La feria de Estupefacientes

Quienes conocen al senador costeño Javier Cáceres saben que más de uno tiembla en sus debates. No sólo se aprende de memoria los documentos, las cifras y las fechas de sus denuncias sino que le encanta tener un 'guardao', por si acaso. El debate de la semana pasada contra las irregularidades y el mal manejo de los bienes incautados al narcotráfico no fue la excepción. El 'guardao' estaba en su maletín. Era una grabación que le habían entregado seis días antes del debate. El casete contiene una conversación en la que un hombre se identifica como José Melo, un arrocero del Tolima, y dice ser amigo personal de Luis Humberto Gómez Gallo, según lo confirmaron a SEMANA tres fuentes. En la conversación grabada, Melo le pide al senador Cáceres, a nombre del presidente del Congreso, que cancele el debate y a cambio le ofrece la cabeza del coronel retirado Alfonso Plazas, director de Estupefacientes. Sin duda era el mejor trofeo que podría exhibir un político y más cuando el ofrecimiento, según Melo, contaba con el respaldo del ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega. Cuando Cáceres se enteró de la propuesta indecente entró en cólera. Según le confirmó el senador a SEMANA, "mi respuesta fue contundente. Yo les mandé a decir que no estoy detrás de la cabeza de nadie ni de puestos. Y voy a hacer el debate por encima de todo el mundo".

Cuando era evidente que el debate se les venía encima, el ministro Pretelt convocó el sábado a una intempestiva cumbre en la sede de Estupefacientes que se prolongó hasta altas horas de la noche y luego le anunció a la prensa un gran revolcón en la entidad. Anunció que Alejandro Olaya Velásquez había renunciado a la subdirección de bienes, que iba a abrir una licitación para elegir auditorías de prestigio, y auguró nuevas contrataciones y despidos. Remató diciendo que existían entre seis y siete denuncias penales contra administradores de bienes confiscados por el Estado. Aunque el director de la entidad no estuvo en la cumbre, el ministro Sabas dijo que el coronel Plazas estaba de acuerdo con todas las medidas.

Al día siguiente, el ex ministro de Justicia Fernando Londoño defendió con vehemencia a Plazas en su columna de El Tiempo titulada 'Al oído del señor Presidente': "El senador Cáceres prepara un debate en el que va por el más leal, capaz y resuelto de sus hombres en el frente". La columna de Londoño fue el abrebocas del debate. Desde junio, Cáceres había solicitado una fecha en la plenaria del Congreso para destapar las irregularidades que había logrado documentar sobre el manejo de los bienes incautados a los narcotraficantes. Pero a medida que pasaban los meses era evidente que algo raro ocurría puesto que en tres oportunidades le dijeron que el debate quedaba aplazado. Mientras esperaba la que sería su intervención, se enteró de que el director de Estupefacientes, coronel retirado Alfonso Plazas, lo había denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia y le pidió la pérdida de su investidura al Consejo de Estado. A pesar de que el oficial retirado del Ejército movió cielo y tierra para impedir el debate, finalmente Cáceres intervino el pasado martes 26 de octubre.

Sin embargo, ese día otra piedra se atravesó en el camino. Plazas recusó a Cáceres ante la comisión de ética del Senado con el argumento de que el senador tenía un interés personal frente al debate. Ante esta posición del director de Estupefacientes, los congresistas protestaron unánimemente ."Quienes son los corruptos son los que acuden a la Corte para poner denuncias y solicitar recusaciones", dijo enérgicamente el parlamentario Luis Carlos Avellaneda. "Lo que pretende el coronel Plazas hoy con la insólita recusación es amordazar al Congreso, cuya función es el ejercicio político", sostuvo el congresista Efraín José Cepeda. En vista de que todo el Congreso cerró filas apoyando a Cáceres, Plazas se vio obligado a presentar disculpas.

