Defensores asesinados y más deforestación, deudas ambientales del país en 2020

Hace un año, el informe de la organización internacional Global Witness mostraba a Colombia en el segundo lugar en número de asesinatos de líderes ambientales en el mundo con 24 casos. El país solo era superado por Filipinas, con 30 homicidios. Este año, la misma organización informó que Colombia asumió el primer lugar, al reportar 64 asesinatos y casi triplicando el número de homicidios. Organizaciones de derechos humanos pensaron que las cuarentenas ayudarían a disminuir las agresiones pero ocurrió todo lo contrario: los criminales aprovecharon las restricciones de movilidad para asesinarlos, incluso, en sus propias casas. Frente a este panorama, se esperaba que el 2020 se cerrara con la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso colombiano, pero este acuerdo internacional que promueve la transparencia, el acceso a información ambiental oportuna y la protección de los líderes ambientales ha sido continuamente aplazado.

Mientras todo esto ocurría, la deforestación avanzaba aceleradamente, sobre todo en la Amazonia. Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en el primer trimestre de 2020 la Amazonia concentró 68,3% de las alertas tempranas de deforestación en el país mientras que, en el mismo periodo de 2019, la cifra fue de 57,7%. Por otro lado, datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) mostraban que la pérdida de bosque en los primeros tres meses del 2020 en la Amazonía fue de 75 031 hectáreas, superando así la cifra de todo 2019 (73 000 hectáreas).

Temas clave como el fracking y el glifosato cumplieron un año sin definirse. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocó el 19 de diciembre a una audiencia pública para socializar el plan de manejo ambiental del glifosato y hasta finales de noviembre solo se había presentado una propuesta de proyecto piloto integral de investigación en fracking, cuya perforación empezaría en el segundo semestre de 2021. Estos pilotos, planteados por el Estado, tienen como objetivo que el país decida si realizará exploración y explotación comercial de petróleo en yacimientos no convencionales.

Este año, los expertos entrevistados para este reportaje coinciden en que el balance ambiental de Colombia no es positivo. Los problemas y conflictos urgentes mencionados en el 2019, que se esperaba fueran resueltos este año o por lo menos encaminados hacia una solución, seguirán arrastrándose en el 2021. Algunos de ellos, como el caso del asesinato y agresiones a líderes sociales, ambientales e indígenas se han visto incluso agravados durante las restricciones impuestas por la pandemia. Estas son las deudas ambientales de Colombia en el 2020.

Lo preocupante: un posible incremento de la deforestación

La cifra oficial de deforestación para 2018 se ubicó en 197 159 hectáreas, logrando una reducción del 10 % respecto a 2017 y la cifra del 2019 fue de 158 894 hectáreas, es decir, 38.265 hectáreas menos que en 2018.

Sin embargo, el primer trimestre de este año fue crítico para la deforestación en el país pues, entre enero y marzo, la pérdida de bosque en la Amazonía superó toda la pérdida que sufrió la región durante el 2019. Esto ha generado preocupación pues no se sabe si se logrará mantener la tendencia de reducción que el gobierno nacional celebró durante 2018 y 2019 y hay poco optimismo frente a los datos de 2020, que entregará el Ideam el próximo año.

“Diciembre es crítico porque empieza el proceso grande de deforestación, hay alertas tempranas que indican tendencias muy fuertes pero estamos con el fenómeno de La Niña muy acentuado [que trae intensas lluvias en el país] que puede aplazar las actividades más fuertes de tumba y quema. Esto podría aplazar la tendencia que se ve en el último trimestre del año”, dice Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

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Botero menciona que continúa una fuerte deforestación en los parques nacionales Sierra de La Macarena y Tinigua, pero le preocupa que la pérdida de bosque se ha consolidado y aumentado en el municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta. “Hay una deforestación enorme, organizada, sistemática y de gran escala, con técnicas muy similares a las que veo en las sabanas del Yarí [Caquetá] y el norte del Guaviare”, comenta y asegura que se ven carreteras sobre las que se desarrollan lotes grandes de deforestación, también muchas trochas y pequeños campamentos a grandes distancias, 5 o 7 km entre sí, pero que han marcado la entrada de grupos que consolidan fincas ganaderas rápidamente. La enorme preocupación es que la expansión del foco de deforestación de Mapiripán podría llevar a un quiebre en la conectividad Amazonia – Orinoquia.

Durante 2020, el gobierno colombiano continuó aplicando la operación Artemisa, su gran estrategia militar para combatir y capturar a los deforestadores de la Amazonia. Juan Carlos Garzón, director de Dinámicas del Conflicto en la Fundación Ideas para la Paz (FIP), asegura que las operaciones han recaído en los eslabones más débiles de la cadena. “Cuando las tropas llegan, encuentran campesinos que están en pleno proceso de tala. Varios han sido capturados pero al final terminan libres y eso no escala a una investigación mayor”, comenta.

