Atención turistas en San Andrés, el Parque Regional Johnny Cay estará cerrado por tres días; estas son las fechas

A través de su cuenta de Twitter, Coralina dio a conocer que durante desde este jueves 29 de diciembre, inicia el cierre de reconocido cayo oceánico, cercano a la isla de San Andrés. Esta es una medida que ya se ha implementado en ocasiones anteriores.

“En cumplimiento al fallo del Tribunal, Coralina se permite informar a toda la comunidad que Johnny Cay Regional Park estará cerrando a partir de este jueves 29 y hasta el próximo sábado 31 de diciembre de 2022″, anunciaron en la red social.

Explicaron además que “durante estas fechas, se dará provecho para desarrollar labores de mantenimiento a las trampas de grasa y sistema de aguas residuales, jornadas de limpieza y reunión con prestadores de servicios turísticos”.

Tribunal de San Andrés ordenó la protección integral del parque Johnny Cay

Hace cuatro años, en el 2018, fue noticia que debido a la masiva afluencia de turistas y para proteger los derechos colectivos, al goce de un medio ambiente sano y la existencia de un equilibrio de San Andrés, se ordenó medidas de cuidado para la zona.

SEMANA informó en su momento que por solicitud de la Procuraduría General de la Nación al Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estableció la “protección integral” del Parque Regional Johnny Cay, afectado por la presencia masiva de turistas, la falta de servicios públicos como redes de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico y el inadecuado manejo sanitario.

El fallo ordenó a la Corporación Autónoma Coralina proteger el ecosistema, creando un medio ambiente sano y promoviendo la existencia de un equilibrio ecológico en este parque que también es conocido como el islote Sucre.

Johnny Cay, con sus apenas 1.500 metros de circunferencia y un mar de palmeras en su interior, debe su nombre al nativo que tuvo la idea de establecer un pequeño negocio de venta de agua de coco, pero fue a partir de ser declarado Parque Regional protegido en 2001, cuando se transformó en un exótico paraje que es visitado por miles de turistas nacionales y del exterior.

La Procuraduría explicó en un comunicado que en un término de seis meses la Corporación Autónoma Coralina debe actualizar el plan de manejo ambiental de Johnny Cay.

Además, en coordinación con la Dirección General Marítima (Dimar), debe asegurarse de que el número de visitantes no exceda la capacidad de carga en el área.

El Tribunal también ordenó que cada trimestre se prohíba el ingreso de turistas por tres días para la ejecución de un proceso de mantenimiento de la infraestructura del parque, mediante el cual se logre encontrar el equilibrio entre proteger el ecosistema y mantener la industria del turismo.

La Procuraduría sustentó esta petición en la presencia masiva y desmedida de visitantes, situación que se agrava por la inexistente prestación de servicios públicos básicos como redes de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico y el inadecuado manejo sanitario.

Un estudio difundido en mayo del año pasado daba cuenta que el parque recibía unas 3.000 personas, cuando apenas tenía capacidad para albergar 854 turistas.

Igualmente, el Tribunal de San Andrés también impuso la realización de capacitaciones a los operadores logísticos para el cambio gradual de materiales desechables como plásticos e icopor por biodegradables, que no tiene tantos efectivos negativos en el medioambiente de la isla.

Asimismo, esos operadores deben elaborar un video pedagógico para que los visitantes sepan en cuáles son los cuidados ambientales mínimos que deben tener por tratarse de un área protegida.

En la página web de la autoridad ambiental deberán actualizarse los cambios para que la comunidad en general las conozca. Las especificaciones que se deben renovar son la descripción geográfica del Johnny Cay Regional Park, el horario de atención, los servicios que ofrecen, las recomendaciones especiales, en aras de fomentar actitudes ambientales de protección en los visitantes.

Para hacer seguimientos a las disposiciones ordenadas se ordenó crear un Comité de Verificación con representantes de la Procuraduría General en calidad de accionante, de la Corporación Ambiental Coralina, del departamento, de la Dirección General Marítima (Dimar), de la Policía Nacional y del Ministerio Público.