María Corina Machado, el nuevo objetivo del chavismo

La Asamblea Nacional venzolana, con los votos de la bancada oficialista, aprobó el martes una moción para consignar ante la Fiscalía General supuestas pruebas para iniciar el trámite que permita retirarle la inmunidad a la diputada opositora María Corina Machado.

La intención es retirar la inmunidad parlamentaria a la diputada para poderla investigar por varios presuntos delitos, como llamar al desconocimiento de la autoridades venezolanas.

La propuesta fue presentada por la diputada oficialista Tania Díaz, quien exhibió varios videos y documentos que, según ella, demuestran que Machado, una fuerte crítica del gobierno chavista, es culpable de llamar al desconocimiento de la autoridad de la Asamblea Nacional y tener planes desestabilizadores contra el mandato de Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sometió a votación la propuesta, que fue aprobada por mayoría simple y al anochecer consignó las "pruebas" ante la Fiscalía para que se determine "si existen elementos suficientes para solicitar al Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito contra la diputada María Corina Machado".

La bancada oficialista cuenta con 99 diputados y la oposición con 66.

La Constitución otorga inmunidad a los funcionarios electos por votación popular y establece que, para poderlos someter a un proceso judicial, el Tribunal Supremo de Justicia debe autorizar el retiro de la inmunidad.

Una hora después a su salida de la Fiscalía, Cabello acotó que la denuncia contra Machado incluye "todos los crímenes que están allí con sus pruebas y esperamos que se cumplan los extremos" legales.

Al preguntársele por el anuncio del embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Vallarino, de que Machado intervendría el viernes por invitación del gobierno panameño durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA, Cabello se mofó del asunto.

"Yo no sé a qué parte de la OEA va a ir ella. La OEA es un organismo tan desprestigiado que ir a la OEA lo que da es pena; pero eso es problema de ella", indicó Cabello en declaraciones difundidas por el canal de televisión de la Asamblea Nacional.

"Ella puede ir a la OEA, puede ir a la corte celestial, pero aquí en Venezuela va a ser juzgada por asesina, por terrorista; va a ser juzgada por delito de lesa humanidad, por conspiración; va a ser juzgada por desestabilización de este país", aseveró.

En una rueda de prensa, la legisladora opositora consideró que "la solicitud de antejuicio viola mis derechos y la Constitución... y si algo ha quedado claro es la aspiración de Maduro a silenciar los sentimientos del pueblo. El gobierno se quitó la careta y él es llamado como lo que es: un dictador".

La diputada también acusó a Maduro de utilizar la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia "para perseguir, hostigar al que piensa distinto, a todo aquel que disiente".

Horas antes, Machado escribió en su cuenta de Twitter que "si creen que amenazándome y 'allanando' mi inmunidad me van a callar, no me conocen".

"Los vzlanos (sic) me eligieron Diputada para ser su voz en la AN (Asamblea Nacional) y para acompañar sus luchas en la calle. Es lo que hecho y lo que seguiré haciendo", expresó en otro mensaje.

"He convocado y acompañado la protesta pacífica en Vzla (sic) y lo seguiré haciendo!! Me siento orgullosa de lo que estamos haciendo los venezolanos", agregó.

Maduro y sus aliados más cercanos, entre ellos Cabello, responsabilizan de forma directa a la diputada Machado y al dirigente opositor Leopoldo López de organizar protestas que ya duran un mes en la capital y otras ciudades del país.

Desde el 12 de febrero, jóvenes y opositores, casi todos de clase media, han protagonizado manifestaciones callejeras en protesta por la inflación —que en enero fue de 57 % anual— y por el desabastecimiento de bienes básicos que ha generado largas colas de compradores.

Durante las manifestaciones, han resultado al menos 26 muertos y cientos de heridos.

Maduro acusa a la oposición de tratar de instigar su derrocamiento, pero su partido controla los poderes legislativo y judicial, conserva el apoyo de los militares y todos los gobernadores del país son oficialistas, salvo en tres estados.

López, exalcalde del municipio capitalino de Chacao, está detenido desde el 18 de febrero por organizar protestas contra el gobierno.

Desde su arresto, el dirigente de la organización opositora Voluntad Popular está recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas.

López se entregó tras una semana de clandestinidad después que el gobierno le inició un proceso judicial por supuesta vinculación con los hechos de violencia desatados durante una manifestación de estudiantes antigubernamentales el 12 de febrero, que fue el detonante de las protestas que, a diario, se registran en el país.

Aunque inicialmente las autoridades anunciaron que López sería acusado de homicidio y terrorismo, el dirigente sólo fue acusado de asociación para delinquir, instigación a la violencia y daños a la propiedad.

López ha insistido en todo momento que es un "perseguido político".