¿Hubo narcos en la toma del Palacio?

El martes 6 de noviembre de 1985 se quemaron en el Palacio de Justicia las evidencias sobre lo que pasó allí durante las 48 horas del holocausto. Lo que nadie se imaginaba es que entre las cenizas todavía había una brasa capaz de provocar otro incendio. Y la brasa fue soplada esta vez por el Presidente de la República. Álvaro Uribe advirtió hace 10 días en Miami que "En el pasado se indultaron atrocidades de la guerrilla. El M-19 quemó el Palacio de Justicia, en asociación con el narcotráfico, y están indultados". El pronunciamiento del Presidente avivó una aguda controversia y desenterró un interrogante que a lo largo de 19 años ha rondado las cabezas de muchos colombianos: ¿fueron el narcotráfico y el M-19 cómplices en la toma del Palacio de Justicia?

Para nadie es un secreto que el M-19 y Pablo Escobar tuvieron una relación. Es una historia que se ha publicado en por lo menos una docena de libros. Pero ¿eran aliados o simplemente tuvieron encuentros circunstanciales? ¿Hacían operaciones conjuntas o simplemente tenían objetivos comunes? ¿Era una relación económica, social o política?

Curiosamente, la relación entre ambos comenzó con una declaratoria de guerra. En 1980, el eme intentó secuestrar a Carlos Lehder con fines económicos y éste se les escapó mientras lo trasladaban en un carro. Pocos meses después, según Alonso Salazar, en su libro La parábola de Pablo, los militares llamaron a Jorge Luis Ochoa y le dijeron que habían interceptado grabaciones del M-19 y sabían que se fraguaba otro secuestro contra un capo del narcotráfico. Ochoa acudió a Pablo Escobar y éste, en menos de una semana, logró capturar a tres de los más importantes miembros del M-19 en Medellín: Elvencio Ruiz, Luis Gabriel Bernal y Pablo Catatumbo. Escobar persuadió a estos guerrilleros de desistir de cualquier acción contra sus amigos y empezó a entablar, según Salazar, una relación de amistad con ellos.

Pero todo se agrió cuando en noviembre de 1981 el M-19, incumpliendo su palabra, secuestró a Marta Nieves Ochoa, miembro del reconocido clan de los hermanos Ochoa, vinculados al narcotráfico. A la postre, este secuestro realizado por el M-19 propició que se reunieran los grandes capos de la droga y crearan el Movimiento Muerte a Secuestradores, MAS. Este movimiento sería la primera semilla del paramilitarismo en Colombia.

Escobar, que se sintió traicionado por el M-19, comenzó a perseguir sin tregua a esta organización en Medellín. Retuvo a más de 30 personas vinculadas a esta guerrilla y presionó la liberación de Marta Nieves Ochoa, la que al final se logró gracias a la mediación del entonces hombre fuerte de Panamá, Omar Torrijos. Por su parte, la mafia liberó a los guerrilleros que tenía en su poder.

De ahí en adelante la relación del M-19 y Pablo Escobar se normalizó. "Nosotros no nos metemos con las familias de ustedes ni con las que ustedes digan, y ustedes no se meten con nosotros", fue, según Roberto Escobar Gaviria -hermano de Pablo- la propuesta que hizo un emisario del M-19 y que Pablo Escobar selló como un pacto de honor.

Para esa época las dos organizaciones tenían algunas causas comunes. Pablo Escobar era un acérrimo enemigo de la extradición porque era una espada de Damocles que pendía sobre su nuca. El M-19 rechazaba el tratado por convicción ideológica y política. "Éramos la única guerrilla nacionalista que había en el país", dice el ex miembro del M-19 y hoy senador Antonio Navarro. El discurso del eme era explícitamente antiyanqui y para este movimiento guerrillero uno de los símbolos más claros del imperialismo del Tío Sam era la extradición.

Posteriormente, en el año 83, Jaime Báteman Cayón, el carismático líder del M-19, fue contactado por un hombre cercano a Escobar a través del cual se concertó una cita entre el líder guerrillero y el capo del narcotráfico, que entonces era representante a la Cámara. El encuentro nunca se realizó. Cuando Bateman viajaba de Colombia a Panamá a cumplir la cita, su avioneta se estrelló en las selvas húmedas del Darién y nunca más se supo de él.

