Ley de víctimas: ¿para las víctimas o para el gobierno?

El proyecto de la llamada Ley de Víctimas, que estuvo engavetado casi dos meses en el Congreso, vuelve a la agenda del Legislativo para su debate este miércoles. Sin embargo, una nueva talanquera se atraviesa en el camino de la iniciativa que busca reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado: la ponencia que presentaron, el pasado viernes, los representantes a la Cámara Jorge Humberto Mantilla, del Partido Conservador y Fernando de la Peña de Alas Equipo Colombia.

La noticia de que había una nueva propuesta tomó por sorpresa al representante Liberal, Guillermo Rivera, quien es el actual ponente del proyecto original al que le faltan dos debates para convertirse en Ley: uno en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y otro en el Pleno de esa Corporación.

El viernes pasado Rivera se enteró de la existencia de una nueva ponencia radicada en la Cámara que cuenta con el apoyo del gobierno y que reñirá con la suya. La preocupación de la aparición en el debate de la nueva ponencia, sin embargo, no es solo de los liberales. Las organizaciones de víctimas y representantes de la ciudadanía también recibieron la noticia con una mezcla de frustración e indignación. Las razones no son infundadas. Las diferencias de las ponencias son abismales, no solo en su contenido sino en la manera en que se han construido.

Previamente el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, había quedado de reunirse con Rivera para discutir la propuesta inicial. Pero le canceló tres encuentros y no le devolvió las llamadas. El ministerio ahora respalda la nueva propuesta. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos proyectos y quiénes serán los beneficiados?

Oír, o no oír a las víctimas

La propuesta que radicó el representante Rivera ha sido producto de un consenso entre víctimas, representantes de la ciudadanía, congresistas, académicos y representantes de instituciones del Estado como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. En cambio la propuesta de Mantilla y de la Peña fue producto de un acuerdo que se mantuvo en secreto hasta la semana pasada cuando la radicaron.

Desde que comenzó la actual legislatura, la Fundación Social, varios congresistas y representantes de los gobiernos locales, han hecho 8 audiencias públicas a las que han asistido cerca de 3 mil víctimas del conflicto. En ellas, los organizadores de las jornadas, que son patrocinadas por la ONU, han escuchado sus propuestas y denuncias.

Los testimonios de las víctimas, para los asistentes a las audiencias públicas han sido desgarradores. Pero a la vez esa participación ha nutrido la propuesta inicial que busca el reconocimiento de las víctimas y su reparación, no solo económica sino simbólica.

“Queremos que nos devuelvan nuestros juguetes, los animales y volver a la casa”, dijo un niño de una familia desplazada cuando le preguntaron qué era lo que más deseaba para recuperar su antigua vida.

Por esta razón, la analista política Laura Gil, lamentó que de los representantes que firmaron la ponencia que respalda el gobierno, De la Peña solo hubiera asistido a la audiencia en Valledupar y Mantilla a ninguna. “Si hubiesen acudido, otro sería el texto”, dijo Gil.

En ese mismo sentido la coordinadora del Área de Reparaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Catalina Díaz, dijo que “para hacer justicia, es fundamental escuchar a las víctimas, tomar en serio sus propuestas. No hacerlo es muy negativo para el proceso de reconocimiento, de acogerlas de nuevo en nuestra comunidad política”.

¿Y las víctimas de agentes del Estado?

Desde la legislatura anterior, el entonces Ministro del Interior Carlos Holguín dejó claro que el gobierno no estaba dispuesto a aceptar que el Estado era responsable de la vulneración de los derechos de las víctimas, a menos de que el Estado fuera vencido en juicio. Este punto que quedó consignado en la ponencia de Mantilla y De la Peña, redujo el universo de víctimas solamente a las de grupos ilegales.

