La Dirección Nacional de la Alianza Verde evalúa escindir el partido, dividirlo y permitirle a Jota Pe Hernández –el senador santandereano reelegido con cerca de 166.000 votos– armar rancho aparte y contar con personería jurídica propia. Al fin y al cabo, el congresista reconoce que es él quien desentona dentro de la colectividad.
Es de derecha –aunque en el Verde aseguran que representa a la extrema derecha– y el partido ideológicamente siempre se ha movido entre el centro y la centroizquierda. El petrismo, hoy apoderado de la colectividad, siente que Jota Pe no los representa y él lo sabe. “Soy quien tengo que hacerme a un lado”, le explicó a SEMANA.
Hernández ganó el primer round: la Dirección aprobó por 31 votos a favor, uno en contra y otro en abstención la escisión de la Alianza Verde. No pidió recursos económicos –como casi siempre ocurre en las separaciones de los partidos– y se comprometió a no llevarse a otras figuras políticas verdes a su nueva personería jurídica.
Pero su tránsito hacia la libertad apenas empieza y le espera un largo camino de espinas que, según confirmó SEMANA, truncaría los planes próximos de Hernández. Confía en que la personería jurídica de su partido estará en sus manos antes de la segunda vuelta presidencial, pero, tal y como están las cosas, podría tramitarse en un año.
La Dirección Nacional del Verde tendrá que emitir una resolución en la que solicitará ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la escisión. En el tribunal electoral, sin embargo, hay un problema de entrada: la Ley 1575 de 2011, que adopta reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.
“No podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando haya iniciado un proceso sancionatorio”, se lee textualmente en su artículo 14.
La Alianza Verde tiene 20 procesos administrativos en el CNE desde 2023 hasta 2026, un escenario similar al de Colombia Humana, el partido de Gustavo Petro, que tuvo que allanarse a cargos y aceptar las millonarias sanciones económicas para fusionarse con el Pacto Histórico.
Este año, por ejemplo, el CNE abrió una investigación de oficio contra el Verde por revocatorias de inscripción en las recientes elecciones a Congreso. También se investiga al partido por presunta vulneración de límites a la financiación privada en una candidatura a la alcaldía de Mapiripán, Meta, en las elecciones del 29 de octubre de 2023.
En 2025, la Alianza Verde empezó a responder por varias investigaciones, entre ellas la presunta violación a propaganda electoral en una campaña a la alcaldía de Albania, Caquetá. Además, la supuesta violación de límites en una candidatura a la alcaldía de Mapiripán, Meta, donde el partido fue sancionado. Otra por un candidato a la alcaldía de Tabio, Cundinamarca, en 2023, y una más por una campaña a la alcaldía de El Cantón de San Pablo, Chocó, en el mismo año.
En 2023, el partido abrió otra investigación por fuentes de financiación prohibida. Otro proceso busca esclarecer la omisión del reporte de gastos de publicidad por parte de Alfredo Esteban Varela, candidato a la gobernación del Atlántico. Y uno más por la presunta vulneración a los límites de financiación privada de Daniel Eduardo Cárdenas, candidato a la alcaldía de Tenjo. De este tema hay sanción administrativa. Igualmente, el CNE investiga al partido porque no presentó los informes de ingresos y gastos de campaña en las elecciones territoriales de 2023, entre otras.
¿El partido se allanará a cargos y pagará las sanciones administrativas, que, en algunos casos, serían millonarias, para dividirse en favor de Jota Pe Hernández? Es casi imposible. Hoy la Alianza Verde debe 5.000 millones de pesos que prestó para la reciente campaña al Congreso, y la reposición de votos se demora hasta un año.
Por su parte, la escisión propuesta por la representante Catherine Juvinao está más enredada. Ni siquiera tiene el visto bueno de la Dirección Nacional del partido.