Tras la muerte de Bateman, Iván Marino Ospina asumió el mando de la organización guerrillera y la relación con Escobar. "Iván Marino tenía el estilo necesario para relacionarse y hacerse respetar en el mundo del bandidaje, era recio, frentero, guapo y sin agüeros. En ese mundo rudo pegaba muy fácilmente, generaba confianza", dice el ex militante del M-19 Álvaro Jiménez en el libro Las verdaderas intenciones de los paramilitares.

La relación entre Ospina y Escobar se hizo intensa y fluida, desde la primera reunión. "Iván Marino -que tenía habilidad natural para tratar con los bandidos- y Pablo -que se las daba de revolucionario- tuvieron gran empatía. Hablaron de la situación del país, compartieron su vocación nacionalista, su espíritu insurrecto y acordaron mantener las relaciones", dice un ex guerrillero del M-19 en La parábola de Pablo.

Fue no sólo una relación de empatía sino de interés, especialmente logístico. A través de los hombres del M-19, Escobar, Lehder y 'El Mexicano', contactaron a miembros del gobierno sandinista en Nicaragua con los que acordaron el uso de su territorio a cambio de armas, dice Salazar en su libro.

A finales de 1984, Iván Marino Ospina dijo en una rueda de prensa en México que los extraditables debían cumplir su promesa de matar a un norteamericano por cada colombiano extraditado. Estas imprudentes palabras le hicieron daño al M-19 y molestaron tanto a la cúpula de esa organización que dos meses después, en febrero de 1985, fue relevado de la comandancia. Hasta allí llegaron las relaciones documentadas entre Pablo Escobar y el M-19.

Hay otros episodios que tratan de revelar vínculos más estrechos entre el eme y los narcos, pero pertenecen más al mundo de la imaginación que de la realidad. Roberto Escobar Gaviria, 'Osito', dice en su libro Mi hermano Pablo que Iván Marino le regaló al gran capo la espada del Libertador, que había sido hurtada por el eme de la Quinta de Bolívar el día de su fundación. Este es un episodio negado a muchas voces por los miembros del M-19. Resulta difícil de creer que un grupo guerrillero que fue reconocido por su audacia y su idealismo manchara su 'dignidad revolucionaria' entregando el símbolo de la independencia de Colombia al capo más grande del narcotráfico en el país. Todos los ex guerrilleros del M-19 que hoy reconocen los contactos mencionados anteriormente consideran absurda e indignante la teoría de la entrega de la espada.

Carlos Castaño dio una versión tan comprometedora como la del 'Osito' en su libro Mi confesión, en el que narra cómo a mediados de 1985 él vio a Carlos Pizarro, comandante del M-19, en la Hacienda Nápoles hablando con Pablo Escobar y otros grandes capos sobre la toma del Palacio de Justicia. Según Castaño: "El comandante guerrillero no llevaba su famoso sombrero blanco sino una gorra. Tras unas gafas oscuras ocultaba su mirada". Más adelante, Castaño dice que Pizarro pidió: "Un millón de dólares para el M-19 por eliminar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y un millón de dólares adicionales por destruir todos los archivos". Y agrega que tanto él como su hermano Fidel Castaño entregaron armas cortas, algunos fusiles y dinamita al comando que se tomó el Palacio.

A pesar de lo espectaculares, estas revelaciones han despertado mucho escepticismo. Carlos Castaño le dedicó su vida a vengarse de la guerrilla, como él mismo lo reconoció. En consecuencia, su imparcialidad en versiones que manchen la imagen del M-19 es bastante dudosa. Si a esto se agrega que después de eso, según su propia confesión, ordenó el asesinato de Pizarro, las posibilidades de un interés creado en su relato son mayores. El libro de Castaño tenía el propósito de lograr el perdón de la sociedad, al justificar ideológicamente sus atrocidades. Por lo tanto la versión de que asesinó a Pizarro por ser cómplice de Pablo Escobar en la toma del Palacio de Justicia le convenía mucho.