Según Garzón, se han generado grandes problemas con los planes de conservación que entidades como Parques Nacionales han intentado consolidar durante años con las comunidades, que ahora desconfían del Estado. Y a eso se ha sumado un agravante: “muchos de los funcionarios han empezado a recibir amenazas porque los actores armados los ven como colaboradores o informantes y eso genera vulnerabilidad”, comenta.

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Finalmente, Rodrigo Botero asegura que este año se visibilizó la estrategia deliberada para invadir resguardos indígenas, como en el caso de Nukak y Yaguará. Además, los intereses de algunos grupos agroindustriales, como el eucalipto y la palma de aceite, se consolidaron y expandieron en la Amazonía del Guaviare, en medio de un mercado informal de tierras. “Si esos grandes conglomerados industriales se meten en áreas con restricción legal es porque tienen gran expectativa de que esas restricciones legales cambiarán”, dice.

Lo feo: cada vez más masacres y asesinatos de líderes

La pandemia puso en peligro la vida de las comunidades étnicas del país, muchas de las cuales viven en abandono estatal. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), al 22 de noviembre de 2020 había 36.137 casos confirmados de contagio en indígenas y ya habían fallecido 1236 personas en 72 de los 87 pueblos que existen en Colombia.

Sin embargo, el virus no es la peor amenaza. Las masacres y los asesinatos de líderes sociales, ambientales e indígenas llevan varios años en aumento pero, en 2020, Colombia vio cómo la historia de violencia se disparó y terminó por consolidarse. Incluso, en los primeros días de diciembre se conoció del asesinato de Javier Francisco Parra, uno de los cordinadores regionales de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) y quien llevaba más de 20 años trabajando en esta autoridad ambiental. Parra fue asesinado a tiros en el municipio de La Macarena, en el sur del departamento del Meta; una zona histórica de conflicto armado y donde se vienen dando fuertes fenómenos de deforestación y acaparamiento de tierras.

El 5 de diciembre fueron asesinados tres indígenas en el norte del departamento del Cauca: Carlos Escué del resguardo Munchique Los Tigres, Juan Carlos Petins del resguardo Belalcázar y Eduardo Pino Julicué, hijo de la exconsejera de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) Luz Eyda Julicué. Además, horas después de la masacre, en un panfleto enviado por supuestas disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se declaró objetivo militar al senador indígena Feliciano Valencia y otros líderes del Cauca. Valencia también fue víctima de un atentado a finales de octubre.

Ese mismo día, y también en el norte del departamento del Cauca, fue secuestrado Jesús Antonio Quintana García, director para las Américas del Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT), aunque fue liberado el 7 de diciembre.

Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta el 5 de diciembre ocurrieron 79 masacres en el país, donde se asesinaron a 340 personas. Los departamentos más críticos son: Antioquia (18 masacres), Cauca (13 masacres) y Nariño (9 masacres).

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Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, asegura que las agresiones contra líderes sociales han tenido un importante incremento en lo que va del año. A esta tendencia se le sumaron los desafíos que trajeron las restricciones de movilidad durante las cuarentenas por cuenta del COVID-19. “Solo a nivel de homicidios, hasta el 30 de septiembre, tuvimos 135. Esto es un subregistro porque, debido a la pandemia, las verificaciones de los casos en territorio fueron más difíciles”.

Castro asegura que en el primer semestre del año registraron 95 asesinatos, un incremento del 61% respecto al mismo periodo de 2019 y que, además, el 48% de esos homicidios ocurrieron durante el periodo de confinamiento estricto. “Un gran número de agresiones se cometieron durante la cuarentena, incluso, varios asesinatos tuvieron lugar en las casas de las personas o cerca de donde vivían. El hecho de estar guardados en sus viviendas tampoco fue garantía de protección para los líderes”, enfatiza la coordinadora de Somos Defensores.

Las cifras de la organización muestran que, además de los asesinatos, otras agresiones como los atentados, las desapariciones forzadas, las judicializaciones y las detenciones arbitrarias también han aumentado. Castro resalta que la única agresión que ha disminuido es la de amenazas y una de las principales hipótesis, y más preocupantes, es que se está pasando de generar miedo a la acción, “el aumento de los homicidios se estaría dando porque se está pasando a la agresión directa”, comenta.

