Este primero de enero entró en vigencia la ley Ana Cecilia Niño, que prohíbe la explotación, producción, comercialización, importación y exportación del asbesto y de los productos elaborados con este mineral en el territorio nacional.
La normativa entró en rigor y el Gobierno debe avanzar en la formulación e implementación de una política pública que permita sustituir de forma definitiva este producto en el país. Sin embargo, la tarea todavía está pendiente, porque si bien hay un plazo de cinco años para cumplir con este propósito, lo cierto es que ya hace año y medio que la ley fue sancionada por el presidente Iván Duque y a partir de ese momento se debía empezar a trabajar en el tema.
El representante a la Cámara, Mauricio Toro, ponente del proyecto de Ley, manifestó que si bien el Gobierno ha convocado a un par de reuniones, a las mismas no han sido invitados ni la academia, ni la sociedad civil, las cuales fueron parte fundamental para que la iniciativa saliera avante en el Congreso. "Estos han sido encuentros protocolarios en los cuales no se han definido los lineamientos sobre los cuales se trabajará", manifestó.
El asbesto está más cerca de l que las persoas creen y debe ser retirado por expertos en su manipulación. Foto. Getty Images
En el momento de la promulgación de la Ley, el mandatario de los colombianos dijo que crearía la comisión interinstitucional para la sustitución del asbesto, con el fin de generar conciencia en los colombianos, capacitar y provocar una reflexión tendiente a permitir nuevas fuentes de empleo y productos que sustituyan ese mineral, pero, según dijo Toro, esta comisión no se ha creado.
Según la ley, la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto tiene por objeto supervisar el cumplimiento del cambio de este mineral en todas sus formas, a lo largo de todo el territorio nacional y en el plazo establecido; sin embargo, es determinante tener el protocolo que definirá las bases sobre las cuales se realizará dicha sustitución.
La Comisión debe estar conformada por delegados de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía, y Trabajo, así como de Colciencias, un veedor ciudadano y un representante de las universidades.
En las discusiones llevadas a cabo en el marco del trámite de la Ley, se habló de más de 11 millones de toneladas de asbesto instaladas en el territorio nacional, una cifra que refleja el tamaño del reto que tiene el país y en el que debe empezar a trabajar para cumplir con lo establecido en la norma.
Atención integral
Otro aspecto establecido en la ley es que en los 6 meses posteriores a su promulgación, el Gobierno debía reglamentar una ruta de atención integral para personas expuestas al asbesto, mediante la cual se debía suministrar información y orientación acerca de los derechos, medidas y recursos con los que cuenta, y de atención en salud, incluyendo los exámenes médico legales y especializados orientados al diagnóstico y tratamiento. Otra tarea en la que, según el congresista, se debe comenzar a avanzar.
Productos como tejas y tubos tienen inorporado en su produción materiales de asbesto. Foto: Getty Images
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Frente al tema de la sustitución, Daniel Pineda, director de la Fundación Ana Cecilia Niño, ha dicho que ésta debe abarcar guías, protocolos y estándares que garanticen la salud de las personas.
"Se deben plantear políticas con bases científicas y por eso invitamos a las universidades a vincularse para saber cómo adelantar una adecuada sustitución, ya que las personas que lo hagan deben estar capacitadas, pues remover este material puede acarrear mayores riesgos si no se hace con las herramientas y técnicas adecuadas", recalcó.
Mauricio Toro dijo que es muy importante avanzar en el tema, pues fueron 10 años de lucha para sacar adelante la ley y ocho proyectos que se quedaron en el camino en el Congreso; por eso, ahora que el país cuenta con una norma que protege la salud de los colombianos es importamnte que se comience a trabajar ya en la política de sustitución.
Con la ley se busca proteger la vida de las personas, pues en Colombia ya son más de 1.700 las víctimas que ha dejado este material cancerígeno, en los últimos cinco años.
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En el momento de la discusión del proyecto, se habló de que en el país hay al menos 256 compañías que desarrollan actividades con este material, motivando a que un número importante de trabajadores estén expuestos a contraer enfermedades cancerígenas por causa de esta sustancia.