Diversos investigadores serios de los hechos del Palacio como Darío Villamizar, Ramón Jimeno, Juan Manuel López y Laura Restrepo coinciden en que la versión de Castaño es altamente dudosa. Quienes han documentado el caso han llegado a la conclusión de que la verdadera razón de la toma del Palacio de Justicia fue una frustración por el proceso que estaba tomando el proceso de paz.

El M-19 y su comandante Pizarro estaban por entonces denunciando los fuertes hostigamientos del Ejército sobre sus campamentos de Yarumales, convertidos supuestamente en 'zonas de distensión' durante la tregua. Un cese del fuego que había sido violado reiteradamente por el gobierno con intensos bombardeos que más adelante denunció con detalle Laura Restrepo en su libro Historia de una traición. A tal punto llegaron los ataques, que el propio Antonio Navarro resultó gravemente herido cuando fue atacado en un atentado con granadas en Cali. El incidente le costó una pierna y lo obligó a exiliarse por un largo período en México.

Frente a esta actitud hostil del gobierno ante un proceso de paz que estaba tambaleando, el M-19 se sintió traicionado. Fue cuando los dos hombres fuertes del eme, Carlos Pizarro y Álvaro Fayad, decidieron hacerle un juicio al Presidente de la República por el incumplimiento de sus compromisos en el proceso de paz. Esta locura es el origen de todo el holocausto posterior.

Todo salió mal

La toma del Palacio marcó el principio del fin del M-19 y dejó una huella imborrable en la historia reciente de Colombia. Durante 28 horas de terror, una veintena de guerrilleros dispararon hasta que las llamas, el humo y las balas acabaron con sus vidas, las de 11 magistrados y decenas de civiles. En total fueron 95 muertos y 12 desaparecidos. Ningún guerrillero sobrevivió.

Desde ese momento se comenzó a especular sobre la posible complicidad del narcotráfico en la acción de los guerrilleros. El gobierno no se cansó de repetir que la toma era el fruto de una alianza entre el M-19 y los extraditables.

Había algunos indicios circunstanciales que permitían pensar en esa dirección: las amenazas que recibieron los magistrados los días previos, la coincidencia de la discusión del tema de la extradición con el día de la toma, las consignas contra la extradición que gritaron los rebeldes al entrar al Palacio y, sobre todo, el oportuno incendio del edificio con los expedientes dentro.

Incluso, el 7 de noviembre, mientras el Palacio todavía ardía, el consejo de ministros, al cual pertenecían entre otros Enrique Parejo y Jaime Castro, emitió un documento que reafirmaba esta versión. Castro fue tan lejos en su convicción sobre el nexo entre M-19 y los extraditables, que cuando fue alcalde de Bogotá mandó colgar una placa en una de las esquinas del Palacio de Liévano en donde conmemora los hechos del Palacio y al final dice: "El Palacio es consumido por las llamas, así como los expedientes, cuya destrucción buscaron los asaltantes".

A Enrique Parejo tampoco le caben dudas. Con base en las coincidencias mencionadas anteriormente ha llegado a la conclusión de que el narcotráfico financió la toma.

Esta es una versión que no sólo creen antiguos miembros del gobierno de Belisario Betancur. Muchos familiares de los magistrados que murieron en el Palacio piensan lo mismo. Carlos Medellín, quien lleva años insistiendo en el tema, le llevó al Presidente la semana pasada lo que él llamó múltiples indicios sobre la complicidad de las dos organizaciones al margen de la ley en el holocausto del Palacio.

Sin embargo, estas convicciones hasta ahora no han podido ser confirmadas. Así lo concluyó el Tribunal Especial nombrado por el propio gobierno para investigar estos hechos. Este Tribunal no encontró pruebas de que los guerrilleros hubiesen quemado los archivos y en cambio no descarta la posibilidad de que el origen del incendio hayan sido los cañonazos de los tanques militares.

En cuanto a la participación del narcotráfico en la toma, la investigación de ese Tribunal, después de varios meses de deliberación, concluyó: "El M-19 actuó solo".