Los presuntos responsables de las agresiones contra líderes son variados. Entre enero y septiembre de este año, Somos Defensores identificó en primer lugar a desconocidos con 260 casos, seguidos por paramilitares con 192, disidencias de las Farc con 68, Fuerza Pública con 62, guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 38 y la Fiscalía con 25. Finalmente, de las 647 agresiones contra líderes reportadas hasta septiembre por la organización, los más afectados han sido los indígenas con 157 casos y los líderes comunitarios con 122.

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Este año tampoco se pudo ratificar el Acuerdo de Escazú, indispensable para tratar de darles más garantías  a los líderes ambientales. Y es que si bien  cuenta con el apoyo de ambientalistas, académicos, grupos étnicos, campesinos y más de 150 organizaciones; ha tenido la oposición del partido de Gobierno, el Centro Democrático, quienes han aplazado los debates en el Congreso y han asegurado que Colombia no necesita la ratificación de este tratado puesto que el país ya cuenta, según ellos, con suficientes mecanismos de participación y de protección al medio ambiente.

Lo malo: incumplimientos de fallos judiciales

Desde hace ya varios años la justicia colombiana empezó a declarar a diferentes ecosistemas, principalmente ríos, como sujetos de derechos para garantizar su conservación.

La tendencia empezó en 2016 con el río Atrato, ubicado en el departamento de Chocó, Pacífico colombiano. Este ha sido uno de los ríos más afectados por la minería ilegal, y las altas concentraciones de mercurio son un problema para la biodiversidad y la salud de las poblaciones en sus riberas, principalmente afros e indígenas.

Después del Atrato siguió la Amazonia colombiana, en 2018, cuando la Corte Suprema falló a favor de una demanda presentada por 25 niños y jóvenes en la que pedían acciones para frenar la deforestación de esta región. En 2019 se sumaron la protección de los ríos Coello, Combeima, Cocora, Pance, Quindío, Cauca y Magdalena.

Cumplir con estos fallos era una de las tareas pendientes del 2020. Sin embargo, durante este año se han sumado nuevos ecosistemas, entre ellos la Vía Parque Isla de Salamanca, el Parque Nacional Natural Los Nevados y a principios de diciembre el emblemático lago de Tota en el departamento de Boyacá. Pero aún sigue pendiente que las autoridades responsables de garantizar la preservación de estos ecosistemas cumplan con lo ordenado por la justicia colombiana.

El abogado ambiental Rodrigo Negrete ha sido crítico del tema porque, en términos prácticos, “no es mucho lo que ayude”. Según dice, por mandato constitucional el Estado tiene esa obligación, lo cual queda claro en más de 35 artículos de la Constitución Política. “Es absurdo que un parque nacional, que es la categoría más estricta de conservación, sea declarado sujeto de derechos para que sea protegido, como pasó con la Vía Parque Isla de Salamanca y el Parque Los Nevados”, comenta.

Sin embargo, afirma que como el Estado no cumple con su mandato constitucional y legal de conservar y proteger la naturaleza, las personas han encontrado una especie de mecanismo de defensa al acudir a estas acciones judiciales. “Pero eso tampoco está funcionando completamente, porque los fallos no se están cumpliendo y lo del río Atrato y la Amazonía es una prueba de ello”, recalca Negrete.

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De hecho, hace pocos días la organización Dejusticia, que asesoró la demanda de los niños y jóvenes para proteger la Amazonia, aseguró que 30 meses después de que el país celebrara esa decisión, ninguna de las cinco órdenes de la sentencia ha tenido un cumplimiento alto. “Exhortamos al Gobierno Nacional y demás autoridades encargadas, para que, tras claros retrasos en el cumplimiento de las órdenes de la sentencia, actualicen sus cronogramas y asignen con claridad un presupuesto a cada actividad”.

Lo polémico: el regreso del glifosato

El gobierno nacional lleva todo el año tratando de avanzar en la aprobación del plan de manejo ambiental para que se retomen las aspersiones aéreas con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Este herbicida está prohibido desde 2015, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendió la aspersión aérea, cumpliendo con una orden de la Corte Constitucional del año 2014.

El tema prometía ser polémico en 2020 desde el momento en que, el 30 de diciembre de 2019, en plenas festividades navideñas, el Ministerio de Justicia presentó un decreto en el que se planteaban los mecanismos de control frente a los riesgos para la salud y el medio ambiente que trae esta práctica.

Hubo una primera citación a audiencia pública virtual en mayo para empezar a socializar el plan pero una tutela —mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia— la frenó. El gobierno nacional insistió meses después, pero otra tutela volvió a tumbar la audiencia. Organizaciones sociales presentaron un incidente de desacato porque el gobierno volvió a citar la diligencia en medio de la pandemia y de manera virtual, pero esta vez el juez dijo que no había otra opción más que buscar una mezcla de virtualidad y presencialidad.

