Advierten que solo se han adjudicado 8.143,7 hectáreas de tierra dentro del proceso restitución

La lentitud en los procesos administrativos y judiciales de acceso a la tierra ha evitado que se avance en ese punto del Acuerdo de Paz, advirtió este jueves la Fundación Forjando Futuros.

De acuerdo con un informe sobre los avances en la implementación de los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc, la ONG señaló que adicionalmente se han presentado otras dificultades para avanzar en estrategias para dar cumplimiento a esos compromisos.

En ese sentido, el director de Forjando Futuros Gerardo Vega aseguró que, además de las dificultades en los programas de acceso a la tierra, hay ineficacia en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET.

El informe adelantado en conjunto con la Universidad de Valencia y la Asamblea de Cooperación para la Paz, ambas de España, hizo énfasis en el Punto 1, Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral y el Punto 5, Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto.

“Los hallazgos más significativos se concentraron en las zonas PDET donde está el mayor número de solicitudes de restitución de tierras, de casos despojo y de víctimas reconocidas por la Unidad para las Víctimas; también, donde existe el menor número de sentencias de restitución de tierras y de casos de indemnización administrativa”, señala el informe.

De acuerdo con el estudio, que aunque la meta era adjudicar 3 millones de hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, a diciembre del año 2021, solo se habían alcanzado 8.143,7 hectáreas; mientras que, del compromiso de 7 millones de hectáreas para formalizar, solo se han alcanzado 913.548 hectáreas.

Igualmente, señala que en siete regiones PDET, el proceso de restitución se ha implementado con un porcentaje inferior al 1 %.

De estas, en Arauca y Pacífico y Frontera Nariñense, no se ha resuelto ningún proceso judicial de restitución de tierras.

De otra parte, señaló que además del proceso de restitución de tierras, otro de los problemas que ha enfrentado la implementación del Acuerdo de Paz, está relacionado con la seguridad de los excombatientes de las Farc.

En ese sentido, Vega señaló que en Colombia han sido asesinados más de 1.200 líderes y lideresas sociales, 516 de ellas en zonas PDET, convirtiendo al país en uno de los más peligrosos para las personas que defienden derechos humanos.

Recomendaciones

“Para el Punto 1, se recomienda modificar la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras; urge de manera prioritaria la implementación de la jurisdicción agraria, que permita acceso a la administración de justicia de una manera ágil, eficaz y segura jurídicamente”, señala el documento.

Así mismo, considera que es urgente implementar el catastro multipropósito que permita el ordenamiento territorial y mejore las condiciones de vida de los campesinos que habitan el sector rural.

De la misma manera, señala que se requiere una estrecha articulación interinstitucional entre Nación, departamentos y municipios para una adecuada, eficaz y pronta implementación de las acciones priorizadas en las zonas PDET.

“En cuanto al Punto 5, se recomienda reforzar los mecanismos de protección del liderazgo social; revisar la reglamentación de la Unidad Nacional de Protección; fomentar la participación de las víctimas; que se estudie darle renta mínima básica y vital a esta población y una solución definitiva de vivienda de interés social”, agrega.

“El asesinato de personas lideres, defensoras de derechos humanos y firmantes de la paz han marcado la ejecución del Acuerdo pactado entre las antiguas Farc y el Estado colombiano en el año 2016″, por lo que considera indispensable que se tomen las medidas necesarias para proteger la vida de los excombatientes.