los “objetos” de los contratos.

Una de ellas es a empresa J. A Zabala Consultores Asociados cuyo titular es el ingeniero Jorge A. Zabala, oriundo Chinú (Córdoba). En su página web se define como “una empresa de servicios e ingeniería”.

En su acta de constitución certifica que la empresa está facultada para prestar servicios de consultoría, asesoría, capacitación, interventoría, auditoría, en diversos campos; concepción, gestión, diseño, operación y ejecución de programas y proyectos dirigidos a entidades públicas y empresa privada, en temas de los sectores sociales, económicos, empresariales, institucionales, organizacionales, ambientales y de infraestructura… mantenimiento de redes de computadores, desarrollo de contenidos para Internet, gestión de comercio electrónico, gerencia de sistemas, sistemas especializados de comunicaciones… venta y alquiler de software, y hardware”.

Pero además, en su oferta de servicios dice que “la sociedad podrá abordar los siguientes temas: en el área de los sectores sociales, la investigación, concepción, diseño, gestión y operación del programa y proyectos dirigidos al diseño de políticas o la atención directa de poblaciones en alto riesgo de vulnerabilidad”.

Precisamente, en el área social fue en la que ganó la licitación de nueve contratos. Seis cuyo objeto reza: “Protección niños, niñas y jóvenes – centro Amar”, en localidades como Suba, Engativá, San Cristobal, entre otros. Para la Comisión no deja de sorprender el hecho de que una empresa “multipropósito” cuya definición original son los servicios de ingeniería tenga a su cargo una labor tan delicada como la atención de personas con discapacidad.

No obstante, las curiosidades no paran ahí. En la administración de Luis Eduardo Garzón, los contratos con esta empresa fueron por 1.581 millones de pesos, mientras que en la administración Moreno suman casi 13.000 millones.

Otro asunto que llama la atención es el hecho de que sólo tres de los nueve contratos los consiguió la empresa de Zabala mediante licitación pública, mientras que los otros seis fueron mediante la modalidad de “selección abreviada”. Este modelo de contratación se utiliza para disminuir el número de participantes en una licitación, dar un plazo más inmediato en la adjudicación, entre otras características, que según los investigadores disminuyen las garantías de transparencia.

De todas maneras, serán las autoridades, las encargadas de demostrar hasta dónde este tipo de prácticas son ilegales o contradicen los principios de transparencia de la contratación y la ética pública.