'Aquí hay una cosa maluca'

"El presidente Uribe dijo que si había errores en la Dirección de Estupefacientes se reconocieran y se corrigieran. Yo quiero decirle al Presidente que aquí no sólo hay errores sino horrores con 'H'. Y no sólo hay horrores, sino violación de las normas legales". Así arrancó el debate de Javier Cáceres. Comenzó con el caso de Mario Tomás Mosquera López, un hombre con antecedentes penales a quien la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) le entregó en depósito provisional la finca La Luisa, uno de los mejores criaderos y reproductores de caballos de paso fino incautado en el Valle del Cauca, a Joaquín Mario Valencia, 'El Caballista'. Lo primero que hizo Mosquera fue venderles 10 caballos a sus amigos por 48 millones de pesos y jamás presentó pólizas ni garantías del contrato con Estupefacientes. Frente a estos hechos, la DNE le quitó la administración de la propiedad. "Después este individuo sale corriendo -afirma Cáceres-, hace una sociedad familiar, la inscribe en la Cámara de Comercio con el nombre de Mope, o sea Mosquera Perdomo Ltda., y el coronel le entrega 11 bienes para que los administre, entre ellos la hacienda Gualas en San Martín, Meta, que pertenecía al extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha 'El Mexicano', con 1.500 hectáreas sembradas de arroz y 1.500 cabezas de ganado". Lo más grave es que de acuerdo con una auditoría de hace tres meses de la misma DNE, el representante legal de Mope, Bernardo Sendoya, le alquila la finca a Mosquera en diciembre del año pasado por dos millones de pesos al mes, con ganado incluido, y éste a su vez la subarrienda a Jesús María Caballero por 384 millones de pesos anuales por cinco años y le entrega el dinero por adelantado. "El señor Mosquera se ganará aproximadamente 2.000 millones de pesos y el Estado colombiano, menos de 24 millones de pesos al año", sostuvo el senador. (Ver recuadro).

Después Cáceres citó otro caso en el que arrancó diciendo: "Aquí hay otra cosa maluca". Se trata de la administración de varias empresas en la Costa Atlántica que el coronel Plazas le dio a su amiga personal Lilia Beatriz Sánchez, hija de un oficial retirado. Cáceres tenía en sus manos las pruebas de más de 60 irregularidades cometidas por ella. Facturas de una tarjeta de crédito con la que se gastó 10 millones de pesos en perfumes, calzado y ropa. Pagos al mes en celular de 730.000 pesos. (Ver recuadro).

El parlamentario, con su chispa costeña, narró con lujo de detalles los almuerzos de Lilia Sánchez. "En La Gran Paella comenzó con media de 'whisky' Buchanans. Más tarde se mandó la botella completa". A pesar de la seriedad de la denuncia, los congresistas soltaron la carcajada. "No se rían que esto es serio. Luego se sintió mareada y pidió una sopa de cebolla. Pidió otra botella de Buchanans. Muelas de cangrejo, champiñones a la milanesa, muelas al ajillo. Y pagó la cuenta por 500.000 pesos, todo con plata de Estupefacientes".

El senador, con documento en mano, reveló que Plazas conoció todas estas irregularidades desde marzo de este año y sin embargo no la despidió sino pasados varios meses .

Después continuó con otro caso. El de Valentina, una motonave incautada a un narcotraficante. Se la entregaron a Iván Correa, un capitán retirado de la Armada, sin garantías y sin las pólizas de rigor. En Islas del Rosario se encalló y fue totalmente desmantelada. "No sólo se robaron a Valentina sino que cuando la sacan hacia Cartagena, al frente de Mamonal, se hunde. Ahí perdimos con seguridad más de 1.000 millones de pesos", dijo Cáceres. Sobre este caso Plazas le dijo a SEMANA que la motonave no cuesta más de 300 millones de pesos y que él se encargó de denunciar penalmente al capitán.