La justicia tampoco encontró nunca pruebas de que hubiese existido una operación conjunta entre los extraditables y los guerrilleros en la toma. Lo que no niega que tuvieran el interés común de frenar la extradición. Pero intereses comunes no significan acciones conjuntas. El hecho de que Osama Ben Laden y Saddam Hussein compartan su odio por Estados Unidos no quiere decir que Hussein haya tumbado las Torres Gemelas. Y por cuenta de ese malentendido se ha producido una absurda guerra.

Por eso cuando el presidente Uribe lanzó en Miami su carga de profundidad contra los miembros del M-19, pisó un terreno minado. Desprestigiar un proceso de paz exitoso como ese puede poner en peligro la estabilidad jurídica de los procesos de negociación.

Paradójicamente fue el mismo Uribe quien como senador de la República, el 20 de mayo de 1992, propuso en el Congreso que se buscara con urgencia una fórmula jurídica en el caso del Palacio de Justicia, "a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total a favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional". Sobra decir que la proposición fue aprobada.

Nadie calculaba que 12 años después, en medio de una agitada coyuntura política y un polémico proceso de paz con las autodefensas, sería el mismo Uribe quien le tendería un manto de sombra al indulto de los miembros del M-19 por el holocausto del Palacio de Justicia.

¿Por qué lo dijo?

Las palabras de Uribe han tenido tal efecto político que muchos piensan que se trató de una frase incluida maquiavélicamente en un libreto fríamente calculado.

Se ha dicho que era una sacada de clavo con Gustavo Petro, presidente del Polo Democrático y uno de los más acérrimos críticos del gobierno, quien hace dos semanas promovió un debate sobre derechos humanos en el Congreso y cuestionó duramente el proceso de paz con los paramilitares.

También se ha dicho que su intención era debilitar a uno de sus posibles rivales en la próxima contienda presidencial: Antonio Navarro Wolf. Éste, quien se ha construido una trayectoria pública muy destacada desde que abandonó las armas, ha sido la primera víctima de la polémica que desataron las palabras del Presidente.

Otra interpretación que se ha dado a estas palabras es que tenían por objeto simplemente justificar la negociación con las autodefensas en Santa Fe de Ralito, equiparándola con el proceso de negociación que tuvo lugar con el M-19.

A pesar de todas esas especulaciones sobre las motivaciones que tuvo Uribe en sus declaraciones, quienes lo conocen de cerca creen que la explicación es mucho menos maquiavélica. El Presidente es bravo, impulsivo y con frecuencia se le salta la piedra. En esas condiciones, el margen de error es muy alto. Como escribió Rodrigo Pardo en su columna de El Tiempo, no se tomó sus goticas.

Esto, sin embargo, no lo exonera de su responsabilidad en un episodio que seguramente tendrá consecuencias. Inicialmente, al Presidente no le fue mal pues la mayoría de la opinión pública tiende a creer en conspiraciones como la que describió Uribe. Pero la situación puede comenzar a volteársele ante la falta de pruebas y las implicaciones políticas que tiene.

Denigrar del proceso de paz más exitoso que ha tenido el país hasta la fecha no es una actitud constructiva ni justa. Puede ser interpretado como un acto de deslealdad del Estado con personas que han creído en su palabra y que han cumplido la suya.

Navarro y algunos de sus antiguos compañeros del M-19 manifestaron su disposición a renunciar a sus indultos para que se reabra una investigación sobre el tema. El propósito es ponerle un tatequieto al Presidente o por lo menos neutralizar sus declaraciones. Obviamente en esto hay algo de espectáculo y ninguna de estas propuestas cristalizará.

El propio gobierno quiere dar por terminado el asunto. Tanto el Presidente, en privado, como el Alto Comisionado para la Paz, en público, han dejado claro que el gobierno no pone en tela de juicio ni el proceso del M-19 ni el indulto.

La polémica que despertaron las palabras del Presidente va mucho más allá del escándalo prosaico y los efectos electorales de la coyuntura política. Va a la memoria colectiva de un país que necesita conocer la verdad para cerrar definitivamente las profundas heridas que ha dejado la intolerancia de los colombianos. Pero así como este episodio deja de manifiesto el valor de la verdad para la reconciliación, hay momentos en los que existen las razones de Estado en la búsqueda última de la paz.