Extorsiones y amenazas de grupos armados ilegales afectan el empleo y la economía de Arauca

La Defensoría del Pueblo advirtió este miércoles que la acción que adelantan los grupos armados ilegales en Arauca no solo afecta los sectores rurales, sino que tiene un gran impacto en el empleo y la economía como consecuencia de las amenazas y extorsiones, entre otros.

El organismo, que ha venido adelantando una labor de seguimiento en varios municipios de ese departamento, señaló que hay preocupación porque, a pesar de que ha abierto la puerta hacia una negociación de paz, continúan acciones que van en detrimento del desarrollo social y económico de la región.

Señaló que la principal afectación la sufren empresas y comerciantes en ese departamento, tras mencionar que “es imperioso que se frene el accionar de los grupos armados ilegales en este departamento, de por sí ya tan golpeado por la violencia y el escalamiento del conflicto”.

De acuerdo con la Defensoría, se estima que unos 6.000 empleos directos están en riesgo y también pérdidas para los municipios, el departamento y la nación relacionadas con las transferencias al Sistema General de Regalías de hasta 5.000 millones de pesos diarios.

Debido a esta situación, el organismo reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para frenar las acciones que afectan directa o indirectamente a la población civil, de manera particular frenar sus acciones contra el tejido empresarial de la región, del cual dependen el empleo y el sustento de miles de familias araucanas.

Un equipo de la Regional Arauca y la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), recorrió el departamento para conversar con las autoridades civiles y militares, Gobernación y alcaldías sobre las posibles alternativas que permitan proteger a trabajadores, proveedores y contratistas de todos los sectores económicos de la región.

En ese sentido, se solicitó también a las autoridades territoriales adelantar las gestiones necesarias para atender la difícil situación social y económica, y de esa forma disminuir los impactos negativos para la población.

La Defensoría del Pueblo mantiene alertas tempranas vigentes para los 7 municipios del departamento de Arauca, principalmente por las disputas territoriales entre los grupos armados ilegales para controlar actividades ilícitas en esta región del país.

Estas alertas han sido emitidas, especialmente, por las confrontaciones que se han presentado entre el ELN y las disidencias de las Farc que han originado el confinamiento de la comunidad.

A mediados de enero fue publicada una debido a la situación que viven 1.445 familias en las veredas Lejanías, Normandía, El Progreso, La Esmeralda y el Palón, del municipio de Puerto Rondón, por el recrudecimiento del conflicto armado en la región y que se vieron confinadas como consecuencia de las confrontaciones ocurridas durante los días 10 y 11 de enero del presente año.

”Ante estos hechos, las comunidades se encuentran en un estado de temor y zozobra generalizada, con el consecuente desabastecimiento de los víveres necesarios para su alimentación, sin la posibilidad de salir de sus viviendas para asistir a citas médicas y conseguir medicamentos, así como la salida de sus cosechas para su posterior comercialización”, dijo en su momento el titular de ese despacho, Carlos Camargo.

Añadió que “esta situación pone en grave riesgo su derecho a la salud, a la vida y al acceso a servicios o bienes básicos para su supervivencia”, indicó.

Solicitó a los grupos armados ilegales que frenen las acciones bélicas en el territorio y que muestren gestos de paz de cara al proceso de diálogo que se ha adelantado con el Gobierno nacional.

Situación de derechos campesinos en Arauca

Igualmente, desde esa entidad se hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que se atiendan las dificultades que enfrentan las zonas rurales de ese departamento.

En ese sentido, se conocieron las preocupaciones de los campesinos por la situación de derecho humanos de ese sector de la población, especialmente de las comunidades en la vereda Filipinas, del municipio de Arauquita, quienes manifestaron las dificultades para el ejercicio de su labor.

Una de las preocupaciones expuestas tiene que ver con las barreras para acceder a bienes y servicios agropecuarios, tales como proyectos productivos, asociatividad, entre otros.

“En respuesta, se socializó la actividad estratégica liderada por la Delegada en relación con la Incidencia Defensorial para el Fortalecimiento de las Economías Campesinas. Allí se reafirmó el compromiso de implementar esta línea de trabajo con la población campesina y en proceso de reincorporación de este territorio”, señaló la Defensoría.

La entidad indicó que, de igual manera, se llevó a cabo la socialización del Plan de Acción Anual de la Delegada con el equipo Defensoría Regional de Arauca.

Aseguró que, en ese marco, se abordaron las distintas líneas de trabajo proyectadas para la actual vigencia 2023 y se revisaron en profundidad las problemáticas que aquejan al departamento y que impiden el acceso y formalización efectivos de la propiedad de la tierra, los cuales han derivado en conflictos por el uso, ocupación y tenencia de esta.

“Para atender dicha problemática, se identificó la necesidad de llevar a cabo próximamente una jornada de verificación in situ con las comunidades, que cuente con la presencia de la institucionalidad en materia de tierras y desarrollo rural, para dar una respuesta efectiva a las preocupaciones planteadas”, puntualizó.