Anla debe realizar audiencia pública para licencia ambiental en mina de Jericó

Dadas las voces de inconformidad que se registran en las comunidades potencialmente afectadas por el desarrollo del proyecto Quebradona, en Jericó- Antioquia, en relación con la imposición de una práctica extractiva en una región con vocación agrícola, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), realizar una audiencia pública para efectuar dicho trámite.

En este municipio antioqueño, la compañía AngloGold Ashanti busca desarrollar el proyecto de minería subterránea de cobre, oro, plata y molibdeno; sin embargo, la oposición de los habitantes de la región ha sido permanente, al considerar que el mismo afectaría de forma negativa en materia ambiental y social. 

En carta enviada al director de la autoridad ambiental, Rodrigo Suárez Castaño, el ente de control advirtió que existen voces de inconformidad en las comunidades potencialmente afectadas por el desarrollo de esta iniciativa exploratoria.

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“Argumentan las comunidades que no son una región con vocación minera, se plantean temores de perder su territorio y el agua de la zona, y que además se generen graves impactos al medio ambiente”.

En su comunicación a la Anla, el ministerio publico dijo que la Corte Constitucional estableció que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad de la Nación, pero no aclaró los procedimientos para concertar ni resolver los conflictos socio-ambientales que se generan entre entes territoriales, comunidades y Nación.

Advirtió que no es posible desconocer que para la ejecución de actividades extractivas es indispensable implementar acciones puntuales en la superficie. “En la práctica no es factible desarrollar actividades mineras sin generar impactos en el suelo, impactos de carácter ambiental, social, económico, paisajístico, cultural e incluso afectaciones en la cosmovisión de los habitantes de la región, al igual que alteraciones a sus usos, prácticas, modos locales de producción y tradiciones”.

_{Habitantes de la region se oponen al desarrollo del proyecto minero de AngloGold Ashanti}

Participación de la comunidad

Recientemente, diversas entidades del sureste de Antioquia, entre ellos, empresarios, campesionos, la iglesia católica y ambientalistas celebraron la decisión de la autoridad ambiental de designar a diversas personas vinculadas al territorio como terceros intervinientes, lo que les dará una voz para exponer su argumentos técnicos y sociales alrededor de la inconveniencia que tendría otorgar una licencia ambiental al proyecto de explotación de oro, cobre, plata y molibdeno en esta zona del país.

“Obtener el aval como terceros intervinientes es un logro importante dentro de todo este proceso, pues le da voces a todos aquellos que, desde lo fáctico y social, venimos demostrando que las externalidades negativas de un proyecto de megaminería en el Suroeste antioqueño son considerablemente superiores a las externalidades positivas", dijo Sebastián Restrepo, líder de Visión Soroeste.

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Esto lo que hace es permitirles a los habitantes de esta área participar del proceso. La visión moderna del planeta, más por estos días, se da alrededor del desarrollo económico que va en conjunción con la protección del medio ambiente y la naturaleza. Esto, sumado a todos los problemas ambientales y sociales que ya ha causado el proyecto en la región, es lo que demostrarán todos los ciudadanos incluidos como terceros intervinientes, manifestó Restrepo. 

De igual forma, dijo que en un escenario global incierto, donde un tercio de la población se encuentra confinada por cuenta de la propagación del coronavirus, lo que lleva al incremento exponencial en la demanda de alimentos, los habitantes e instituciones del suroeste hacen un llamado a entender las dinámicas empresariales del siglo XXI.

Consideran que estas deben desarrollarse de una manera que se le genere valor compartido a sus grupos de interés y, al mismo tiempo, sean consecuentes con la imperiosa necesidad de proteger el medio ambiente, la producción alimentaria y el campo, ejes estratégicos de desarrollo humano y social.