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Defensoría del Pueblo pidió priorizar el diálogo como mecanismo para socializar la reforma laboral
El organismo presentó las conclusiones de las mesas de trabajo en las que diferentes sectores expresaron sus preocupaciones por esta iniciativa.
Mientras el presidente Gustavo Petro conminó a los trabajadores colombianos a que acompañen a su Gobierno en la defensa de los proyectos de reforma laboral, pensional y a la salud, los cuales hacen trámite en el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo pidió que sea el diálogo el mecanismo para socializarlos.
En ese sentido, ese organismo presentó las conclusiones de las mesas de diálogo, que fueron realizadas con los distintos sectores de los trabajadores, gremios, sindicatos, empresarios y sociedad civil, para conocer sus perspectivas sobre los posibles cambios que traería, en especial, la reforma laboral.
Se trata de actividades adelantadas en Nariño y Santander y en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de dialogar sobre las principales preocupaciones de los trabajadores, empresarios y sectores comerciales de estos departamentos, ante los posibles cambios que traería la reforma laboral radicada ante el Congreso.
Dentro de las preocupaciones expresadas en las mesas de trabajo se encuentra la modificación y reducción de los contratos de prestación de servicios, priorizando en mayor medida los contratos a término indefinido.
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Señaló la Defensoría del Pueblo que “esta primera propuesta ha sido criticada desde varios sectores, ya que en algunos departamentos como Nariño se caracterizan por tener un alto número de este tipo de vinculación laboral, y en donde la mano de obra se fundamenta en este tipo de contratos”.
“Para los gremios, inclusive para las autoridades del gobierno departamental, los cambios en este tipo de contratación podrían acabar con la competitividad de la mano de obra de estas regiones, e incluso, se podría generar una crisis institucional, ya que muchas alcaldías y gobernaciones operan con un alto número de este tipo de contratos”, indicó.
Aseguró que “los diferentes sectores proponen que este tipo de cambios se analicen desde un enfoque territorial y geográfico, porque no todos los departamentos tienen las mismas dinámicas comerciales y laborales, por lo que una reforma a nivel nacional podría servir en algunos departamentos, pero tener consecuencias en otros”.
“La principal expectativa y temor se genera en la limitación de contratos a término fijo y por obra o labor, pues en la mesa de trabajo los grupos de interés manifestaron que en las empresas públicas y privadas hay un gran porcentaje en esta modalidad, en las cuales, muchas personas llevan más de 10 años con estos contratos e incluso hay personas que se han pensionado a través de este sistema”, señaló.
Igualmente, advirtió que “por otro lado, la reforma laboral no determina una herramienta para proteger o considerar a los trabajadores que, en caso de aprobación, tendrían que pasar a una vinculación laboral por término indefinido”.
Régimen de transición
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, advirtió que para prevenir una crisis en los sectores económicos de algunos departamentos y evitar una crisis en la funcionalidad de muchas entidades públicas, se necesita un régimen de transición.
“Muchas empresas no están en la capacidad o disposición de formalizar contratos laborales indefinidos, por lo que es necesario que el Gobierno Nacional considere un régimen de transición y protección a los trabajadores que se encuentran dentro del sistema de contratos referidos”, dijo el titular de ese despacho.
Añadió que ante las preocupaciones que han expresado diferentes sectores en torno a la reforma laboral “por esto que es importante generar espacios de diálogo para socializar de mejor manera el proyecto, ya que aún hay incertidumbre para muchos de los actores, generando inseguridad ante posibles efectos adversos a los que el Gobierno Nacional espera tener con esta reforma”.
Camargo Assis señaló que “es vital defender los derechos de los trabajadores, de los empleadores y en general de los habitantes del territorio de colombiano; es por esto que la incertidumbre sobre la aplicabilidad a la protección de los derechos de los trabajadores, puede terminar impactando sobre los derechos económicos, y sociales de los colombianos”.
Llamado del presidente
Entre tanto, el presidente Petro durante su intervención desde el balcón de la Casa de Nariño hizo un llamado a la movilización ciudadana para defender esta reforma.
“Este Gobierno de mayorías necesita de un pueblo movilizado. Se han presentado las reformas que, sabemos, son fundamentales. Y aprobarlas debe ser un objetivo que el Congreso de Colombia -a pesar de las presiones de grupos privilegiados-, tiene que hacer, tiene que votarlas, apoyarlas, determinar estas grandes leyes”, dijo.
Advirtió que “el Congreso no lo hará solo. Tiene que haber un pueblo campesino, un pueblo trabajador que sepa unirse, vencer los miedos, organizarse y salir a la carretera, a la Plaza Pública, a decir que hay un pueblo trabajador, de once millones de personas, que quiere su derecho a vivir en mejores condiciones”.
“Pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no es absurdo. Tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa, más pacífica, más productiva y, por lo tanto, arrojará más ganancias al país, como nos demuestran los países más adelantados de la tierra”, enfatizó.
Entre los puntos que contiene la reforma laboral radicada el pasado 16 de marzo y que fueron defendidas este primero de mayo, según el presidente Petro para dignificar el trabajo, se encuentran: priorizar la contratación a término indefinido, finalización de la jornada laboral a las 6:00 p.m., pagar un recargo dominical del 100 % y restablecer el preaviso para las y los trabajadores.
Así mismo, proteger el trabajo en plataformas digitales o de reparto, eliminar la violencia y el acoso en el mundo laboral, fortalecer la protección y promoción del derecho de asociación sindical, mantener las ocho horas diarias legales de trabajo y prohibir los contratos colectivos con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o ejecución de obras. Los que están, se mantendrán hasta que acabe la vigencia.