El parlamentario denunció además que recientemente la DNE le dio a una firma inmobiliaria la administración de un local comercial de más de 220 metros cuadrados en Unicentro, en Bogotá, que lo arrendó por 1.700.000 pesos al mes, cuando el arriendo del local de al lado, de 40 metros, es de 12 millones de pesos. Y señaló cómo el sargento retirado del Ejército Jorge Alberto Monroy renunció a su cargo en la oficina de control interno de Estupefacientes para administrar como persona natural 469 bienes incautados.

Al respecto, Plazas le dijo a SEMANA que después de firmar un convenio con la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, quedaron 450 bienes que nadie quería administrar, puesto que eran ocupados por familiares y amigos de los narcotraficantes. "El único que aceptó medírsele fue el sargento Monroy, que además es un abogado y por eso se los dimos", dijo. De esos bienes, aseguró Plazas, ya se han logrado recuperar para el control absoluto de Estupefacientes 350.

En todos los casos que reveló el senador y según el mismo coronel Plazas están demandados penalmente los depositarios. "Señor ministro de Justicia, cada vez que yo presentaba un derecho de petición a Estupefacientes, corrían y pan, ponían la denuncia", sostuvo el senador durante el debate, previendo que el coronel utilizaría este argumento como parte de su defensa.

Plazas estaba convencido de que las denuncias de Cáceres tenían una motivación personal. Sin embargo, en su intervención, el delegado de la Contraloría, Wilson Herrera, fue mucho más contundente que el senador en su balance de la Dirección de Estupefacientes. Calificó de deficiente el manejo, la custodia y la administración de los bienes incautados y sostuvo que la mayoría de los depositarios no son personas adecuadas para manejar los 45.500 bienes que están a su disposición. Reveló datos escandalosos. Dijo que de los 6.217 vehículos, 17 fueron rematados, y 185 fueron entregados a diferentes entidades, y de los 6.015 restantes no hay certeza de dónde están. La situación de los bienes rurales es también desconcertante, según la Contraloría. De un total de 2.201 bienes se desconoce la situación de 2.054. Igual sucede con las aeronaves. De 279 incautadas no se sabe dónde están ni en qué estado 91 de ellas. Y para completar, Herrera dijo que de los 8.724 bienes urbanos, no se conoce la situación de 5.721 de éstos.

Aunque la caótica situación fue expuesta en el debate, ya el procurador, Edgardo Maya, se había pronunciado enérgicamente hace tres semanas sobre las irregularidades en el manejo de los bienes incautados y habló sobre la necesidad de hacerle urgentes reformas a la DNE. El mismo ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, reconoció que "hay evidentísimas fallas administrativas, de pronto algún descuido, y sostuvo la semana pasada que aunque respaldaba al coronel, hay que estudiar con detalle las nuevas denuncias que aparecieron". Plazas se defendió diciendo que él actuó oportunamente frente a los casos de corrupción presentados por el senador y reconoció que como está concebida actualmente la Dirección Nacional de Estupefacientes necesita una profunda reforma que le permita ser más eficiente.

Es sin embargo inexplicable que después de dos años de haber estado al frente de esta entidad, sólo hasta ahora, cuando estalla el escándalo, Plazas reconozca que es necesario reestructurar la Dirección de Estupefacientes y el gobierno anuncie planes urgentes de cambio administrativo. Como lo dijo el presidente de la sala penal de la Corte Suprema a SEMANA, Herman Galán, "el presidente Uribe se equivocó con Plazas; esta es la hora en que debía estar destituido. La cabeza de esa institución debía ser un jurista con un perfil como el que se requiere para ser magistrado de una alta Corte".

Después del escándalo, deja mucho qué desear que un gobierno, comprometido en la lucha contra la corrupción, como es el de Uribe, permita que se ferien los bienes en custodia del Estado, y ni siquiera haga responder políticamente a los responsables.

En las páginas siguientes SEMANA presenta los detalles de las principales denuncias sobre irregularidades en la DNE.