Día del abogado en Colombia: por qué se celebra este 22 de junio y datos curiosos sobre esta fecha

De acuerdo con el sistema de información del Registro Nacional de Abogados, en Colombia hay aproximadamente 400.000 profesionales inscritos con tarjeta profesional. Eso significa que en el país hay 355 abogados por cada 100.000 habitantes, una cifra que sobrepasa a la mayoría de países en el mundo. De hecho, en América Latina, Colombia es el segundo con más profesionales en derecho.

Francia, de donde surgen muchas de nuestras instituciones jurídicas, está cuatro veces por debajo de Colombia respecto al número de abogados por habitantes, ya que cuenta con 77 por cada 100.000.

El 22 de junio fue la fecha elegida para para reconocer esta profesión en Colombia. El origen de la elección de esta fecha pretende conmemorar a José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, nombre completo de Cristóbal Mendoza, quien ganó su lugar en la historia de Latinoamérica al ser reconocido como el primer presidente de Venezuela tras la declaración de independencia de este país.

Mendoza, un eminente e ilustre jurista, fue el primero en presidir el triunvirato del Poder Ejecutivo establecido por el Congreso de 1811 y así formó parte de la asamblea constitucional que formuló y promulgó la primera Constitución de Venezuela en ese mismo año.

Aunque la historia indica que el natalicio de Cristóbal Mendoza sucedió en realidad el 23 de junio de 1772, sin embargo, se eligió en Colombia el 22 de junio (algunos señalan que pudo haberse tratado de un singular trastoque de la historia) para homenajear a este personaje histórico y así también conmemorar a todos los que practican la ley.

Un abogado puede ejercer en diferentes actividades. Se desempeñan como asesores, directores, legisladores, consejeros, analistas, consultores, litigantes, parlamentarios, jueces e investigadores en instituciones relacionadas con la administración pública y los sistemas jurídico, legislativo y en la actividad proselitista (política). Igualmente, pueden prestar asesoría a empresas e industrias sobre la legislación vigente en comercio, industria, derechos públicos y privados y temas jurídicos.

En Colombia, también pueden desarrollar su actividad realizando labores prácticas y creando o adaptando tecnologías en entidades oficiales y privadas que tienen que ver con la Rama judicial, tales como la Fiscalía General de la Nación, Inspecciones de Policía, Cuerpo Técnico e Investigativo de la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, DAS, Fuerzas Militares, Defensoría de Familia del ICBF, juzgados, notarías, etc.

Además, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, hay más de 300.000 abogados registrados para ejercer su profesión, y cada año se gradúan aproximadamente 14.000.

Así mismo, en el país hay cerca de cien facultades de Derecho, cifra que contrasta con el número de facultades que existen en Alemania, por ejemplo, donde hay solo 22 para una población de 82 millones de habitantes. Una proporción semejante arroja que acá deberían existir tan solo 13.

Entre las universidades que cuentan con facultades de derecho en el país se encuentran:

Universidad del Norte

Universidad libre - Seccional Barranquilla

Universidad Sergio Arboleda - Sede Barranquilla

Universidad Externado de Colombia

Universidad de Los Andes

Universidad Sergio Arboleda - Bogotá

Universidad La Gran Colombia

Precisamente, de los 183 programas de derecho que ofrecen las universidades colombianas, solo 46 cuentan con la acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación. Desde muchos sectores se reclama por un control más estricto en esta materia.

Según Mauricio Villegas, coautor del libro Abogados sin reglas, los controles deben empezar por las facultades de derecho y cubrir todo el ejercicio profesional. “Pero en Colombia (y en la mayoría de América Latina) esos controles son casi inexistentes”, dijo en una entrevista a SEMANA.

Además, calcula que 70 % de las facultades de derecho en el país son de baja calidad. “Lo más preocupante es que muchos de esos profesionales, por falta de controles, estén llegando a los altos cargos del Estado. Pero el problema no termina ahí, porque muchos de los escándalos de corrupción han sido protagonizados por juristas de las mejores universidades del país”, agregó.