Ex del M-19, obligados a pedir perdón público por toma del Palacio de Justicia

Ha sido grande la controversia que ha generado el fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el que ratificó la condena al coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Y no menos, ha generado discusión el hecho de obligar al Ejército, como institución, a pedir público perdón a los familiares de las 11 personas desaparecidas tras los operativos de retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

Militares en retiro rechazaron la decisión judicial. E incluso el presidente Juan Manuel Santos prefirió pedirle perdón al Ejército tras conocer el fallo. Un sector de la sociedad no oculta su indignación. Así se deja ver en las redes sociales donde se cuestiona que sea el Ejército y no el M-19, el obligado a pedir perdón por el holocausto.

Pero una ley de la República, la Ley de víctimas y restitución de tierras (ley 1448 de 2011), obliga a los miembros del M-19 que se desmovilizaron a finales de los años 80 a pedir público perdón a las víctimas por sus acciones subversivas, entre ellas, la toma al Palacio de Justicia.

El artículo 196 de esa ley establece medidas de satisfacción y reparación simbólicas, a las cuales deben comprometerse los miembros de grupos armados ilegales que se hayan beneficiado de indultos o amnistías.

“Los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley que, en desarrollo de procesos de paz adelantados con el Gobierno Nacional, se hayan beneficiado con las medidas de indulto, amnistía, auto inhibitorio, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento (...) estarán obligados a enaltecer la memoria de sus víctimas a través de la ejecución de las medidas de satisfacción y de reparación simbólica previstas en esta ley”, señala la Ley de víctimas .

Esa fue una decisión que adoptó el Congreso colombiano al incluir este artículo. Que no establece compromisos con estos desmovilizados, pero que a la vez los blinda de cualquier controversia que busque obligarlos a responder judicialmente.

El senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), autor de la ley, advierte que no era posible que a esos grupos de desmovilizados, que recibieron la mano generosa del gobierno, se les volviera a juzgar por cuenta de la ley de víctimas. “Lo único que consideró el Congreso fue exigirles medidas de satisfacción”.

Esas medidas de satisfacción son todas las acciones que tiendan a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

Además, aclara el senador Cristo, los desmovilizados del M-19, por ejemplo, tienen que pedir perdón por su sola pertenencia a ese grupo ilegal, así no hayan participado de algunos actos ilegales de la organización.

Eso significa que la ley conmina a todos los ex del M-19 por la toma armada del Palacio. Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá, y Antonio Navarro, secretario de gobierno del Distrito Capital, son dos de los desmovilizados que tendrían que cumplir con este requisito.

Incluso, hasta estos dos actuales funcionarios deberán hacer lo propio por el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, por ejemplo.

¿Y cómo tendrán que hacerlo? El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, le presentará un informe al Comité Ejecutivo para la Atención y reparación a las Víctimas (dirigido por el propio presidente de la República), en el que relacione los miembros de las organizaciones ilegales que obtuvieron beneficios penales por parte del Estado.

El Ministerio de Justicia tiene, desde el pasado 1 de enero, un plazo de cuatro meses para presentar ese informe. Desde ese momento, el Sistema de reparación a las víctimas, en un término de 12 meses, deberá imponer las medidas de reparación que deben cumplir quienes estén relacionados en ese informe, según explicó el director de justicia transicional del ministerio, Miguel Samper.

Según estos términos, esto significa que el 2012 será el año en que los desmovilizados del Quintín Lame, el M-19, el ERP, pidan perdón a sus víctimas.

Sin embargo, la Ley de víctimas también establece que quienes hayan pertenecido a las organizaciones armadas al margen de la ley podrán ir de forma voluntaria al Ministerio de Interior o al de Justicia para poner de manifiesto su intención de enaltecer a las víctimas.

Para ello, la ley establece un plazo de tres meses desde su vigencia. Fuentes del Gobierno revelaron que, hasta el momento, no se ha acercado ningún desmovilizado a manifestar su voluntad.

Una de las formas que Lde víctimas para que los desmovilizados pidan perdón es mediante la realización de un documental, en el que además de enaltecer y reavivar la memoria de las víctimas, los victimarios hagan público perdón por los hechos cometidos. La realización del documental correrá a cargo del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública, y deberá ser transmitido por el Canal Institucional, los canales regionales y los privados.

Si un fallo judicial obliga al Ejército a pedir perdón por la retoma del palacio de Justicia (aunque falta que se resuelva el recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia), el M-19 está obligado a hacer lo propio por la toma del complejo judicial, gracias a la disposición de una ley de la República: la de reparación a las victimas.