Derechos sexuales y reproductivos para reducir la pobreza

Colombia cuenta con una cobertura, casi universal, en salud. Pero, aunque el 97,6 por ciento de los habitantes estén afiliados al sistema, las deficiencias en el acueducto y acceso a servicios públicos; la falta de centros de atención y dificultades para acceder a ellos; la desigualdad social, la pobreza, la diversidad de culturas y la situación geográfica son algunos de los determinantes que imposibilitan que la población ejerza realmente sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva.

Que las personas puedan planificar su familia, decidir cuántos hijos tener, acceder a los servicios adecuados, entre otros, son un objetivo global. En 2015, la ONU adoptó la agenda 2030 con planes de desarrollo sostenible y entre ellos reconoció a los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales para lograr disminuir los índices de pobreza, la desigualdad, la deserción escolar, la desnutrición, la violencia de género, los embarazos adolescentes, entre otros.

Sugerimos: “La sexualidad todavía es un tema tabú”

Otros derechos sexuales y reproductivos son a ejercer la sexualidad libremente, a que se respeten las decisiones sobre sexualidad, a decidir si quieren o no tener hijos, cuántos y cada cuánto tiempo, a elegir el método anticonceptivo de preferencia y a recibir información oportuna sobre sexualidad.

Pero el reto es grande pues para el ejercicio de estos derechos es necesario tener un nivel de salud óptimo, explica Juan Carlos Vargas asesor científico de Profamilia y en Colombia las cifras de zonas que no cuentan con lo básico, como lo es el agua potable, aún es alta. “Tener un recurso hídrico de excelente calidad nos da la oportunidad de cuidar el estado general de la salud, y poder ejercer ese derecho”, añade el especialista.

Le puede interesar: ¿Cómo abordar la sexualidad virtual en niños y adolescentes?

Según la más reciente Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), en las zonas rurales del país solo un 15,7 por ciento de los hogares cuenta con un servicio de acueducto público, mientras que la brecha con las zonas urbanas es alta ya que en las ciudades el acceso es del 88,9 por ciento. Estas condiciones no hacen más sino generar vulnerabilidad de los pobladores expuestos, como un círculo vicioso, a la pobreza. 

El acceso a energía y agua ayuda a que las personas puedan ejercer mejor sus derechos sexuales y reproductivos, a la vez que se contribuye con la reducción de las inequidades. “El saneamiento básico permite que sea mejor el control frente a enfermedades transmisibles, que no solo afectan el estado de salud de la mujer, sino que en la mujer gestante, esas enfermedades pueden generar un riesgo para el feto”, explica Vargas.

Precisamente, parte de los derechos sexuales y reproductivos también es tener garantías para acceder a un parto seguro y a servicios adecuados en esta materia, incluyendo los de interrupción voluntaria del embarazo y la reproducción asistida. “La mortalidad materna en Colombia está en 60, por cada 100.000 mujeres, que es una cifra baja, pero es alta, con respecto a 4, 5 o 10 que manejan países que están mejor”, explica Javier Eslava, PhD en Salud Pública. Estas, junto a las muertes infantiles por neumonía o diarrea, son muertes intolerables, asegura el profesor, pues son producto de inequidades en salud. “La mortalidad esperada es cero”, dice.

Puede leer: La sexualidad desinformada

La garantía de estos derechos permite la erradicación de situaciones como el embarazo infantil y adolescente, que desencadena y perpetúa realidades de pobreza, desigualdad e inequidad. “Poder garantizar a la población el derecho a la salud, a la Salud Sexual y Salud Reproductiva permite iniciar un proceso de transformación, así como interrumpir la trasmisión intergeneracional de la pobreza en el país”, dice la vocería de Profamilia.