Fracking: réplica de ambientalistas a crítica de gremio petrolero a Procuraduría

De no tener un sustento científico catalogó el gremio de los petroleros el llamado que la Procuraduría General de la Nación le hizo al Consejo de Estado de declarar nulo el marco normativo que permite el desarrollo de esta técnica de explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en Colombia. 

El Ministerio Público consideró que el fracking no era compatible con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la Constitución Política. También instó al Gobierno a aplicar el principio de precaución teniendo en cuenta que existe peligro de daños irreversibles al medioambiente y que el país no contaba con una línea base confiable de información ambiental e hidrológica, ni capacidad de monitoreo y control para ello, y tampoco acceso a la información ambiental, geológica, geofísica, geoquímica y sísmica.

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Los argumentos del organismo de control fueron cuestionados por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Señalaron que respetan el pronunciamiento de la Procuraduría con relación a la técnica del fracking y su uso en Colombia, pero recalcaron sobre la importancia que tiene para el país en la actual coyuntura apoyar el desarrollo de nuevos proyectos que traerían inversión, empleos y reactivarían la economía, así como identificar cómo es posible avanzar en ellos de manera responsable y sostenible.

Dijeron que el concepto emitido por la Procuraduría delegada ante el Consejo de Estado hacía referencia exclusivamente a la solicitud de nulidad de las normas que conforman el reglamento técnico y no a la técnica del fracking como tal. Agregaron que "las razones presentadas por el ente de control no deberían ser los argumentos que deben exponerse en el proceso en curso ante el Consejo de Estado".

Para la ACP los argumentos planteados por la Procuraduría citan de manera equivocada el principio de precaución y el principio de desarrollo sostenible, "al confundir impactos con riesgos y desconocer que lo relevante en este tipo de proyectos es el alcance del principio de prevención, que permite el manejo de los impactos a través de lo dispuesto en las licencias ambientales".

Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP, sostuvo que la industria del petróleo y gas ha sido aliada del desarrollo nacional y ha actuado en el marco de lo dispuesto por las licencias ambientales en sus proyectos, de manera que los impactos existentes puedan prevenirse, mitigarse o compensarse.  

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Desde el gremio se afirmó que las pruebas que tuvo en consideración la Procuraduría para emitir el concepto desconocen los resultados del estudio realizado por la Universidad Nacional, uno de los cuáles señala que no existe evidencia científica de daños ambientales irreversibles al usar esta técnica. "Tampoco señala que la Comisión de Expertos fue clara al mencionar que la regulación demandada, que cubre solo los aspectos técnicos del uso del fracking en el país, resulta completa y pertinente, y se complementa con las otras regulaciones de índole ambiental y social", indicaron. 

_{Para el gremio petrolero es necesario la realización de los proyectos pilotos de investigación para, de acuerdo con los resultados, tomar decisiones con base científica. Foto: archivo/Semana.} 

La Asociación Colombiana del Petróleo añadió que la Procuraduría desconoció la relevancia de los Proyectos Piloto de Investigación, los cuales cuentan con el aval del propio Consejo de Estado, tras señalar que "son de gran importancia para obtener información y mayor claridad frente al uso de la técnica del fracking en Colombia". 

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“Lo importante en este momento es proceder con los Proyectos Piloto de Investigación para obtener información técnica, ambiental y social, que permita avanzar en la toma de decisiones basadas en información científica y verídica sobre la implementación de esta técnica en Colombia y la viabilidad de desarrollar los yacimientos no convencionales para el país unos recursos que podrían ser de gran importancia en la reactivación económica para el país y las regiones”, dijo Lloreda.

La respuesta 

La posición de la ACP y su presidente Francisco José Lloreda Mera, fueron también cuestionadas por integrantes de varias organizaciones que se oponen al desarrollo del fracking en el país. 

Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, que agrupa a 120 organizaciones del país, resaltó el hecho de que el pronunciamiento de la Procuraduría estuviera basado en las exposiciones de expertos, científicos, académicos, abogados y ecologistas, así como de investigaciones y documentos científicos que fueron presentados en el marco de la acción de nulidad que se adelanta en la Sección Tercera del Consejo de Estado frente al Decreto 3004 de 2013 y la Resolución No 90341 de 2014. 

Afirmó que el ente de control también tuvo en cuenta los testimonios de la Comisión de Expertos creada por el Gobierno, así como de la comisión de la Universidad Nacional, contrario a lo señalado por la ACP. 

"De la comisión de la Universidad Nacional salieron dos conceptos: uno mayoritario, proferido por seis expertos y uno minoritario, de tres, pero los dos conceptos hablan de que hay un riesgo muy alto. La diferencia es que el concepto minoritario, que es el que cita la ACP, va en línea con la comisión de expertos creada por el Gobierno que nos dice que los pilotos se podrían realizar para conocer mejor esos impactos. Sin embargo, el concepto mayoritario dice que los pilotos no se deben adelantar en el país porque, ya con la evidencia existente, es suficiente para tomar la decisión de no hacerlos", explicó Santiago.

Aseguró que la ACP está faltando a la verdad porque los informes de la Nacional no dicen lo que ellos afirman.  

_{Los detractores del fracking sostienen que ya existe la suficiente evidencia científica que demustra los impactos nocivos que produce esta técnica, razón por la cual se debe aplicar el principio de precaución. Foto: archivo / Semana.} 

"No se necesita que el procurador que haga el pronunciamiento sea un científico con publicaciones sobre este tema. Lo que hizo la Procuraduría fue analizar todas las pruebas recaudadas durante el proceso, a favor y en contra, (testimonios, documentos, estudios, investigaciones científicas, los informes de la Contraloría, de la Comisión de Expertos y la Universidad Nacional) y sobre eso emitir una conclusión", afirmó. 

Santiago aseguró que durante todo el proceso se hizo una diferenciación sobre los impactos que ya se han dado en otras partes del mundo, los cuales fueron soportados con evidencia científica, y los riesgos que podrían materializarse en Colombia, a partir de la experiencia de otros países donde ya se ha desarrollado esta técnica. 

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Respecto a los pilotos de investigación, Santiago afirmó que este experimento "tiene todo, menos carácter científico". Cuestionó el hecho de que la línea base fuera levantada las mismas empresas interesadas que los realizarán, así como el proceso de perforación y el reporte de los datos a una comisión evaluadora conformada por siete integrantes, de los cuales - según Santiago- cuatro son funcionarios del Gobierno. 

"Ya con eso el Gobierno garantiza las mayorías en la conformación de la comisión. Solo habría dos integrantes que provendrán de la academia, así que los pilotos son cualquier cosa, menos científicos, son pilotos comerciales camuflados, ya que se permite, por ejemplo, el dimensionamiento del yacimiento para saber cuánto petróleo y gas existe. De investigación no tendrán nada", recalcó.

 
_{Para los ecologistas los proyectos pilotos que quiere adelantar el Gobierno tienen más tinte comercial que científico. Foto: Mauricio Ochoa Suárez / Semana.} 

El integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking sostiene que la evidencia documentada demuestra que los riesgos son muy altos y los impactos muy grandes, y "por eso en tantos lugares del mundo, el fracking se está prohibiendo, a partir de la evidencia científica y muchos de estos no son socialistas ni castrochavistas como los han querido hacer ver", puntualizó. 

La puja por el fracking continúa candente y el Consejo de Estado tendrá la última palabra, mientras tanto, el Gobierno seguirá avanzando en pro de la realización de los pilotos, mientras los opositores adelantando acciones en búsqueda de que esta técnica de extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales no se adelante en el país.