Esta es la razón por la que la Defensoría advierte que protección de líderes y lideresas sociales está en riesgo

La protección de los líderes, lideresas sociales, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto está en riesgo por las dificultades en la disponibilidad de recursos para garantizar la integralidad de los esquemas de seguridad.

La advertencia fue hecha por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien hizo un llamado urgente al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que tomen decisiones administrativas de carácter urgente.

El funcionario señaló que se debe garantizar que las medidas de protección permitan prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar las vulnerabilidades de las personas que hacen parte del programa de protección.

De acuerdo con el funcionario, existen varias situaciones que enfrentan los esquemas de seguridad en relación con el mantenimiento del parque automotor destinado a la protección de personas que han sido víctimas de amenazas contra sus vidas.

En ese sentido, señaló que se debe atender de forma inmediata situaciones como fallas automotrices constantes, demoras en el mantenimiento de los vehículos, no hay vehículos de seguridad como sustitutos, cuando se requiere el mantenimiento de los que han sido asignados y hay retrasos en el sistema de pago de combustibles.

De la misma manera, indicó que la asignación para el combustible de los vehículos es insuficiente, no hay exención de pico y placa para los vehículos asignados en esquemas de seguridad, lo que impide las labores sociales en los territorios.

Para el defensor del Pueblo, estas situaciones, entre otras, afectan el ejercicio de los líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos.

Debido a la situación, demandó acciones urgentes de la UNP a nivel nacional, por el incremento de las afectaciones “en la prestación de la seguridad y los constantes reclamos de las lideresas y líderes sociales por la desprotección a la que están siendo sometidos, en detrimento de la defensa de los derechos humanos en todo el país. Ninguna situación de orden administrativo puede estar por encima del derecho a la vida”.

“La falta de recursos indica falta de garantías y del pleno goce de los derechos de las personas que deben ser protegidas”, señaló el funcionario.

Camargo Assis añadió que “por lo tanto, se requieren acciones urgentes de la UNP en todo el país, porque el Estado no puede poner en riesgo la integridad y la vida de quienes ejercen liderazgos en la defensa de los derechos humanos de las comunidades. No podemos socavar el ejercicio democrático en los territorios”.

Cifras

De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos, conflictividades y paz, de Indepaz, en lo que va corrido del año han sido asesinados 31 líderes y lideresas sociales y cuatro reincorporados de las Farc.

Entre los líderes y lideresas asesinados se encuentran: José Taicus Pascal (Tumaco), Mariela Reyes Montenegro (Santander de Quilichao, Cauca), Cristian Salinas (Ginebra, Valle del Cauca), Alfonso Arteaga Cuadrado (Tierralta, Córdoba), Genivero Méndez Buelvas (Morroa, Sucre), Samuel Sabí Dorado (La Montañita, Caquetá), Arley Jaramillo Monsalve (Yarumal, Antioquia) y Berna Nastascuas Pai (Tumaco, Nariño).

Así mismo, Gerardo Vásquez (Mogotes, Santander), Edilsan Andrade (Rosas, Cauca), José Isaías Yandi Pacho (Páez, Cauca), Jorge Luis Jaraba Plata (Tierralta, Córdoba), José Antonio Santiago Pérez (Tibú, Norte de Santander), Rubiel Antonio Zapata Valencia (Riosucio, Caldas), Marcos López Enríquez (Mallama, Nariño) y Milton Rocha Peña (San Sebastián de Buenavista, Magdalena).

Aparecen, además, Jorge Alejandro Chica Correa (Carepa, Antioquia), Abelardo Duarte Moncada (Tame, Arauca), Shaina Vanessa Pretel (Cali, Valle del Cauca), Rosa Elena Celix Guañarita (San Pablo, Bolívar), Alfredo Arrieta Vitola (Tolú Viejo, Sucre), Jorge Orlando Cárdenas Fajardo (Cantagallo, Bolívar), Marlon Hernando García Pascal (Tumaco, Nariño) y Yeisson Jácome (Pailitas, Cesar).

Finalmente, Andrés Felipe Herrera Mosquera (Buga, Valle del Cauca), Nestor Enrique Martínez Brito (Riohacha, La Guajira), Wilson Bomba (Caldono, Cauca), Miguel Angel Arrieta (Soledad, Atlántico), Weimar Possu Díaz (Puerto Tejada, Cauca) José Eduardo Cárdenas Sánchez (Quibdó, Chocó) y Albert Camilo Mendoza Corzo (Valledupar, Cesar).

En el informe de Indepaz también se relacionaron los nombres de los cuatro excombatientes de las Frac que fueron asesinados en los primeros meses del año.

César Augusto Ruíz Gómez (Riosucio, Caldas), Eduardo Marlon Mejía Vargas (Tame, Arauca), Wilson Sarria Llanos (Belén de los Andaquíes, Caquetá) y Javier Sánchez Ortega (Ábrego, Norte de Santander).