Contraloría abrió proceso contra cinco alcaldes y un gobernador

En el marco del programa Transparencia por la Emergencia, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación dieron a conocer los avances que han venido teniendo en el seguimiento a la contratación de programas y servicios para superar la emergencia sanitaria generada por la covid-19. 

Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República, anunció que abrió seis procesos de responsabilidad fiscal contra cinco alcaldes y un gobernador. Contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por $942.750.372 millones, proceso al que también fueron vinculados su secretaria de Educación, Martha Alexandra Agudelo Ruiz; la asesora jurídica de este despacho, María Patricia Ariza Velasco, y la Corporación Colombia Avanza, cuyo representante legal es Henry Paulison Gómez Montoya. El ente de control evidenció un presunto sobrecosto del 19,03% en un contrato que "tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil durante el periodo de calamidad pública por el covid-19", señaló Córdoba.

El alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, fue suspendido por el contralor general, "aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada". El proceso de responsabilidad fiscal abierto en contra de Gómez se dio luego de que la Contraloría encontrara sobrecostos en kits de alimentación y la no entrega de algunos productos que conformaban los 26.666 kits. La cuantía de este proceso asciende a $1.051.748.446 y fue estimada a través de los contratos 003 de 2020 y 004 de 2020. "Estos contratos tenían por objeto entregar kits de alimentos no perecederos a la población vulnerable para contrarrestar los efectos económicos que generó la cuarentena declarada por el Gobierno nacional para evitar la propagación del virus Covid-19. 

Se encontraron sobreprecios en los productos que conforman los kits, que oscilan entre el 28% y el 164% (dando un promedio de 52,36%). El supervisor del contrato, Leonardo Beltrán Pinto; la gerente de Estrategia covid-19, María Teresa Vergara Merlano, y los contratistas Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora SAS. y Abastos y Fruver el Paraíso SAS fueron vinculados al proceso. 

El proceso de responsabilidad fiscal abierto en contra del alcalde del municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez, se dio luego de que la Contraloría encontró un detrimento fiscal estimado en $1.107.043.597, "relacionado con presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un contrato de suministro de 80.000 mercados a la población vulnerable de este municipio".

Al proceso fueron vinculados la Fundación Lirio de los Valles, la supervisora del contrato, Doris Monsalve Parra, la Fundación Amira de la Rosa y el subcontratista encargado del transporte. El contrato fue suscrito por la Alcaldía de Malambo con la Fundación Lirio de los Valles por un valor de $4 mil millones. La Contraloría señaló que el detrimento fiscal está dado, principalmente, "por la evidente diferencia entre los precios a los que la Alcaldía contrató los diferentes productos que conforman los mercados y el precio real al que la Fundación Lirio de los Valles pagó dichos productos a los mayoristas. Con soporte en las facturas de los proveedores de la Fundación Lirio de los Valles, esta diferencia asciende a $842.652.149".

También fueron abiertos procesos en contra de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, por casi $312 millones y otro por más de $229 millones contra el alcalde del Municipio de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano. "Todos estos procesos se abren por presuntos sobrecostos en la ejecución de contratos que suscribieron sus administraciones como consecuencia de declaratorias de urgencia manifiesta realizadas a raíz del covid-19". 

La Contraloría anunció la apertura de 40 indagaciones preliminares por posibles sobrecostos en contrataciones en el marco de esta emergencia. Las decisiones fueron adoptadas por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y algunas gerencias departamentales colegiadas de la CGR.

Córdoba también reveló que abrió proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones contra dos oficiales de la Armada Nacional por un presunto sobrecosto del 100% en la compra de 1‘332.700  tapabocas. Este proceso también aplica para la empresa contratista. Los implicados en este proceso son el comandante de la Base Naval ARC Bogotá, capitán de navío Jaime Gómez González; la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta misma unidad, capitán de fragata Magda Constanza Moreno Doncel, y el representante legal de la empresa contratista Medivalle SF-SAS, Ánderson Gaminera Angulo.

Advirtió que "en este y en los demás casos de procesos responsabilidad fiscal abiertos y en curso, se solicita búsqueda de bienes de los implicados". Agregó que el elevado sobrecosto en este contrato se determinó cuando la Contraloría contrastó los valores pagados por la Armada frente a un contrato de la Policía Nacional donde se compraron tapabocas convencionales similares. "La Policía compró cada tapabocas a $750, mientras la Armada pagó el doble por unidad ($1.500)", explicó el contralor.