Paz con seguridad ¿cómo?

Los colombianos que apoyaron la guerra de Independencia en 1810 querían un cambio, pero fueron protagonistas de la Patria Boba. En el siglo XX, algo ingenuos los que votaron en el plebiscito de 1957 soñaron con el fin de la violencia y un Estado incluyente. En 1990 los que votamos por la séptima papeleta queríamos una Asamblea Nacional Constituyente, pero no había propósitos claros. Estábamos acorralados en el precipicio del terrorismo y el narcotráfico, y dimos un salto al vacío. Afortunadamente, la Carta de 1991 salvó a Colombia.

Luego de 25 años, infortunadamente el país sigue siendo violento, con una vasta criminalidad y corrupción. Rico en recursos pero pobre en calidad de vida en todas las clases sociales (en la alta, la media y por supuesto la baja). Campea la desigualdad. Y durante este periodo la Constitución Política ha sido enmendada 41 veces.

En esta nueva ocasión quienes apoyaremos el plebiscito del 2017 debemos enmarcar el Sí en un propósito seguro y real. Es decir, el voto con las condiciones de quien confiere un mandato.

¿Cómo podemos lograr que ese acuerdo sobre lo fundamental se cumpla? Apelar a la seguridad jurídica y a la verificación por la comunidad internacional, en especial a la ONU por su neutralidad. La seguridad jurídica fue protagonista del cambio de la barbarie y la tiranía hacia la democracia. Ante las pasiones desmedidas del ser humano durante la monarquía, con la seguridad jurídica se pudieron  materializar los contratos sociales para superar estados primitivos.

Con la seguridad jurídica y sus nuevas técnicas y desarrollos se pueden construir los indicadores de medición del cumplimiento de ese nuevo pacto social para Colombia. Quizá sea esa la razón por la cual el Presidente de la República tantas veces la menciona en sus intervenciones sobre la paz.

Los grandes postulados de la seguridad jurídica para la veracidad del proceso de paz son los siguientes: A. La Legitimidad: que sea abierto, transparente, predecible, sin engaños, sin trampas, sin acuerdos por debajo de la mesa (ni jurídicos ni económicos). B. La Certeza: que las nuevas reglas sean bien estructuradas, conocidas y comprendidas por todos y generadoras de confianza, y que se cumplan a cabalidad por las autoridades, la guerrilla y los particulares. (Asuntos como la estabilidad de las normas y su irretroactividad, la cosa juzgada, el non bis in idem, etc). C. La Eficiencia y la Efectividad de las instituciones (que con la paz tengamos instituciones nacionales y regionales fuertes, libres de corrupción y preparadas para promover el beneficio general).

Con la situación económica actual, estos objetivos sólo serán posibles si las Farc hacen un aporte fiscal importante al Estado, reparador del daño, con las jugosas finanzas que hoy poseen (y mediante una modalidad de extinción de dominio). Pero a la vez que las Farc abandonen definitivamente las empresas ilegales de cultivos ilícitos, narcotráfico, las alianzas con grupos al margen de la ley, la minería ilegal, la extorsión política y otras actividades. Y que se sometan de verdad a la legalidad y para siempre.

Estamos preparados para construir esos factores y variables de seguridad jurídica. Para la medición y verificación del proceso: para poder medir si continuarlo o detenerlo, y ajustarlo de ser necesario. Sabremos entonces hasta dónde los compromisos para la paz se están cumpliendo.

Así de claras y concretas son las cuatro bases para construir una paz veraz. Mi voto será un Sí a la paz, pero como un mandato con seguridad jurídica: legitimidad, certeza, eficiencia y efectividad (seguiré desarrollando estos referentes en futuros análisis). Solicito además que el proceso de paz sea verificado, con mediciones e indicadores desde la seguridad jurídica, por parte de la comunidad internacional y en especial con el liderazgo de la ONU.

*Abogado, Ph.D., en sociología jurídica e instituciones políticas y profesor ivandariogl@yahoo.com

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