Autoridades desactivan artefactos explosivos que pusieron en riesgo a comunidad indígena Nukak

Integrantes del batallón Joaquín París, del Ejército Nacional, desactivó los artefactos explosivos instalados que ponían en riesgo a los miembros de la comunidad indígena Nukak en el departamento de Guaviare.

Así lo informó la Defensoría del Pueblo tras señalar que la presencia de estas minas antipersonales ponían en riesgo la integridad física y la vida de las personas que habitan en el sector.

Una comisión de funcionarios de ese organismo del orden nacional y regional pudo constatar la existencia de estos elementos, con posible contenido explosivo, instalados en el terreno comunitario de la vereda Filo de Hambre, en el municipio de San José del Guaviare, donde habitan 52 personas del pueblo Nukak entre ellas niñas, niños y adolescentes.

Igualmente, señaló que no se ha podido establecer cuándo habían sido dejados estos artefactos, ni tampoco a quién podría atribuirse este hecho, pero que tras ser detectados se desplegaron acciones de desminado humanitario que permitieron desactivarlos de manera controlada.

Debido a ese hallazgo, los integrantes del pueblo Nukak, previamente habían sido trasladados hacia el polideportivo de la vereda Boquerón para garantizar su seguridad.

De inmediato se puso en conocimiento del Ejército Nacional sobre la presencia de los explosivos y se inició el proceso de desminado que concluyó satisfactoriamente, con lo cual se mitigó el riesgo de accidentes.

Tras superarse la situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para dejar por fuera de sus acciones a la población civil, de manera particular a comunidades indígenas que gozan de especial protección del Estado.

Así mismo, le solicitó a las autoridades judiciales establecer los responsables de este tipo de acciones, que, según señaló, constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El organismo reiteró importancia de que se sigan adelantando labores de desminado humanitario, principalmente en las zonas rurales próximas a las cabeceras municipales del Guaviare, ya que el 29 de diciembre pasado también había encontrado una granada al lado de la escuela de la vereda Puerto Tolima, en zona rural de San José del Guaviare.

En ese caso, fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública para su desactivación.

Por esa razón, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación de que se sigan presentando este tipo de situaciones, incluso con graves consecuencias, como ocurrió en agosto de 2020 en el sector del Río Inírida, en donde 4 personas de una misma familia resultaron afectados gravemente tras la activación de un artefacto explosivo.

Misiones de verificación en el territorio

La entidad señaló que en el año 2022, realizó 17 misiones en el departamento de Guaviare con el fin de conocer y verificar la situación de derechos humanos y constatar, de primera mano, el estado de garantía de los mismos.

Indicó que en el marco de esas labores se logró constatar que, “tal y como lo menciona el instituto nacional de salud, en este departamento, el índice de desnutrición de primera infancia está 0,66 puntos por encima de la media nacional”.

“Esto significa que las niñas y niños menores de 5 años tienes el doble de probabilidad de presentar desnutrición”, señaló el organismo.

Igualmente, señaló que en el contexto de violencia presente en la región, el difícil acceso a varios de sus municipios y los bajos niveles de atención en temas de salud, que impactan principalmente a la población indígena, esa dependencia se movilizó a varios municipios de este departamento para llevar los servicios y movilizar a varias entidades del orden nacional el ICBF y la Unidad para las Víctimas, y a varias EPS

“Este trabajo lo realizamos a través de la estrategia de Defensoría en tu comunidad, que desarrollo varias acciones”.

- Se realizaron 788 atenciones en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno, y Calamar.

- En materia de salud, se realizaron 71 vacunaciones, 110 atenciones de medicina general, 14 citas de planificación familiar y 2 traslados por urgencias.

Señaló que a través de la Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado, elaboró 47 derechos de petición dirigidos a diferentes autoridades; recibió 29 declaraciones de víctimas y realizó 21 revocatorias a la resolución de no inclusión, ante el registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV.

Finalmente, aseguró que a través de las Duplas de Género de la Delegada para la Mujer y Asuntos de Género realizó 170 atenciones.