En Barranquilla, una pequeña de 5 años tuvo quemaduras en un ojo por uso de pólvora

Bajo observación médica permanece una menor de cinco años de edad que resultó quemada con una chispita mariposa el pasado 8 de diciembre, en el barrio Las Flores, pero cuyo caso se conoció hasta ahora luego de que comenzara a recibir atención especializada.

Según se conoció, la niña se quemó el ojo derecho, pero los padres, que la trataban en casa con cremas y pomadas, al ver que presentó un edema, decidieron llevarla a un centro asistencial donde se mantiene bajo vigilancia de especialistas.

Por el momento, oftalmólogos de la clínica Reina Catalina hacen la correspondiente valoración, pero se advirtió que la menor podría perder el ojo.

Ante esta situación, el director del centro asistencial, Jairo Quiroz, hizo un llamado de atención a los padres de familia para que cuando se presente una situación similar acudan de inmediato a los especialistas y no se traten estos casos con tratamientos caseros.

Igualmente, desde el ICBF Atlántico se inició una investigación y acompañamiento a los familiares con el propósito de adoptar las medidas administrativas correspondientes.

Entre tanto, el Instituto Nacional de Salud informó que en los primeros 14 días de diciembre se han reportado 21 personas quemadas con pólvora en el Atlántico. La entidad indicó que de esos casos 16 se han presentado en varios municipios, mientras que los restantes 5 en Barranquilla, convirtiéndose en la cifra más alta que hasta el momento se registra en la región caribeña.

Cifras de la entidad señalan que 725 personas resultaron lesionadas en diciembre de 2020 debido a la manipulación de pólvora en todo el país, que se suman a las 11.703 personas lesionadas por artefactos pirotécnicos durante la última década. Y este año, apenas en los primeros 14 días de diciembre, ya se han presentado nuevas víctimas.

Proyecto de ley

Con el propósito evitar que se sigan presentando casos como estos, en el Congreso de la República se tramita un proyecto de ley al que le faltan dos debates en la Cámara de Representantes.

“Los mandatarios regionales deben tomar acciones contundentes para que al final del año las cifras no sean más alarmantes; también es cierto que esto afecta a cientos de animales y mascotas debido al estallido de estos artefactos”, señaló la congresista Norma Hurtado autora de la iniciativa.

Agregó que “es momento de tomar conciencia de que nuestra costumbre de usar pólvora en las festividades no puede seguir dejando a miles con cicatrices, pérdida de alguna extremidad o, en el peor de los casos, muertos”.

El artículo 3 de la iniciativa establece, por ejemplo, que los Ministerios de Educación y Trabajo formularán con el SENA “una estrategia de profesionalización, tecnificación del oficio artesanal de pirotécnico, que se fundamente en la capacitación para la realización de actividades de fabricación y diseño de espectáculos de manera segura, de tal forma que se promueva una actividad pirotécnica formal y profesional en el país”.

Adicionalmente, se crea un fondo cuenta que busca proveer recursos destinados a inversión social, con el fin de garantizar la financiación de planes y programas de prevención que busquen sensibilizar a toda la población sobre el peligro del uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra, venta y expendio de pólvora. Además, servirá para brindar atención especializada a víctimas quemadas por artículos pirotécnicos, en cualquier circunstancia, priorizando niños, niñas y adolescentes.

“Esta iniciativa busca proteger de manera especial a los niños y jóvenes del país, que desafortunadamente han resultado afectados y, en algunos casos, hasta llegan a perder la vida debido a la gravedad de las heridas que la pólvora les provoca”, explicó.

La congresista agregó que “lamentablemente los niños también son afectados por uso de elementos pirotécnicos. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 6.125 niños y adolescentes resultaron lesionados durante la última década”.

Otro de los puntos clave, como lo explicó la representante Miranda, coautora del proyecto, es la generación de alternativas de formalización y tecnificación de la labor del polvorero para que sus ingresos no se vean afectados por la restricción en el uso de estos elementos pirotécnicos.

Finalmente, se establecen multas de entre uno y 200 salarios mínimos ($908.526 y $181.705.200) por incumplir reglamentación técnica contenida en la norma.