De ser aprobada, las víctimas de agentes de la Fuerza Pública, los familiares de civiles desaparecidos que luego son presentados como caídos en combate, no tendrían derecho a la reparación, salvo que haya una condena del Consejo de Estado o de una Corte internacional. Podrían pasar hasta más de veinte años para que reciban una indemnización.  

“Es muy sintomático que cuando empezamos a hacer denuncias de desaparecidos y de posibles ejecuciones extrajudiciales se radique un proyecto de Ley que no reconoce a las víctimas de agentes de Estado”, advirtió Iván Cepeda, representante del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado. Cepeda se refería a las denuncias que en los últimos días se han hecho de la posible participación de miembros de la Fuerza Pública en las desapariciones de jóvenes en varias partes del país, que después son presentados como caídos en combate.

Según Catalina Díaz, en el marco de la justicia transicional -la que se aplica cuando un país pasa de una dictadura a una democracia, o cuando unos combatientes deciden dejar las armas-, “al Estado le corresponde una cuota de responsabilidad por no garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos, si por cualquier razón permitió que ocurrieran masacres, desplazamientos, asesinatos, etc.”.

A este desconocimiento de las víctimas de agentes de Estado, se suma la negación de la existencia de un conflicto en Colombia. La propuesta que fue radicada en un principio reconocía la existencia del conflicto armado, y llamaba a las víctimas, “víctimas del conflicto”. Pero tras las negociaciones con el gobierno, para que la propuesta saliera bien librada en segundo debate, los impulsores de la iniciativa tuvieron que cambiar el concepto a “víctimas de la violencia”. Pero la nueva propuesta que cuenta con el apoyo del gobierno va más lejos: Sólo admite a las víctimas de la “violencia armada”.

Restitución por solidaridad vs. restitución por responsabilidad

Otro punto de la ponencia de Mantilla y De la Peña, que diverge radicalmente de del partido Liberal, es el que plantea la reparación por solidaridad y no por responsabilidad. Al no reconocer la responsabilidad del Estado, si éste entrega dineros o asiste humanitariamente a las víctimas, lo haría por “buena voluntad”, pero no porque acepta que lo que le pasó a esa víctima fue por su incapacidad de protegerla.

Por el contrario, el proyecto que fue aprobado en segundo debate por el Pleno del Senado, se acoge a lo que expresó la ONU en documento que se llama Reglas legales para los post conflictos de los Estados. El documento dice que “los Estados están obligados moral y políticamente a adoptar medidas comprensivas y a introducir programas de reparación que tengan en cuenta las categorías de víctimas afectadas por estas violaciones”.

Por esta razón Catalina Díaz dijo de la propuesta hecha por el gobierno, “no entiende la reparación como medida de Justicia. Confunde la reparación con la asistencia humanitaria. Desconoce los resultados de escuchar a las víctimas y la distinción entre restitución y solidaridad”.
 
El documento radicado por Mantilla y De la Peña suscribe el interés del gobierno que ha argumentado que no es viable, en términos fiscales, reparar a las víctimas integralmente. La ponencia eliminó la creación del Consejo Nacional de Restitución de Bienes, entre otras figuras contempladas por la ponencia Liberal con el fin de restituir los bienes que perdieron las víctimas por razones del conflicto. El argumento es que no hay fondos y si los hay, la culpa de la condición de las víctimas no es del Estado y quien debe pagar es quien tiene responsabilidad penal individual, es decir, el agresor directo.

Aunque la preocupación por el monto fiscal y de donde saldrá el dinero para la restitución de los bienes de las víctimas es entendible, lo correcto hubiera sido no presentar una nueva ponencia, sino discutir cómo crear los mecanismos para garantizar el derecho de las víctimas a recuperar sus tierras, entre otros bienes. 

Con desconsuelo, el representante Rivera dijo que sería mejor que no se hiciera ninguna Ley, “pues la ponencia de Mantilla y De la Peña, en lugar de ser un avance en la protección de los derechos, lo que representa es un retroceso”.