Hacinamiento en URI y estaciones de policía alcanza un 171 %, Defensoría propone restructuración

El asesinato en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), de Puente Aranda, en el centro de Bogotá, de Juan Pablo González Gómez, presunto abusador de Hilary Castro en una estación de TransMilenio, puso nuevamente en el punto de discusión la situación que se vive en los centros de detención transitoria en el país.

De acuerdo con la necropsia de Medicina Legal, el hombre fue asesinado a golpes que provocaron su muerte, horas después de que un juez lo envió a la cárcel.

La Defensoría del Pueblo señaló que las URI y las estaciones de policía del país alcanzan un hacinamiento de 171 %, con una población de 23.826 detenidos, pese a la existencia de tan solo 8.200 cupos, por lo que propuso una reestructuración a estos lugares, proceso en el que tengan participación los gobiernos nacional, departamental y municipal.

En ese sentido, el jefe de ese despacho, Carlos Camargo, señaló que será presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República en que se establecerá que los diferentes entes territoriales y el Gobierno nacional se puedan distribuir las diferentes obligaciones respecto de las personas privadas de la libertad, de manera que se les garanticen los derechos básicos.

“En total, la sobrepoblación en estos centros de detención supera las 14.000 personas, por lo que no es extraño que encontremos situaciones graves de vulneraciones a los derechos humanos”, destacó el funcionario.

Aseguró que así lo pudo evidenciar “en la Estación La 19 de la ciudad de Riohacha, en La Guajira, en donde el porcentaje de hacinamiento llegó al 2.000 %, sin acceso a baños, a ver a sus familiares o la atención básica en salud”.

Camargo insistió en la necesidad de buscar soluciones conjuntas entre el Gobierno nacional, las autoridades municipales y departamentales, y el sector privado, para enfrentar la crisis de hacinamiento que se presenta en los centros de detención transitoria ubicados en las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

Señaló que es necesario reubicar a las personas privadas de la libertad que permanecen detenidas en esos lugares para evitar que se repitan casos como el González Gómez, poco antes de ser trasladado a un establecimiento penitenciario del Inpec.

“El elevado nivel de hacinamiento que persiste al interior de estos centros de detención transitoria constituye la raíz de todas las vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y es una situación cuya solución no puede postergarse más”, señaló.

Proyecto de ley

En ese sentido, señaló que frente a esta problemática, la entidad “trabaja para buscar soluciones alternativas, de justicia restaurativa y formas punitivas diferentes a la detención en establecimientos carcelarios”.

“En esta tarea, junto a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) estamos preparando un proyecto de ley que planteará una solución a la crisis carcelaria acorde con los planteamientos de la Corte Constitucional”, señaló.

El anuncio fue hecho al instalar el Congreso Internacional de Derechos Humanos en el que expertos, académicos y representantes del Estado analizan soluciones frente al hacinamiento carcelario.

En el evento insistió en las graves vulneraciones a los derechos humanos de la población privada de la libertad por cuenta del hacinamiento al interior de los centros de detención transitoria del país.

“En este proyecto de ley, junto a Asocapitales, buscamos que se haga una distribución equilibrada y ajustada a las competencias y recursos” para que, según dijo, “se puedan distribuir las diferentes obligaciones respecto de las personas privadas de la libertad”.

Finalmente, señaló que con el aporte de las diferentes instancias nacionales y regionales “se busca asegurar los mínimos básicos en cuanto acceso a derechos de esta población”.