Fracking: socialización de proyectos pilotos comenzaría en noviembre

En noviembre comenzará el proceso de socialización de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) en yacimiento no convencionales (YNC), bajo la técnica de fracturación hidráulica más conocida como fracking.  

Los ministerios del Interior, y Minas y Energía serán los encargados de adelantar el proceso que buscará que las comunidades del Magdalena Medio se familiaricen con este tema. 

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En las tres etapas en las que se dividirán los pilotos (condiciones previas, concomitante y evaluación) intervendrán voceros de comunidades y representantes de las empresas petroleras interesadas en adelantar los proyectos.  

Para cada fase se tiene contemplado el desarrollo de un diálogo territorial con las comunidades, el cual será abanderado por el Subcomité Intersectorial Técnico y Científico – Social y de Transparencia de los proyectos pilotos de investigación, tal y como lo establecen el Decreto 328 y la Resolución 0904 del Ministerio del Interior y el Ministerio de Minas y Energía, que fijaron los lineamientos sociales para poderse adelantar estas pruebas.

_{El fracking es una técnica que posibilita la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Foto: archivo /Semana.} 

El primer diálogo referente a las condiciones previas se realizaría entre noviembre y diciembre de 2020, por medio de las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento que previamente deben conformarse, y teniendo en cuenta las áreas que asignará la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en las cuencas Valle Medio del Magdalena (Barrancabermeja y Puerto Wilches) y Cesar Ranchería (San Martín), según informó Ecopetrol.

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El decreto rector de los proyectos pilotos (328) señala que el diálogo social entre los contratistas, las comunidades y el Estado debe ser transversal a la ejecución de los pilotos y, por esa razón, en dicho proceso se permitirá la participación en la socialización de los operadores interesados en hacer fracking en esa región.

_{Ambientalistas, académicos y políticos de distintas corrientes han manifestado en varias oportunidades su oposición a la implementación de esta técnica en el país por las afectaciones que puede generar. Foto: León Darío Peláez / Semana.} 

La norma recalca que los diálogos territoriales se deben realizar en los tres momentos específicos (etapas) con la participación amplia de las comunidades en las zonas de influencia, las autoridades locales y las empresas operadoras, convocados por el Subcomité Intersectorial Técnico y Científico – Social y de Transparencia, atendiendo a las condiciones geográficas y de conectividad territorial. 

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Sin embargo, antes de que iniciar el diálogo de la etapa de condiciones previas, primero se deben haber adelantado los contratos entre los operadores y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Adicionalmente, este proceso se debe efectuar antes de haber comenzado el proceso de licenciamiento ambiental.

El segundo diálogo territorial se hará al inicio de la etapa concomitante, en el que se presentarán los resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA), mientras que el tercero se efectuará al término de la fase de evaluación y permitirá hacer una rendición de cuentas territorial de todos los actores involucrados en la ejecución de los pilotos. 

_{Desde Ecopetrol han insistido en que el fracking se puede desarrollar de forma responsable y sin tantos impactos ambientales y sociales. Foto: archivo /Semana.}  

“Queremos desarrollar estos pilotos como si estuviéramos en una pecera, en la que todos los interesados puedan tener acceso a la información”, manifestó Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol en su momento, quien espera que los pilotos demuestren que el fracking se puede realizar de forma responsable y en armonía con las comunidades. 

De esta manera, el Gobierno nacional continúa avanzando en su propósito de establecer esta técnica de extracción de gas y petróleo en el país, mientras sus opositores siguen intentando a nivel jurídico impedir su puesta en marcha por las afectaciones ambientales, sociales y a la salud pública que podrían generar.