Fue entonces cuando la Anla citó nuevamente a audiencia, esta vez para el 19 de diciembre. “Serán unas 14 reuniones informativas presenciales, con poca gente y transmisión virtual y luego la audiencia en Florencia [capital del Caquetá], donde la forma de participar es inscribirse, dejar un número de teléfono y que la Anla te llame para presentar tu intervención. Confiando en que efectivamente te llamen y no se caiga la llamada”, dice Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas de Dejusticia.

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Pereira dice que es una práctica muy común con decisiones muy polémicas, como esta, que se convoquen acciones “cuando todos están distraídos en modo navidad”. Después de la audiencia, la Anla tiene 10 días para presentar el acta de la reunión —plazo que se cumpliría el 31 de diciembre— y luego de eso podrían aprobar el plan de manejo ambiental. Sin embargo, para que el glifosato regrese hacen falta más trámites y lo que queda claro es que tampoco fue un tema que pudo resolverse en el 2020.

Lo bueno: ampliación de territorios indígenas, acciones contra la pesca ilegal y una mayor ambición climática

Una de las noticias más positivas del año tiene que ver con la ampliación de 122 287 hectáreas del resguardo indígena de Andoque de Aduche, ubicado en el límite sur del Parque Nacional Chiribiquete, en la Amazonía. Con esta ampliación no solo se reconoció el territorio de un pueblo que se encuentra bastante diezmado sino que se logró completar un corredor continuo protegido de más de 10 millones de hectáreas.

“Esto era estratégico porque hay información de que esa zona es rica en minerales y se podían dar intereses formales para actividades extractivas”, comenta Daniel Aristizábal, de la organización Amazon Conservation Team (ACT), entidad que lideró este proceso y que en los últimos 10 años ha ayudado a crear y expandir resguardos indígenas en Colombia que suman ya casi 1 millón de hectáreas.

Según dice, los indígenas de Aduche solicitaron la ampliación y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Agencia Nacional de Tierras levantaron el polígono con información satelital, sin ingresar al territorio debido a la posible presencia de pueblos en aislamiento en esa zona. “Un gran avance tecnológico”, asegura.

Por otro lado, recientemente el presidente Iván Duque le dio dos buenas noticias ambientales al país. La primera fue la prohibición de la pesca artesanal e industrial de tiburón en Colombia y la segunda, que la meta para el año 2030 será reducir en 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.

Ambos anuncios fueron bien recibidos en el sector ambiental. “En nuestro punto de vista es acertado hacia la conservación de los tiburones [la prohibición de su pesca] pero habrá que ver cómo queda el texto que lo reglamente”, le dijo Sandra Bessudo, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Malpelo, a Mongabay Latam. Cabe recordar que, hace un año, hubo una fuerte polémica por una resolución de pesca que incluía cuotas de aletas de tiburón pertenecientes a especies en peligro clasificadas en la Convención Internacional para la Comercialización de Especies Amenazadas (CITES).

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En cuanto a la ambición de Colombia de reducir en más de la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero, el ministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa indicó que se buscará acelerar el proceso de transición energética, la movilidad limpia, combatir la deforestación, proteger la Amazonía y los páramos.

Para Isabel Cavelier, codirectora de la organización Transforma y parte del equipo negociador de Colombia en la COP 21 de 2015 en París, esta es una meta ambiciosa. “Desde el gobierno es necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo para cumplir con esta meta que es solo el ojo de la aguja para llegar a cero emisiones netas en 2050”, asegura Cavelier.

Es importante actuar rápido si se quiere luchar contra el cambio climático. Los estragos del huracán Iota a su paso por la isla de Providencia dejaron en evidencia las grandes falencias que tiene Colombia en cuanto a mitigación y adaptación.

“En el fin de semana que pasó Iota se juntaron varias cosas: el huracán en sí mismo, que estamos en la segunda temporada de invierno del año en Colombia y que, además, estamos en el fenómeno de la Niña, el cual incrementa fuertemente las tormentas intensas en el país. Toda una mezcla para tener una tormenta perfecta”, dice Germán Poveda, profesor de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín y miembro del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) desde 1998. Para él, no hay excusa para que estos eventos hubieran tomado por sorpresa al país pues “las probabilidades estaban cantadas”.

La prohibición de pesca y una meta más ambiciosa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son positivos para el país pero, sin duda, cumplir con ambas metas serán grandes desafíos para Colombia en el 2021.

Artículo tomado de: https://es.mongabay.com/2020/12/balance-deforestacion-asesianto-lideres-colombia-2020/