Amenazas contra medios de comunicación aumentaron en 59 %, denuncia la Flip

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció este lunes que en 59 % aumentaron las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia, provenientes, especialmente, de grupos armados ilegales, como sucedió recientemente por el denominado paro armado del Clan del Golfo tras la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.

La organización relacionó, además, otros hechos que han afectado a la prensa, como el caso de un carrobomba que fue detonado en enero en Saravena, Arauca, que afectó las sedes de dos medios de comunicación que sufrieron daños estructurales.

“Durante los días siguientes, 16 periodistas del departamento recibieron amenazas. Estos hechos impactan de manera directa en la ciudadanía que deja de recibir información sobre lo que sucede”, señaló la ONG.

Igualmente, señaló que entre el primero de enero y el 20 de mayo de 2022, la Flip registró que 97 medios y periodistas fueron víctimas de esas acciones.

“Es decir, que un(a) reportero(a) ha sido amenazad(a) cada día y medio. En este mismo período, en 2018, durante las últimas elecciones presidenciales, registró 61 víctimas de amenazas”, indicó.

Según el informe, los autores de estos hechos suelen exigirles a los periodistas “que eliminen algún contenido o que dejen de cubrir e investigar algún tema. En ciertos casos, también se les ha demandado que publiquen información de grupos armados ilegales como panfletos. En otros casos, les ordenan que salgan del municipio en donde residen y realizan su trabajo”.

En el reporte, la organización advirtió que en lo que va del año, seis amenazas han derivado en desplazamientos forzados y exilios.

Entre los medios más afectados por este tipo de hechos se encuentran: 37 medios digitales, 30 emisoras y cadenas radiales (17 de estas emisoras comunitarias), diez medios televisivos y cinco medios impresos.

Las ciudades donde los periodistas han sido amenazados son Medellín, Arauca (capital), Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Florencia, Quibdó, San José del Guaviare, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Pereira, Barrancabermeja, Cali, Buenaventura. Arauca y Bajo Cauca, las regiones más peligrosas

Así mismo, indicó que en el departamento de Arauca ha habido 16 amenazas que ocurrieron en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena.

En Antioquia, por su parte, se presentaron nueve casos, principalmente en Medellín y la región del Bajo Cauca antioqueño. Además, en Bogotá hubo 15 amenazas.

Autores de las amenazas

Frente a los autores de estos hechos, la Flip indicó que la mayoría provienen de desconocidos (49 casos), grupos armados (25 casos) y particulares (siete casos).

“Cuando no se conoce la identidad de quien amenaza, no es posible identificar si este hace parte de algún grupo armado, una banda criminal o si es un particular. Por eso, en estos casos es más difícil desactivar el riesgo de la víctima, pues al no poder identificar al autor también se desconoce cuál puede ser su capacidad de daño”, señaló.

En 37 casos, las amenazas estarían relacionadas con el cubrimiento del conflicto armado. En territorios en los que hay enfrentamientos con grupos armados es más riesgoso hablar de temas que afectan los intereses de personas que tienen un poder económico, social, político e, incluso, militar.

Corrupción es el segundo tema que investigan quienes han sido amenazados, en total registramos once casos. Luego, le siguen seguridad (nueve casos), elecciones (nueve casos) y manifestaciones sociales (cinco casos).

En lo corrido de 2022, la Flip ha remitido a la Fiscalía 12 casos de amenazas. De estos, hasta ahora no se conocen avances significativos en la investigación, lo que a su vez genera una pérdida de confianza de los periodistas víctimas, quienes prefieren no denunciar.

En relación con el reciente caso del paro armado del Clan del Golfo, señaló que esta organización amenazó a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño para que publicaran un panfleto de este grupo ilegal.

“Como reacción, seis radios comunitarias decidieron salir del aire por los cuatro días que duró el paro. Además, en Córdoba el grupo armado exigió que se apagara la planta transmisora que servía a seis emisoras, y en el Urabá dos periodistas fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar”, indicó.

Otro caso de censura por grupos armados ocurrió el 9 de mayo, cuando la periodista Salud Hernández, de SEMANA, fue hostigada, retenida, intimidada y obligada a abandonar Betulia y La Toma, en Cauca, donde realizaba reportería sobre la situación de seguridad.

“Hernández informó a la Flip que primero fue detenida por personas que se identificaron como integrantes de las disidencias de las Farc y luego fue seguida y hostigada por personas que se identificaron como integrantes del Consejo Comunitario. En ambas situaciones la periodista tuvo que abandonar su cubrimiento periodístico”, señaló.

Finalmente, la organización advirtió que se siguen presentando este tipo de hechos porque no ha habido una acción concreta del Estado frente a esas amenazas.